La potestad del fiscal general de destruir los mensajes por seguridad queda probada en el juicio
La testifical del fiscal delegado de Protección de Datos despeja cualquier duda sobre si García Ortiz podía borrar la información que albergaba su terminal móvil o borrar su cuenta de correo electrónico personal.

Madrid--Actualizado a
El fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, que lleva en el cargo desde 2018, ha aseverado en el juicio al fiscal general que este tenía "la facultad" de destruir sus mensajes porque "si no existe un protocolo claro", "tiene la potestad para destruirlos". Así se ha expresado este veterano fiscal del Supremo que ha incidido en que los fiscales, entre los que se encuentra el fiscal general, son "los responsables" de la información que albergan sus móviles.
Una de las cuestiones clave que se dirime en el juicio al fiscal general por presunta revelación de secretos, en el marco de la filtración de la confesión del novio de Ayuso, es sobre el borrado de los mensajes de su móvil, incluso la eliminación de su cuenta de gmail donde le fueron reenviados los correos intercambiados entre el letrado del novio de Ayuso, González Amador, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, encargado de la denuncia por fraude fiscal abierta a aquel.
El magistrado instructor de la causa, Ángel Hurtado, consideró que ese borrado de los mensajes constituye un indicio de la filtración de la que se acusa, sin pruebas, al fiscal general. Hay que recordar que las acusaciones piden para García Ortiz entre cuatro y seis años de prisión.
El fiscal general del Estado ha alegado en todo momento que el borrado de la información responde a su obligación de eliminar información sensible de sus terminales por el alto cargo que desempeña, albergando datos que pueden poner en peligro la seguridad del Estado.
Hidalgo de Murillo, en un interrogatorio marcado por la inconcreción el letrado del novio de Ayuso, Gabriel Ramos, ha explicado que la normativa en materia de protección de datos no contiene un protocolo claro, si no que este depende de variables, pero ha dejado claro que la Fiscalía permite "destruir la documentación y los dispositivos en desuso" y que los fiscales pueden optar por devolver o destruir los dispositivos cuando los devuelven por rotura o por cambio de terminal por algún ascenso.
El fiscal delegado de Protección de Datos ha asegurado que los fiscales son "responsables" de los datos que guardan en sus dispositivos y si no confían "en que esos datos vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tienen la facultad de destruirlos. Somos responsables", ha recalcado, añadiendo algo importante, en relación a que son más importantes a veces los datos que se guardan que los propios dispositivos.
Ha recalcado que la eliminación de datos que no son ya necesarios "contribuye a reducir los riesgos de brecha de seguridad, para minimizar el riesgo de que se usen de manera fraudulenta". Y además ha comentado que las pautas de seguridad se hacen más necesarias cuando se trata de "información sensible y reservada".
La nota de prensa
Agustín Hidalgo de Murillo también se ha referido a la nota de prensa que publicó la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para desmentir el bulo respecto al cual era la propia Fiscalía la que le pidió un pacto al novio de Ayuso y luego por "órdenes de arriba" lo tumbó. Ha explicado que no constituye a su parecer "una violación de seguridad", en el sentido de que la información contenida era una decisión "autorizada" y que se enmarcaba en las funciones del Ministerio Público.
El fiscal delegado de Protección de Datos ha argumentado que él no inició una investigación de oficio por la filtración del correo del día 2 de febrero de 2024, con la confesión del letrado de González Amador sobre dos delitos fiscales, porque este no se personó ante él, ya que este tipo de investigación no se inicia de oficio. Ha señalado que el "interesado" por una filtración, como en este caso, debe ser "proactivo", "tiene que dirigirse a la Fiscalía, cosa que en este caso no ha ocurrido", ha reprochado al abogado de la pareja de Ayuso.
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