Segundo juicio a Granados por la rama de la 'Púnica' que amañaba contratos en fiestas de municipios madrileños del PP

Francisco Granados, hombre de máxima confianza de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, se enfrenta a partir de este lunes a su segundo juicio en el marco del caso Púnica. La operación saltó a la palestra en octubre de 2014 con la detención del propio ex secretario general del PP madrileño junto a otras 50 personas, entre ellas, varios alcaldes populares de municipios de la Comunidad.

Si bien, la causa se inició en junio de ese mismo año a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación de la que, en palabras del juez Eloy Velasco, fueron surgiendo "tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas". Por ello, el magistrado de la Audiencia Nacional acordó dividir la causa en doce piezas separadas.

Más de una década después, se han celebrado al menos cuatro juicios relacionados con una trama de la que se desprende una caja b del PP bajo el mandato de Aguirre. Cabe recordar que la exdirigente madrileña, pese a estar rodeada de diferentes casos de corrupción a través de la implicación de varios excargos en los gobiernos regionales, se ha librado de sentarse en el banquillo.

Los problemas para Granados, una de las "ranas" de Aguirre, como afirmó la expresidenta madrileña para minimizar las ovejas negras que ella eligió, llegaron antes de su detención por el caso Púnica. En concreto, tuvo que dimitir como diputado de la Asamblea de Madrid y como senador del PP tras conocerse que tuvo una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros.

En el marco de la Púnica, el exalcalde de Valdemoro y exconsejero de la Comunidad de Madrid ya fue condenado a dos años de prisión por el chivatazo que puso en peligro la investigación judicial sobre la trama liderada por el político madrileño.

La sentencia del Alto Tribunal explica que la utilización de la información recibida por parte de un funcionario público se tradujo directamente en un "beneficio económico" para Granados y para el constructor David Marjaliza, otro de los presuntos cabecillas, "mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos". 

Afronta seis años de cárcel por el segundo juicio

A partir del lunes, Granados volverá a sentarse en el banquillo por la pieza 7, la rama relacionada con la contratación de Waiter Music para los festejos de municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013. El juicio, que se prolongará hasta el 5 de marzo, afecta a otras 13 personas, entre las que se encuentra el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de la localidad madrileña de Algete. 

También serán enjuiciados otros seis exalcaldes populares de la Comunidad de Madrid. Se trata de José Carlos Boza y José Miguel Moreno, sucesores de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro; Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio

Esta pieza está centrada en las adjudicaciones presuntamente irregulares de contratos públicos a la empresa Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta, quien no se sentará en el banquillo de los acusados al fallecer en el año 2020. Este admitió en 2018 ante el juez que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba de manera directa, sino "a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial", según expuso el juez en su auto de procesamiento.

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El principal acusado es Granados, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión por un delito de tráfico de influencias, uno de prevaricación administrativa, otro de fraude a las Administraciones Públicas y uno de malversación de caudales públicos. Este siempre ha negado su papel en dicha trama.

Amaño de contratos públicos en festejos municipales 

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso este medio cuenta que, una vez constituida la empresa de espectáculos artísticos Waiter Music en 2003, Huerta inició su actividad comercial "casi en exclusiva dirigida a negociar con entes públicos para ser adjudicatario de las diferentes fiestas que, periódicamente y siempre en las mismas fechas, organizaban los municipios".

Fuera de dichos clientes, también logró facturación de empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid, por una cuantía total conjunta de 571.311 euros, de los que 198.940 eran de Metro de Madrid, S.A.). En 2003, la empresa también declaró ventas a Francisco Granados por importe de 6.992 euros.

De los diferentes ayuntamientos, Waiter Music siguió contratando de forma "ininterrumpida", desde el año 2004 hasta el año 2013, con el Ayuntamiento de Valdemoro. Y, entre los años 2007 al 2011, con los de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En medio. "Todos ellos gobernados por alcaldes pertenecientes al Partido Popular de la Comunidad de Madrid", remacha el escrito.  

En muchos casos, dicha relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, "cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados", bien a Waiter Music, bien a empresas "controladas" directa o indirectamente por Huerta. "Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del Partido Popular municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados". 

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En este sentido, Anticorrupción apunta que el gerente de la empresa realizaba tales encargos para "seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos".

Estas presuntas irregularidades también se llevaron a cabo con otras sociedades y "empresas amigas" de Huerta y su familia. Por ejemplo, a través de la empresa Saranais, "aparte de ser utilizada en ocasiones para procedimientos ficticios de concurrencia en la contratación, la familia adquirió diversas propiedades". Además de las adjudicaciones predeterminadas, el sistema incluía otras operaciones, como el fraccionamiento ilegal de contratos, y facturaciones falsas e infladas a espaldas de los propios artistas que participaban en dichos eventos.

Entre los años 2004 a 2013, Huerta facturó, a través de sus empresas, al Ayuntamiento de Valdemoro la suma total de 8.963.748 euros. "La relación de amistad que se inició entre José Luis Huerta y Francisco Granados prosiguió tras la marcha de este a la Consejería de Transportes (2003), con José Miguel Moreno Torres, siendo el mismo el que decidía que se siguiese contratando" con Huerta al contar con el "apoyo" de Granados, que siguió de presidente del PP de Valdemoro. "Para ello, se siguió una compleja red de expedientes y procedimientos administrativos cuyo único objetivo era el de dar una sensación de formalidad, minimizando cualquier sospecha de irregularidad, al tiempo que existía toda una negociación extraoficial que sólo era conocida en sus últimos aspectos" por el alcalde y el empresario. 

Entre las contraprestaciones figuraban regalos por parte de la empresa a diferentes a políticos y funcionarios, así como ciertos gastos de índole personal o de partido por servicios que tenían que ver con su actividad económica, pero por los que nunca cobraba directamente a los que lo encargaban. Asimismo, el gerente corría con los gastos de distintos actos del PP.

En cuanto al Ayuntamiento de Ciempozuelos, la facturación global de las empresas de Huerta con el consistorio entre los ejercicios 2007 al 2012 ascendió a 1.247.644 euros. En este caso, según la Fiscalía, el empresario se valió de la "amistad desde la juventud" de Granados con el alcalde, José Carlos Boza.

Por otro lado, la facturación de las sociedades de Huerta al Ayuntamiento de Móstoles fue de 2.356.398 euros; al de Algete, 1.945.946 euros; y al de Moraleja de Enmedio, 535.745 euros

Por último, estos negocios también se extendieron a entidades autonómicas. En este sentido, Anticorrupción sostiene que el cargo de Granados dentro del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid como consejero de la Presidencia "le permitía tener una posición de prevalencia y superioridad, bien directa, bien por influencias, en otras autoridades y funcionarios públicos". Tal posición fue "utilizada por él mismo para, al tiempo que José Luis Huerta cumplía con ciertos de sus deseos, él mismo favorecer a éste ante posibles contrataciones que dependían de la CCAA de Madrid".