El Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife ya tiene perito para elaborar la prueba clave de la que pende la investigación por el canon presuntamente fraudulento cobrado por Sacyr, adjudicataria del servicio de explotación del agua en la capital tinerfeña. La justicia investiga si la multinacional se embolsó fraudulentamente 33,6 millones de euros de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas, S.A.).

En abril de 2021 el juzgado abrió la causa ante una denuncia del exconcejal de Podemos Ramón Trujillo por los presuntos delitos de malversación y prevaricación contra el exalcalde de la ciudad y exsenador por Coalición Canaria, Miguel Zerolo, condenado por el caso de las Teresitas, sobre corrupción urbanística. También están investigados el exconcejal Norberto Plasencia, antiguo mano derecha de Zerolo; el consejero de Sacyr Pablo Abril-Martorell; y otros cinco consejeros de Emmasa. 

Tras la toma de declaración a los acusados y a los testigos, la instrucción se paralizó más o menos un año después de empezar a falta de un perito que realizara un informe crucial. Ni la Intervención General del Estado ni la de Canarias quisieron asumir dicha pericial, pese al dinero público en juego aduciendo que es dinero de la capital tinerfeña, pero el Cabildo de Tenerife también rechazó realizar el informe. Finalmente desde el juzgado se ordenó efectuar un sorteo en el Colegio de Economistas de la isla y ya hay perito desde octubre, indican fuentes jurídicas.

El origen

En 2005, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió privatizar el servicio de agua. Se pasó entonces de Emmasa (Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A.) a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas, S.A.). Sin necesidad de cambiar las siglas, se privatizó la empresa que da servicio de agua a unos 215.000 vecinos.

La empresa adjudicataria del concurso público resultó ser Sacyr Vallehermoso, S. A., que tuvo que abonar al ayuntamiento 60 millones de euros por la adquisición de 212 de las 224 acciones de Emmasa [el consistorio retuvo 12 acciones del capital social] y por el derecho a la explotación del servicio público del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife por 25 años. 

Un año después de entrar en vigor el contrato, los miembros del Consejo de Administración de Emmasa –entre los que estaban el alcalde Zerolo y el concejal de Servicios Públicos, Norberto Plasencia–, tomaron por unanimidad un polémico acuerdo: decidieron contabilizar el derecho de uso de los bienes de dominio público como inmovilizado inmaterial. Esto suponía considerar como un crédito a favor de Sacyr prácticamente los 60 millones que desembolsó la multinacional por las acciones. 

Trasvase de lo público a lo privado

Entre 2007 y 2020 Emmasa abonó todos los años a Sacyr un canon de 2,3 millones de euros por la utilización de los bienes de dominio público en la gestión del servicio del ciclo del agua.  Aquella interpretación es la que se investiga en el juzgado. Es decir, si los 33,6 millones que se embolsó Sacyr hasta que en 2020 se paralizó el pago al cambiar el gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz, se ajustaron a derecho.  

Fue en 2019, durante un efímero gobierno socialista en el consistorio de Santa Cruz, cuando estalló el caso. Un año después, una moción de censura de Coalición Canaria (CC) apoyada por el PP arrebató el bastón de mando a la alcaldesa socialista y se lo devolvió a un regidor de CC.

Los técnicos del ayuntamiento durante el periodo socialista constataron que el abono de 2,3 millones de euros anuales a Sacyr no se atenía a la legalidad ni figuraba en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ni en el contrato. En la práctica, el sistema impuesto consistía en devolverle a la multinacional los 60 millones (59 millones por las acciones de Emmasa) que había aportado al consistorio como pago por hacerse con la concesión del servicio del agua durante 25 años. Un 'pelotazo' de manual.

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A finales de 2022, Sacyr y Emmasa alcanzaron un acuerdo para que la primera devolviera los 33,6 millones de dinero público, en lo que consistió en realidad en un trasvase del dinero de las acciones de la empresa pública a la privada. Fuentes jurídicas indican que las posteriores subidas en la tarifa del agua a los vecinos por parte de Emmasa podría enmascarar un nuevo beneficio para la multinacional de cara a menguar la carga financiera de la devolución. 

Sin perito más de tres años

La instrucción de la causa ha estado paralizada mucho tiempo, al menos desde finales de 2022, cuando se decidió que se hacía necesario practicar una prueba pericial, según lo solicitado por la acusación popular, ejercida por Ramón Trujillo. Pero no fue posible encontrar perito hasta hace apenas un par de meses, cuando se ha designado por sorteo a un perito del Colegio de Economistas y Auditores de Tenerife.

El informe pericial, que pondrá fin a la instrucción, deberá determinar si tuvo fundamento la interpretación contable de Emmasa, controlada mayoritariamente por Sacyr y con la presencia en el momento de los hechos del alcalde Zerolo y el concejal Plasencia. También, el posible perjuicio patrimonial que se ha causado a la sociedad con capital público y además si el incremento de la tarifa del agua ha estado justificado.  

La instrucción judicial no ha contado con el impulso de la Fiscalía, que no ha estado presente la mayoría de las declaraciones. El fiscal incluso invocó la "imposibilidad material" de realizar el informe pericial ante la negativa de las Intervenciones antes mencionadas.