La Xunta envió una cirujana plástica a evaluar el daño psíquico de la denunciante de acoso en la tele gallega
El Instituto de Medicina Legal de Galicia eligió a una especialista en estética, empleada en la clínica de un exalto cargo de la CRTVG vinculado al PP, para peritar a la mujer que denunció a la cúpula de la empresa.
A Coruña--Actualizado a
El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que depende de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Xuventude de la Xunta que preside Alfonso Rueda, encargó a una cirujana plástica que evaluara los daños psicológicos que denunció la periodista de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) que se querelló contra la cúpula de la empresa por acoso.
El informe que elaboró la facultativa fundamenta parte de la decisión de la jueza que instruyó el caso de decretar su sobreseimiento provisional, que la demandante ha recurrido ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
El 29 de mayo de 2023, la magistrada Ana López-Suevos, titular del juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, libró oficio al Imelga para que el equipo psicosocial del instituto forense autonómico elaborara un informe sobre el estado psíquico de la demandante, que ha pasado cerca de cuatro años de baja por incapacidad temporal desde que en 2019 denunció la campaña de humillaciones y descrédito personal y profesional emprendida por la dirección contra ella.
La jueza imputó por un presunto delito contra sus derechos laborales al director general de la compañía, Alfonso Sánchez Izquierdo, y a ocho de los directivos y directivas que formaban parte de su equipo cuando sucedieron los hechos.
La clinica de estética del expresidente de CRTVG
Más de año y medio después, sin embargo, cuando el Imelga contactó a la trabajadora para peritar su estado emocional, quien la evaluó no fue uno de los psiquiatras y psicólogos del equipo psicosocial del instituto sino la doctora Olaya Martínez López, licenciada en medicina y cirugía, máster en medicina estética y responsable de la unidad de Medicina Estética de la Clínica Murillo, un centro privado que ofrece tratamiento de cirugía plástica y reparadora en sus delegaciones de Vigo y Pontevedra.
Se da la circunstancia de que la Clínica Murillo fue fundada por Diego Murillo Carrasco, expresidente del consejo de administración de la CRTVG y cuya hija, Guadalupe Murillo Solís, ocupó un escaño en el Parlamento de Galicia por el Partido Popular entre 2016 y 2024. Su hermano, Diego Murillo Solís, es ahora el director de esa clínica familiar de estética donde trabaja la especialista plástica que el Imelga envió a evaluar el estado psíquico de la periodista de la CRTVG.
El dueño de la Clínica Murillo es un expresidente del consejo de administración de la CRTVG cuya hija ocupó un escaño en el Parlamento de Galicia por el PP entre 2016 y 2024
Público ha tratado sin éxito de contactar con la doctora Olaya Martínez López para interesarse sobre el caso. También se ha dirigido a la Xunta para conocer cuántos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales forman parte del equipo psicosocial del Imelga; cuál fue la razón para escoger para el informe a una médico no especialista en daños psíquicos; y si es habitual que facultativos no especialistas en un área medica determinada sean los que elaboran los peritajes forenses relacionados con ella que reclaman los juzgados.
A la hora en la que se terminó de redactar este artículo, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Xuventude, de la que depende el Imelga y que dirige Diego Calvo, segundo de Rueda en la Xunta, no había respondido a las preguntas de este medio.
Circunstancia irregular
Público sí ha obtenido el testimonio de un perito judicial experto en evaluación de riesgos laborales y en acoso laboral, que asegura que la elección de una médico forense no experta en psiquiatría ni en daños emocionales, para evaluar el estado de una víctima de acoso laboral, es una circunstancia muy irregular. "Falla la razón de ciencia, el concepto jurídico que obliga a que un perito conozca la materia que va a evaluar y sobre la que va pronunciarse", afirma el técnico tras pedir que se guarde su anonimato.
Durante la instrucción de la causa, la jueza López-Suevos no apreció la necesidad de llamar a declarar a la forense que hizo el informe del Imelga para interrogarla sobre sus conclusiones y permitir que pudieran hacerlo la Fiscalía y las representaciones legales de la acusación y las defensas. Además, rechazó que compareciera el perito propuesto por la demandante, que sí apreció los severos daños psíquicos que también habían diagnosticado un psiquiatra privado, otro del Servizo Galego de Saúde y la propia médico de la CRTVG.
En el escrito en el que decretó el sobreseimiento provisional de la causa, la jueza López-Suevos reconoce que la trabajadora padece "un malestar psíquico evidente" y que interiorizó la actuación de la dirección "como un agravio y una persecución". Pero asegura que no ha advertido que "ese hostigamiento y acoso por parte de la empresa" que ella denunciaba presentara indicios de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores por parte de Sánchez Izquierdo y sus directivos.
"Lo anterior provocó [a la periodista] sufrimiento psíquico, cuya realidad es innegable tanto por el contenido de los relatorios médicos unidos a los autos como por la propia apreciación personal de esta magistrada durante las dos declaraciones prestadas [...], en las que se evidenciaba su profundo malestar e incluso, nos atreveríamos a decir, sufrimiento", explica la jueza. Pese a todo, considera que el caso debe ser archivado.
Sánchez Izquierdo negó conocer los hechos
Sánchez Izquierdo, quien durante su declaración en el juzgado como investigado negó conocer los hechos y derivó cualquier responsabilidad a sus subordinados, dirige la CRTVG desde que Alberto Núñez Feijóo lo designó para el cargo hace casi 16 años, al poco de ganar su primera mayoría absoluta en 2009.
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Durante su mandato ha lidiado con centenares de sentencias condenatorias por vulneración de derechos fundamentales y laborales –aún tiene pendientes más de un centenar– y con fallos de las juntas electorales castigando la manipulación informativa en favor del PP.
El pasado 13 de mayo, el Grupo Popular en el Parlamento de Galicia propuso a Concha Pombo, directora de los servicios informativos de la casa, como sustituta de Sánchez Izquierdo al frente de la empresa que gestiona los medios públicos de titularidad autonómica. Rueda podrá designarla sin necesidad de consensuarlo con la oposición gracias a la reforma legal que aprobó hace dos meses y que le permite hacer efectivo el nombramiento exclusivamente con los votos del PP.
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