El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona ha condenado este lunes a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de sus estudiantes, por el manifiesto conjunto de las universidades catalanas en apoyo a los condenados del procés y en contra de la sentencia del Tribunal Supremo.

La sentencia, que fue dictada el pasado 30 de septiembre pero que se ha hecho pública este lunes, estima en su totalidad la demanda de cuatro profesores del colectivo Universitaris per la Convivència y un alumno. Ya habían denunciado, en carta abierta a los rectores catalanes y ante el Defensor del Pueblo, la instrumentalización política de las universidades que implicaban estos manifiestos.

El escrito hace hincapié en que el centro universitario ha infringido su "deber de neutralidad" y  recuerda que la UB "no es una institución de presentación política". Además, invoca la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho de las personas. Así, el escrito señala que "la invocación de la libertad de expresión no justifica ni ampara la asunción de una posición política por parte de una institución pública cuya función no sea precisamente la de la representación política".

Asimismo subraya que "sin tal neutralidad, se incurre en una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias".

Además, considera que el derecho a la educación ha resultado "vulnerado", al defenderse "actos declarados inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal", pues "se promueven valores y concepciones ideológicas que son contrarias a los ideales que inspiran la Constitución vigente".

La demanda ha sido estimada en su integridad, después de haber sido descartados todos y cada uno de los argumentos que la Universidad alegó en su defensa. Así, la sentencia declara la nulidad de pleno derecho del acto de aprobación del manifiesto y obliga a la Universidad a publicar el escrito en su página web durante un mes. La UB ha de pagar, además, las costas procesales.

Esta sentencia se une a otras precedentes de varios órganos que han reafirmado el deber de neutralidad de las instituciones públicas censurando su uso partidista.