La UE vuelve a aplazar la oficialidad del catalán, gallego y euskera al no tener la unanimidad necesaria
Xavier Bettel, ministro de Exteriores de Luxemburgo, ha comunicado que "realmente no es el momento adecuado" de aprobar la medida en una semana "muy difícil" para la imagen de la unanimidad europea.

Bruselas--Actualizado a
Los países de la Unión Europea han vuelto a aplazar este viernes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego ante la falta de unanimidad que se requiere para aprobar la petición de España.
Esta es la séptima vez que los Veintisiete abordaron la cuestión, en una discusión que duró alrededor de 45 minutos y en la que tomaron la palabra más de una decena de países, según dijeron a EFE fuentes europeas.
Falta de acuerdo
A su llegada a la reunión, el ministro de Exteriores de Luxemburgo y ex primer ministro del país, Xavier Bettel, ha afirmado entender "completamente que para los españoles y el multilingüismo, las tradiciones son muy importantes", pero consideró que "realmente, no es el momento adecuado" para aprobar la oficialidad de las lenguas.
"Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?", ha preguntado retóricamente Bettel. "Si al final del día la gente se pregunta hacia dónde va Europa, esta es la cuestión", ha continuado.
La ministra austriaca para Europa, Claudia Plakolm, ha explicado que "mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras, no se puede dar ningún consentimiento" a la propuesta española.
También el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, ha dicho que necesita más concreción sobre los aspectos políticos, económicos y jurídicos por parte de España. Unas exigencias a las que también se suman Polonia y Finlandia.
"Veinte millones de europeos discriminados"
Sin embargo, el secretario de Estado español de la UE, Fernando Sampedro, ha considerado que España "ha abordado todas las dudas" políticas, económicas y jurídicas y pidió a sus socios "no secuestrar o retrasar" la decisión sobre la oficialidad de las lenguas.
"Los Tratados son muy claros, los Tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado", por lo que no hace falta cambiarlos, como sí creen, en cambio, los servicios jurídicos del Consejo de la UE.
Estos entienden que habría que modificarlos porque el artículo 55.1 del Tratado de la UE menciona las 24 lenguas en las que está redactado y entre las que solo recoge el castellano. En cambio, España alega que la base legal con la que se ha modificado el reglamento que regula los idiomas oficiales de la UE es el artículo 342.
Por tanto, Sampedro ha dicho que "veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países" e insistió en que España está dispuesta a asumir el coste de la propuesta.
La Comisión Europea ha estimado que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego podría costar 132 millones de euros, pero se trata de una evaluación preliminar en base a los costes que existen con la traducción y la interpretación del gaélico.
En el informe que publicó en 2023, Bruselas apuntó que para saber el coste definitivo hay que saber el personal que hay que contratar, así como cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a las labores de traducción y el posible periodo de transición que se pactaría antes de la entrada en vigor de la oficialidad de las lenguas. Un punto este último que ya ha aclarado España, pues ha propuesto una implementación progresiva a partir de 2027.
Durante su intervención en la reunión, Sampedro ha incidido de nuevo en que la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán no crearía ningún precedente para otros idiomas cooficiales, como temen los países nórdicos y del este.
En concreto, ha explicado que ninguna otra lengua cumple simultáneamente todos los requisitos que tienen las lenguas cooficiales españolas: que tienen un origen histórico; que están reconocidas en la Constitución; que se pueden emplear en el Parlamento; que existen acuerdos administrativos con las instituciones europeas para poderlas usar; que la legislación comunitaria -incluso los tratados europeos- se traduce a cada una de las lenguas en las Comunidades Autónomas respectivas y que el Gobierno está dispuesto a asumir el coste.
Aunque no sean idiomas oficiales, el gallego, el euskera y el catalán se pueden usar ya en el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. El Parlamento Europeo sigue discutiendo si aprobar su uso, mientras la Escuela Europea ha decidido ofrecer el catalán como asignatura optativa.
El Gobierno está "poniendo todo de su parte"
A pesar de los aplazamientos y las disidencias, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha mostrado "convencida" de que Europa avalará la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas.
Así ha respondido Montero a los periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde ha sido preguntada por la petición trasladada a la Unión Europea sobre la oficialidad de las lenguas y lo que puede suponer para la relación con Junts.
Montero ha considerado que Junts debe ser consciente de que el Gobierno está "poniendo todo de su parte para algo en lo que cree firmemente", porque ha opinado que "hay darle dignidad a esa forma de expresión". Sin embargo, ha señalado que el Ejecutivo va a seguir trabajando en ese sentido no solo por Junts, sino por otras formaciones como el PNV, ERC y EH Bildu.
La vicepresidenta primera ha reconocido que aún hay países reticentes en apoyar esa oficialidad del catalán, euskera y gallego y, además, ha recordado que se tiene que aprobar por unanimidad, aunque ha insistido que se va a seguir intentando. "Es el compromiso del Gobierno", ha subrayado Montero.


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