Unidas Podemos y los socios enfrían las expectativas sobre la ley de vivienda tras la entrada en escena de Calviño
Los acuerdos perfilados por los grupos en las últimas semanas no se vieron reflejados en el documento remitido por los socialistas después de la supervisión del Ministerio de Economía.
Pilar Araque Conde
Madrid-Actualizado a
El PSOE y sus aliados parlamentarios no consiguieron cerrar un acuerdo en torno a la ley de vivienda en la última reunión mantenida este martes en el Congreso, a pesar del "optimismo" previo mostrado por los diferentes representantes en las reuniones a cuatro bandas (PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu).
Los acuerdos perfilados por los grupos en las últimas semanas, de los que no han trascendido detalles al respecto, no se vieron reflejados en el documento remitido este martes por los socialistas después de la supervisión del Ministerio de Economía de Nadia Calviño, tal como confirmó el propio portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Tras semanas de intensas negociaciones, apartadas de las polémicas que han salpicado la actualidad política en los últimos tiempos, así como de los disensos entre estas fuerzas en torno a otras cuestiones, como la reforma de la ley del solo sí es sí o la ley mordaza, las previsiones sobre la ley de vivienda eran favorables de cara a alcanzar un acuerdo antes de febrero.
En este sentido, tanto fuentes de Unidas Podemos como de otros socios parlamentarios imprescindibles para que la norma vea luz verde ante el rechazo de las derechas, como ERC y EH Bildu, habían trasladado avances en torno a garantizar en el texto una regulación efectiva de los precios del alquiler.
Si bien, estaban a la espera de que el departamento de la vicepresidenta primera supervisara los aspectos técnicos del preacuerdo y que, por ende, quedaran constatados los logros conseguidos durante la última fase de las conversaciones con el Ministerio de Transportes. No fue así y las negociaciones vuelven a alargarse, enfriándose de nuevo las expectativas en torno a la norma.
El propio portavoz de los morados en el Congreso anunció, al término de la reunión, que esta cita no fue "tan bien" como se esperaba. "De los avances que se nos había comentado, la mayoría no se han sustanciado negro sobre blanco y por lo tanto, soy menos optimista que la última vez que comenté de los avances de esta ley", añadió.
No obstante, lejos de la presión que los morados han ejercido en los últimos días sobre los socialistas en torno a otras cuestiones (además de la reforma de la ley del solo sí es sí se suma la afrenta por los precios de los alimentos), la predisposición para aprobar de manera definitiva la ley de vivienda se mantiene.
Así, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra y del grupo parlamentario aseguran que "seguirán trabajando" para mejorar el texto en lo relativo a la paralización de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables y la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas.
Desde EH Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, también manifestó antes de la reunión sus esperanzas de "obtener una respuesta final y satisfactoria a las peticiones" de su grupo. "En caso de que sea satisfactoria, habrá acuerdo", remató. Si bien, al término de la cita, fuentes de la coalición abertzale, en sintonía con los reclamos de los republicanos, afirmaron que "todavía hay propuestas que faltan por concretarse por escrito".
Por ende, el acuerdo en esta materia, cuya tramitación parlamentaria lleva atascada un año, sigue sin cerrarse. En cualquier caso, insisten en "seguir hablando e intercambiando propuestas". Asimismo, tanto EH Bildu como ERC o Más País ven "más factible" que esta ley salga adelante antes de que se agote la legislatura que la otra patata caliente, la reforma de la ley mordaza.
Los aspectos en los que estas fuerzas inciden en las negociaciones de la norma coinciden en buena medida con las líneas rojas marcadas por los morados. Así, además de asegurar la regulación de los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado o la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, los socios del PSOE buscan acotar el periodo de 18 meses establecido hasta la aplicación de la norma, conocido como vacatio legis, y redefinir la figura de gran tenedor (actualmente se establece a partir de 10 pisos).
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