El uso del gas pimienta contra manifestantes abre una fractura entre el Govern y la izquierda parlamentaria

El uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra contra manifestantes durante las protestas propalestinas del pasado octubre generó mucha polémica. ERC, Comuns y la CUP reclamaron entonces la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior, Núria Parlon, que defendió la actuación de la policía catalana. Este miércoles, Parlon volverá a comparecer en el Parlament. Lo hará a petición propia en la Comisión de Interior y Seguridad Pública y acompañada de Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos d'Esquadra.

Este lunes, dos días antes de la comisión, una decena de entidades de defensa de los derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales han puesto en marcha la campaña Stop gas pebre para reclamar "una moratoria inmediata y la tramitación de la prohibición" del uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra. En un manifiesto unitario, señalan que es lesivo y vulnera derechos fundamentales como el derecho a la protesta, a la integridad física y a la información, y que "su uso reiterado evidencia un patrón represivo grave y preocupante".

En el manifiesto, las entidades denuncian que durante la manifestación propalestina resultaron heridas numerosas personas: "Algunas de ellas con importantes efectos sobre su salud que persistieron entre 3 y 30 días: ardor y dolor en las palmas de las manos y plantas de los pies, escozor y dificultades para respirar, fatiga visual, hipersensibilidad y migrañas, entre otras".

Entre las entidades firmantes están Alerta Solidària, CGT Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), Coordinadora Obrera Sindical, Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, IAC (Intersindical Alternativa d'Alerta Solidària – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, Plataforma Antirepressiva de Barcelona y el Sindicat de Llogateres de Catalunya.

Una querella contra los Mossos

El uso de gas pimienta contra los manifestantes propalestinos el octubre pasado evidenció que es una práctica recurrente de los Mossos en manifestaciones. Seis de los afectados, representados por una coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC, se querellaron contra los Mossos d'Esquadra por el uso "indebido" de gas pimienta durante la huelga por Palestina el 15 de octubre. Los hechos tuvieron lugar en la estación de Sants de Barcelona después de iniciarse una sentada pacífica ante el hotel donde se alojaba el equipo israelí de baloncesto Hapoel de Jerusalén, que jugaba contra el Manresa.

La querella, sin embargo, fue inadmitida por un juzgado de Barcelona. La magistrada determinó que la actuación fue ajustada a los protocolos. Los querellados denuncian la "ligereza" con que la magistrada dio por válida la actuación policial. Las abogadas lo recurrirán a la Audiencia.

Una fractura entre el Govern y la izquierda parlamentaria

Aparte de las manifestaciones propalestina, en los últimos años, los Mossos han utilizado el espray en varias ocasiones, como el día del retorno fugaz de Carles Puigdemont o durante el desalojo de los edificios ocupados y centros sociales El Kubo y La Ruina de Barcelona. También fue usado durante los incidentes de la Fuente de la Pólvora en Girona del pasado abril o en el dispositivo para el partido Barça-Madrid de diciembre de 2019. Según denuncian las entidades, esto evidencia la voluntad del Departamento de Interior de normalizar el uso del gas pimienta.

Este uso cada vez más habitual del gas pimienta ha abierto una brecha entre el Govern socialista y los grupos de la izquierda parlamentaria. Después de las manifestaciones propalestina del octubre pasado, ERC, Comuns y la CUP exigieron al Govern y al Departamento de Interior que hiciera público el protocolo de uso del gas y la comparecencia de Parlon. Los tres cuestionan el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos y reclaman información sobre los protocolos. Por su parte, el Govern defiende la actuación de los Mossos y se esconde detrás del "criterios técnicos".