El uso político del padrón para excluir a los más vulnerables se expande con el aval de Junts

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, advirtió el pasado sábado, durante la convención municipalista del partido en Vic, que "no se podía premiar" con el empadronamiento a aquellas personas que cometieran un "acto ilegal", en referencia a la ocupación de viviendas. Una declaración contundente que refuerza el discurso que la formación lleva perfilando desde hace meses: Junts defiende endurecer las restricciones para acceder al padrón y algunos municipios gobernados por el partido ya han empezado a aplicar medidas en ese sentido.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (Bages) ya ha puesto en marcha la nueva ordenanza para regular el padrón municipal y así evitar "fraudes e irregularidades", según el alcalde de Junts, Dani Mauriz. De hecho, en abril aseguró que todo el que quiera vivir en Sant Vicenç de Castellet será "bienvenido", pero no aquellos que "quieren empadronarse solo para tener derechos". En la misma línea, el alcalde de Figueres (Alt Empordà), Jordi Masquef, afirmó a principios de mayo que se había acabado la "barra libre" con las ayudas y el padrón y, previamente, en febrero, dijo que empadronarse no podía ser "un cheque en blanco que otorgue derechos y prestaciones al primero que pase".

Ahora bien, Junts no ha sido el precursor de estos discursos. Desde que fue investida alcaldesa de Ripoll, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha sido acusada de obstaculizar el empadronamiento de personas migrantes en su municipio e incluso de incumplir directamente la ley del padrón. La normativa estatal establece que "las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso la ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón municipal". Sin embargo, en una entrevista con Público en agosto, Orriols admitió que no empadronaría a nadie "debajo de un puente, en una cueva o en un lugar insalubre". Una postura que no se aleja demasiado de las palabras de Turull, quien afirmó que no era "lógico" empadronar a alguien que "vive en el río".

Joan Roura, Coordinadora d’ONG Solidàries: "Nos preocupa cómo el Ayuntamiento intenta asociar padrón y fraude"

Además de las "trabas administrativas", el Ayuntamiento de Figueres anunció que había dado de baja a 804 personas del padrón en un año, insinuando que todos los casos eran fraudulentos. Esta suposición fue rápidamente desmentida por las entidades defensoras del derecho al empadronamiento: "Nos preocupa cómo el Ayuntamiento intenta asociar padrón y fraude, como si todos estos 800 casos fueran problemáticos y fraudulentos. La mayoría son casos normales, por ejemplo, personas que vuelven a su país, no se dan de baja y no tienen intención de engañar a nadie", advirtió Joan Roura, miembro de la Coordinadora d’ONG Solidàries de las comarcas de Girona y Alt Maresme, en declaraciones al diario Ara.

En esta línea, Laia Costa, jurista de la Fundació FICAT −integrada en la Xarxa d’Entitats pel Padró−, es crítica con la actuación de la administración respecto a todas aquellas personas que no están empadronadas en su municipio, ya sea porque aún lo están en casa de sus padres, en segundas residencias o porque, simplemente, se han mudado. "Todo eso no se considera fraude. Tenemos que construir un nuevo relato", afirma con contundencia.

El padrón como herramienta de discriminación

Hace tiempo que Junts ha comenzado a acercarse al partido de extrema derecha Aliança Catalana, uno de sus principales competidores electorales en la actualidad. De hecho, el último Barómetro de Opinión Política, publicado a finales de marzo por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), reveló que, si se celebraran elecciones al Parlament, el 9% de los votantes de Junts del 12 de mayo de 2024 votarían ahora por Orriols, lo que en términos absolutos supondría unas 60.000 personas.

Según el último barómetro del CEO, si se celebraran elecciones al Parlament, el 9% de los votantes de Junts votarían ahora por Orriols

No es casualidad, por tanto, que Junts haya celebrado su convención municipalista en Vic, una ciudad cercana a Ripoll y Olot, donde los discursos antiinmigración tienen fuerza desde hace décadas −fue bastión de la extinta formación xenófoba Plataforma per Catalunya− y donde muchas personas trabajan, pero tienen serias dificultades para acceder a una vivienda digna. Los trabajadores migrantes de los mataderos de la comarca de Osona son un ejemplo claro de esta situación.

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Costa señala que el discurso de Aliança Catalana "ha calado" y que muchos ayuntamientos han adoptado su línea de actuación al ver que les da rédito electoral. "Las dificultades con el padrón siempre han estado ligadas al racismo estructural, lo que pasa es que ahora los alcaldes se sienten legitimados", alerta. La abogada remarca que no se trata de una cuestión exclusiva de la derecha, ya que en municipios gobernados por el PSC también ha habido "problemas".

Laia Costa, jurista de la Fundació FICAT: "Las dificultades con el padrón siempre han estado ligadas al racismo estructural"

De hecho, según un informe emitido por la Xarxa d’Entitats en junio de 2024, 37 ayuntamientos catalanes no estarían empadronando de forma "ágil", con especial incidencia en Barcelona (PSC), Lleida (PSC), l’Hospitalet de Llobregat (PSC), Calafell (PSC), Santa Coloma de Farners (Junts) y Santa Coloma de Gramenet (PSC). Una treintena de entidades de Lleida, por ejemplo, se manifestaron a mediados de abril para denunciar "graves obstáculos" en el empadronamiento, como la falta de citas en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC), la no resolución de expedientes en los plazos legales o la exigencia de documentación que no pide la normativa estatal.

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La Xarxa d’Entitats pel Padró, que reúne a organizaciones como Amnistía Internacional, la CONFAVC, la Coordinadora Obrim Fronteres o el Observatori DESCA, se creó en 2024 y, desde entonces, ha ido sumando apoyos mientras la situación en los municipios se deterioraba. En abril, este frente común reclamó al Parlament un pacto entre PSC, Junts, ERC, el PP, los Comuns y la CUP para "garantizar" el acceso al padrón. Según Costa, ya se ha celebrado una segunda reunión y las entidades mantienen la firme determinación de no dejar pasar el tema.

No estar empadronado implica no tener acceso a los servicios públicos del municipio: no puedes solicitar prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no puedes pedir cita médica ni escolarizar a tus hijos en un centro público. Cuestiones esenciales como la sanidad, la educación o el apoyo económico familiar se ven gravemente afectadas por el vínculo directo entre padrón y acceso a derechos. Esta realidad obliga a muchas personas a desplazarse simplemente para poder sobrevivir. "Los ayuntamientos se han dado cuenta de que el padrón es una herramienta para decidir si quieren pobres o no", sentencia Costa.

Laia Costa, jurista de la Fundació FICAT: "Los ayuntamientos se han dado cuenta de que el padrón es una herramienta para decidir si quieren pobres o no"

Además, en algunos municipios se está empezando a implicar a los vecinos y vecinas en la denuncia de irregularidades. En abril, el pleno municipal de Mataró (Maresme) aprobó una propuesta de resolución −con los votos favorables del PP, Vox y Junts y la abstención del PSC, que ostenta la alcaldía− con el objetivo de garantizar la "veracidad" del padrón municipal. Entre otras medidas, el texto prevé habilitar canales de comunicación ciudadana para denunciar de forma anónima los "empadronamientos ilegales". "Me parece gravísimo que nadie haya dicho nada. ¿Cómo afecta esto a la convivencia? ¿A quién denunciarán?", se pregunta Costa.

Detrás de la batalla por el padrón se esconde una cuestión mucho más profunda: quién tiene derecho a formar parte de la comunidad y quién queda fuera del sistema. Mientras los discursos políticos se endurecen y el padrón se convierte en un instrumento de control, miles de personas siguen viviendo sin tener garantizados sus derechos. "El padrón no es un premio. La sanidad y la educación son derechos inalienables. Tenemos que construir un nuevo relato, y todo el mundo debe implicarse, porque al Tercer Sector no nos escuchan. Médicos, profesores, periodistas... todos", concluye la abogada.