El traslado de residuos tóxicos procedentes del desmantelamiento de un astillero en Bijela (Montenegro) al vertedero de Nerva, en Huelva, para allí ser almacenados, ha vuelto a poner sobre la mesa el cierre del mismo. La instalación, hoy propiedad de la empresa Ditecsa, se abrió en 1998 con la idea fundamental de albergar residuos de los polos industriales de Huelva y del Campo de Gibraltar.

El vertedero, que tiene un tamaño muy considerable, está muy cerca del pueblo, de 5.100 habitantes, a unos 800 metros, y también del cauce del Río Tinto, y en él se gestionan, según la información de la empresa, entre otras cosas, "depósitos de seguridad para residuos peligrosos y no peligrosos industriales".

El Gobierno de España, con el previo consentimiento de la Junta de Andalucía, ha autorizado al menos tres traslados desde Montenegro desde el año 2019, que han provocado severas críticas de Ecologistas en Acción. El primero en enero de ese año, "de 40.000 toneladas de residuos" que fueron trasladados por la empresa Valgo Montenegro –filial de la francesa Valgo– hasta la planta de Nerva, para allí "ser sometidos a un tratamiento físico-químico, mediante estabilización e inertización, que dé como resultado compuestos o mezclas destinados a eliminación mediante depósito en vertedero".

Los otros dos se autorizaron en abril y mayo de este año, después de haberlos denegado previamente porque no existía la información suficiente. El primero, según el Gobierno, son otras 40.000 toneladas de "tierras y piedras que contienen sustancia peligrosas" cuyo tratamiento final "es el vertido en lugares especialmente diseñados". Y el segundo se refiere a 30.000 toneladas de "residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas" y cuyo tratamiento final "es el vertido en lugares especialmente diseñados", según indicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde.

En resumen, 110.000 toneladas de residuos de Bijela tienen como destino final "el depósito en vertedero" en Huelva. Según Ecologistas, "entre la composición de los residuos contaminados hay asbestos, un material demostradamente cancerígeno que requiere un tratamiento separado de cualquier otro contaminante; así como tributilo de estaño, un compuesto orgánico que es agente biocida y un disruptor endocrino muy peligroso que produce irritación y edema pulmonar, y que contamina el suelo y las aguas por un plazo de unos 40 años".

El traslado de este tipo de productos que, además de venir en barco, hacen hasta Nerva también unos 100 kilómetros por carretera, está permitido, según el Gobierno de España, por el Reglamento 1013/2006, de 14 de junio de 2006. "En el artículo 41 de dicho Reglamento se indica que las importaciones de residuos destinados a la eliminación en la Comunidad procedentes de un tercer país no están prohibidas si el país del que proceden es parte del Convenio de Basilea. Montenegro es parte del Convenio de Basilea habiendo ratificado el mismo el 23 de octubre de 2006".

Montenegro, según Ecologistas, "ha recibido del Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción 50 millones de euros" para la descontaminación de cinco puntos negros ecológicos, uno de ellos el astillero de Bijela, de donde vienen estos residuos, "para convertirlo en un puerto de yates de lujo y super lujo para promocionar el turismo de alto nivel que va a construir una empresa de Emiratos Árabes Unidos, con una inversión de 350 millones de euros".

Ecologistas en Acción lo tiene claro: "Estos hechos demuestran que el vertedero de residuos peligrosos de Nerva ha sido elegido por nuestros gobiernos como retrete tóxico de Europa sine die, para siempre, para mayor dolor de Nerva y Huelva, donde desemboca el río Tinto, que recoge las aguas residuales del vertedero, poniendo así los recursos pesqueros y turísticos onubenses en riesgo de ecotoxicidad".

Cierre del vertedero

El diputado López de Uralde ha pedido al Gobierno que "se dejen de seguir importando unos residuos para los que en España no hay capacidad técnica para el tratamiento medioambientalmente racional", y también que valore el cierre del vertedero de Nerva "dentro del marco de una política de lucha contra la crisis climática y de economía circular".

Las competencias para cerrar el vertedero son de la Junta de Andalucía, según el Gobierno, "incluyendo su sellado, así como de juzgar si las medidas propuestas en las tareas de vigilancia postclausura son adecuadas". Así que el debate sobre su clausura ha llegado también al Parlamento de Andalucía, llevado este mes de junio por Adelante Andalucía –la parlamentaria María Gracia– y por Unidas Podemos –el diputado Ismael Sánchez–.

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, afirma querer cerrar el vertedero "de manera ordenada", pero no ha dado pasos claros para lograr tal fin. De hecho, por el contrario, estudia una petición de la empresa para hacer una caldera de biomasa y otras modificaciones en el recinto.

"Hay una demagogia innecesaria. ¿Por qué? Nuestra obligación es tramitar la solicitud y que los técnicos digan si es factible o no lo es. Vamos a mantener una posición institucional como nos corresponde. Tenemos un vertedero y está donde está y como está. Es una situación heredada", ha manifestado la consejera Carmen Crespo, quien defiende ese "cierre ordenado", en el Parlamento. 

Para Ecologistas, la ausencia de actos claros hacia el cierre revela lo siguiente: "Es evidente que la Junta prevé el mantenimiento de este vertedero tóxico sin clausurar, a pesar de la cortina de humo sobre el cierre ordenado que esgrime. Y que el Gobierno español esquiva aplicar con contundencia los objetivos de las políticas acordes con el escenario de crisis climática y economía circular".