La víctimas del accidente ferroviario de Angrois ocurrido en Santiago hace nueve años creen que el Estado español está manipulando el juicio, aleccionando testigos y comprando el testimonio de peritos cuyos informes y declaraciones favorecen su estrategia.

Una docena de supervivientes y de familiares de fallecidos y heridos en el accidente del Alvia en la curva de A Grandeira se manifestaron esta mañana en la Cidade da Cultura compostelana. Allí se se celebra la vista oral del proceso, en el que sólo están acusado el maquinista del tren, Francisco Garzón, y el ex jefe de Seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Andrés Cortabitarte.

Aunque sólo hay dos acusados, son más de un centenar de abogados entre acusaciones y defensas. Sus coches llenan estos días el aparcamiento de la Cidade da Cultura, el megalómano proyecto que Manuel Fraga encargó al arquitecto Peter Einsenmann y que hoy disfrutan los funcionarios de los departamentos que la Xunta de Feijóo y Rueda destinaron allí para darle algún uso a las colosales y costosísimas instalaciones.

La Cidade da Cultura es un lugar desangelado y frío cuando no tiene gente, es decir casi siempre, aunque esta mañana lucía un poco más gracias al día soleado y helado con el que amaneció Santiago. A las puertas de la sala, varios policías armados -llegaron cuatro furgones- vigilaban a las víctimas, que recibieron a los abogados del Estado entre abucheos y gritos de "¡Qué vergüenza!".

"Nos tratan como si fuéramos nosotros los culpables", se lamenta una mujer que perdió a un familiar en el accidente. El Estado envía policías al juicio para vigilar a las víctimas, pero ellas se sienten agredidas por el Estado cuando sus abogados defienden al responsable de Adif, una empresa pública, y se ceban con el maquinista, que conducía para Renfe, otra empresa pública.

La diferencia, creen, está en el dinero. "Si la justicia estima que la culpa es sólo del maquinista, y no de Adif por haber suprimido el sistema de frenado automático que habría evitado que un tren de alta velocidad circulara a 190 kilómetros por hora en una curva limitada a 80, serán las aseguradoras de Renfe las que tendrá que asumir las indemnizaciones, y no Adif", sostiene otro afectado.

A las víctimas les da igual el dinero. Porque van a recibirlo sí o sí, de Adif o de las aseguradoras, sea quien sea declarado culpable. Pero, lo más importante, aseguran: el dinero les da igual porque no va a devolverles sus vidas ni las de sus seres queridos, menos aún a los afectados que han fallecido en los nueve años que se ha demorado el proceso judicial desde que ocurrió el siniestro.

"Lo único que queremos es que se sepa la verdad", asegura Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma que las agrupa. "Y la estrategia del Estado consiste en evitarlo", añade.

La defensa del responsable de Adif está siendo idéntica a la de los abogados del Estado, que durante el juicio han sometido a interrogatorios durísimos a los peritos y testigos cuya versión avalaba la de las víctimas, y, al contrario, han regalado preguntas fáciles y casi exculpatorias a quienes sustentaban la estrategia de Adif.

Una testigo, incluso llegó a tratar de "tú" en una de las jornadas a uno de los letrados que defienden a la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias, como si ya lo conociera, lo que hizo pensar a algunos de los presentes en la sala que había preparado previamente con él su testimonio.

Adif ha gastado además 13.250 euros de dinero público encargando a una agencia una simulación de la vista oral, e incluso acaba de licitar otros 71.300 euros a favor de un consultor, Antonio Puyol, que ya elaboró otro informe favorable a su versión y quien declarará como testigo a su favor el próximo 31 de enero.

Adif defiende que ese dinero está destinado a "actualizar el informe elaborado por el señor Puyol, a la luz de todo lo que se ha ido incorporando a la causa tras su elaboración", informa Europa Press.

Las víctimas, por contra, no entienden la necesidad de un nuevo peritaje sobre la seguridad que había en la curva de A Grandeira, o mejor dicho, sí la entienden, pero piden el anonimato para explicarlo: "¿Para qué encargan ahora otro informe si el período de presentación de pruebas ya está cerrado? ¿De qué sirve si no es para condicionar el testimonio de un testigo, pagándole 71.300 euros dos meses antes de que declare?", se preguntan.

Quien declaró esta mañana fue Christopher Carr, el exjefe de Seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, el organismo que declaró ilegal el informe sobre el accidente que hizo el Estado español.

La ley europea -y por tanto española- establece que en la elaboración de los informes sobre los accidentes de tren deben quedar fuera los organismos implicados. Y en el caso del que hizo España sobre el siniestro de Angrois, entre quienes lo elaboraron estaban Renfe y Adif.

La Agencia Ferroviaria Europea consideró que ambas compañías fueron responsables de la tragedia. Y  Carrr volvió a insistir en ello: el riesgo de accidente se multiplicó por entre un millón y diez millones cuando Adif retiró el sistema de seguridad que había en la vía -porque estaba en mal estado, detenía los trenes y Renfe se quejaba de que provocaba retrasos- y dejó la gestión de cualquier exceso de velocidad sólo en las manos del conductor.

"Sentimos vergüenza", insisten las víctimas.

En el accidente de A Grandeira, ocurrido el 24 de julio de 2013, murieron 80 personas y otras y 145 resultaron heridas.