MADRID.- El juego de palabras sobre si un político está imputado o desimputado ha alcanzado nuevas cotas este viernes en la Audiencia Nacional. El político madrileño del PP Salvador Victoria, ha conseguido con una argucia procesal eludir su declaración en el caso Púnica, la trama de corrupción creada por su antecesor Francisco Granados y el empresario David Marjaliza a partir de adjudicaciones irregulares de contratos públicos.

Victoria fue citado como imputado el pasado 2 de junio por el juez central de instrucción 6, Eloy Velasco, cuando aún era consejero en funciones de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, al igual que Lucía Figar, responsable de Educación. La citación de ambos provocó sus dimisiones y permitió el pacto entre el PP y Ciudadanos que ha desembocado en la elección de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este viernes ambos estaban citados a declarar. Y Victoria ha presentado un incidente de nulidad porque era un político aforado cuando Velasco firmó su citación.

Victoria podría haber colaborado con la justicia, pero su triquiñuela procesal le ha permitido no declarar ante el juez y comentar a las personas de su entorno. “No estoy imputado”.

Salvador Victoria se marcaba así un Maíllo. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, accedió a este nuevo cargo mientras esgrimía que no estaba imputado porque su declaración se había aplazado cuando  está imputado por el Juzgado de Instrucción 5 de León, en el sumario sobre administración desleal de Caja España-Caja Duero.

En cambio, Lucía Figar, que estaba en su misma situación, ha optado por declarar ante el juez Velasco durante casi dos horas.

La exconsejera de Cultura de Madrid -que dimitió con Victoria el 4 de junio-, continúa en el sumario como imputada aunque el juez no ha acordado ninguna medida cautelar sobre ella. 

Salvador Victoria deberá comparecer como imputado el próximo 20 de julio a las 10 de la mañana, según ha acordado el juez Velasco al término de estas declaraciones.

Tanto Victoria como Figar están imputados en el sumario por la concesión de supuestos contratos a miembros de la trama Púnica que se investiga en la Audiencia Nacional.

Las diligencias judiciales, que permanecen secretas, vinculan a Victoria con la orden dada a Indra para realizar tres pagos en negro por un total de 120.000 euros al supuesto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro.

En relación con Lucía Figar, se investigan contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con empresas de De Pedro para trabajos de posicionamiento 'on line' y para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros.

En esta causa también está prisión provisional el antecesor de Victoria al frente de la consejería de Presidencia y Justicia de Madrid, Francisco Granados, por supuesta pertenencia a organización criminal.

La red de la Púnica habría conseguido contratos públicos por valor superior a los 250 millones de euros firmados, en especial, por la filial de Suez en España, Cofely, con la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, además de diversos ayuntamientos en manos del PP