Vox, Seguí y grupos anti-LGTBI pusieron en el centro de la ofensiva ultra a Iglesias, Montero y Oltra

Podemos fue objeto durante años de una feroz ofensiva judicial que empezó cuando el partido fundado por Pablo Iglesias apenas se había estrenado en las urnas con las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Consiguió cinco escaños. Aún le faltaba año y medio para convertirse, con 69 diputados, en el tercer grupo del Congreso, tras PP y PSOE. Esa primavera de 2015 había concurrido también con éxito en las elecciones autonómicas.

Pero ya en noviembre de 2014 el Partido Socialista de la Justicia, detrás del que se escondía –o no tanto– el turbio abogado Emilio Rodríguez Menéndez, se querelló por blanqueo de capitales y delito electoral contra el partido que entonces encabezaban Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Acusaba a los dos primeros y a Luis Alegre, secretario general de Podemos en Madrid, de haber recibido 3,7 millones de euros del Gobierno de Venezuela a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). La denuncia se basaba en una noticia publicada en El País. El Supremo no la admitió. Fue sólo el primer litigio de una serie que repitió patrón: querellas apoyadas en recortes de prensa que generaban ruido durante meses y terminaban archivadas.

Éste es el noveno reportaje de la serie de investigación realizada por Público sobre las asociaciones que llevan años personándose como acusación popular en todo tipo de procedimientos judiciales, 10 entregas que se publicarán a lo largo del mes de julio y describe y analiza esta alianza de intereses y nombres en lo que bien podría definirse como una Brunete legal ultra.

Algunos actores de esa guerra judicial contra el partido morado son tan conocidos como Manos Limpias, que no tardó mucho más que Rodríguez Menéndez –febrero de 2015– en querellarse contra Pablo Iglesias por nada menos que 10 delitos: desobediencia, delito contra los derechos de los trabajadores, fraude fiscal, apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal… Todo ello en su calidad de administrador de la Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda, una entidad sin ánimo de lucro que gestionaba el programa de televisión La Tuerka y que, según el pseudosindicato, Iglesias había convertido en "una productora pantalla con carácter eminentemente mercantil y lucrativa". Tres meses más tarde el Supremo también archivó el procedimiento. Aun así, casi tres años después, en enero de 2018, el alto tribunal tuvo que rechazar de nuevo otra querella, sobre exactamente los mismos hechos, que había interpuesto la asociación Libertad y Justicia.

En enero de 2016, cuando no había pasado ni un mes de las elecciones generales, Okdiario publicó la primera noticia sobre el apócrifo informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que ya en febrero le sirvió a una desconocida Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España para poner una querella en un juzgado de Zaragoza que terminó en el Supremo por la condición de aforado del secretario general de Podemos. Según consta en el registro del Ministerio del Interior, la Unión Cívica Española es un partido fundado en 2007 y presidido por José Luis Espiau López, a su vez representante de la asociación de vecinos Alfonso I el Batallador, de Zaragoza.

Poco antes, el partido había denunciado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a sus 13 consellers y al secretario del Govern por prevaricación, desacato a la autoridad y alta traición a las instituciones del Estado. El motivo fue que Puigdemont y el resto del Ejecutivo catalán habían eludido "jurar o prometer cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado o el Estatut d'Autonomia", prometiendo "fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalunya representado por el Parlament". Una fórmula que Unión Cívica Española consideraba "la primera escena de la desconexión con el resto de España y el inicio de un plan para la proclamación de la independencia de Catalunya".

El TSJC no admitió a trámite la denuncia, como tampoco hizo con otra del mismo partido e igualmente contra Carles Puigdemont, por falsear su currículo: ·"Ni es filólogo ni periodista, sólo bachiller". El presidente catalán decía en la web de la Generalitat que había "cursado estudios de Filología Catalana" y "desarrollado su carrera periodística especialmente en El Punt".

Público ha intentado ponerse en contacto con José Luis Espiau para preguntarle por Unión Cívica Española, sin éxito.

Otra información de Okdiario también dio pie a que un particular y Vox se querellaran de nuevo contra Pablo Iglesias por tener supuestamente una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Granadinas, en el Caribe, donde habría recibido un pago del Gobierno venezolano. El Supremo inadmitió la denuncia en mayo de 2016.

Después llegaron el caso Neurona, cuya acusación popular estuvo en manos de Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, y el caso Dina Bousselham, con Pro Lege también en la acción popular. Ambos procedimientos fueron sobreseídos, aunque a diferencia de los anteriores, sólo tras años de investigación judicial y ruido mediático.

Pablo Iglesias en el CNI

Pero hubo unos cuantos litigios más promovidos desde asociaciones situadas en el extremo de la derecha política. Por ejemplo, el Partido Laócrata se querelló contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2020, cuando éste era vicepresidente del Gobierno. Les acusaba de prevaricación por incluir a Iglesias en la comisión delegada que controla el CNI. El Supremo exigió a los laócratas una fianza de 12.000 euros que no depositó. Y desestimó el caso.

El Partido Laócrata fue creado por un abogado y antiguo militante del PSOE, Sergio Cebolla, encuadrado en el sector que apoyaba a Susana Díaz en Andalucía. Publicó un libro con el título Socialistas corruptos. La formación se disolvió en 2022 y ahora continúa como un "movimiento social hacia la laocracia", un sistema político que se define como el poder del pueblo, el "perfeccionamiento y acabamiento de la democracia". Para alcanzarlo, los laócratas abogan por "liberar a la política de los políticos profesionales y la partidocracia". Mientras luchaban por perfeccionar la democracia, recurrieron las medidas contra el covid decretadas en cada comunidad autónoma –todos los recursos fueron desestimados–, también el decreto del estado de alarma –el Supremo ni siquiera admitió el recurso– y se querellaron por prevaricación contra el entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, por la escala de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas–. Sergio Cebolla no ha contestado a las preguntas que Público le envió sobre sus cuentas y fuentes de financiación.

La Asociación de Veteranos de los Tres Ejércitos también denunció a Pablo Iglesias en 2020, pero por decir en el Congreso que para él era "un honor" representar a un grupo político "dentro del cual hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España, que fue condición de posibilidad de la derrota de la dictadura, de la construcción de la democracia en España y de la Constitución del 78". Según el querellante, esa frase constituía un delito de odio. Según el Supremo, por el contrario, no era más que "la expresión de una sociedad libre, plural y democrática". "Los diputados y senadores", recordaban además los magistrados, gozan de "inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”.

Esta asociación no figura como tal en el registro del Ministerio del Interior. Pero existe un grupo de Facebook con ese nombre, que dice estar "abierto a todo el que respeta la Constitución establecida y la monarquía parlamentaria" y rechaza a quien "no respete la Unión de España". "Abstenerse radicales de extrema izquierda, separatistas anarquistas y comunistas serán expulsados", insta. Y exige que los comentarios se escriban sólo en castellano, “la lengua que entendemos todos en todo el territorio español”.

Montero, ¿responsable del delito de Rubiales?

También fue objeto de un buen número de acciones legales la exministra de Igualdad y dirigente de Podemos Irene Montero. Unas declaraciones suyas, también en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión de Igualdad el 21 de septiembre de 2022 levantaron la polémica después de que fueran manipuladas en las redes sociales: "Esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y reproductivos no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, que es un derecho de los niños y de las niñas, independientemente de quienes sean sus familias. Porque todos los niños, las niñas y les niñes tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a amar y a tener relaciones sexuales con quién les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento, y eso son derechos que tiene reconocidos y que a ustedes no les gustan".

La bronca política se trasladó enseguida al Supremo. La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Liberum, la Asociación Nacional de Víctimas de los Políticos, el Proyecto Alexia Enséñanos y la Asociación Educadores contra el Adoctrinamiento (ECS) se unieron a Vox para querellarse contra Montero por lo que presentaban como un delito de incitación a la corrupción de menores. El partido de Santiago Abascal mencionaba incluso el de incitación a la prostitución. Pero el Supremo ni siquiera llegó a admitir a trámite la denuncia, que calificó de "manifiestamente improcedente".

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, creada en 2016, tiene como presidente a Manuel Romeral Frías, un ingeniero de Telecomunicaciones que dice haber sido denunciado siete veces por su exmujer y se manifiesta en su página web contra "la malvada ideología de género". Así que no es de extrañar que hicieran de Irene Montero el objeto de su furia litigiosa. Presentaron contra ella otras dos querellas. Una por un supuesto delito de odio, por decir en Twitter en agosto de 2024 que "todos los hombres son violadores en potencia". Según explicaba la entonces eurodiputada, decir eso es “señalar que la violencia machista es estructural y no un caso aislado: que el machismo es una norma social y cultural que legitima a cualquier hombre -a todos los hombres- para ejercer violencia contra cualquier mujer”. El Supremo no admitió la querella porque consideró que las expresiones de Montero estaban amparadas por la libertad de expresión.

Además, intentó actuar contra la dirigente de Podemos por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. La asociación consideraba a Montero "la máxima responsable de los presuntos delitos que Luis Rubiales pudiera haber cometido" cuando besó a Jenni Hermoso en la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol en Australia, en agosto de 2023. En su querella, la asociación alegaba que tales delitos estaban "directamente relacionados con la polémica ley del solo sí es sí", elaborada por Igualdad. Una vez más, el Supremo inadmitió la denuncia, argumentando que entre las "atribuciones específicas" de la ministra no se encuentra la de "perseguir eventuales delitos concretos que hayan podido ser consecuencia de la ley por ella impulsada".

La segunda de las acusaciones populares corrió a cargo de Liberum, una agrupación negacionista del coronavirus, y la tercera llevaba la firma de la Asociación Nacional de Víctimas de los Políticos, que en 2022 también había presentado una petición al Parlamento Europeo sobre la independencia judicial y la separación de poderes en España. Lo hizo en su nombre Julio Miguel Varea Hernández, candidato de Falange Española de las JONS a la Asamblea Madrid en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023. Además, figuraba como número dos del mismo partido por A Coruña en las elecciones municipales que se celebraron ese mismo día. Público ha intentado, sin éxito, contactar con la asociación para preguntarle por su funcionamiento y financiación.

Por su parte, Alexia Enséñanos es el proyecto de un ex policía municipal riojano, Salvador Martí, que también fue concursante de la sexta edición de Gran Hermano. Martí ha participado en charlas junto a miembros de Vox sobre "los peligros del ideario LGTBI y su influencia en la educación de los menores" y fue premiado por la organización ultracatólica HazteOír. Además, fundó el partido evangélico Fiel, que se presentó a las elecciones europeas de junio de 2023. La lista fue finalmente excluida porque no consiguió los suficientes avales, 15.000 firmas. Entre sus candidatos figuró Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesinada por un pederasta en 2008.

Alexia Enséñanos se dedica a impartir cursos y talleres en ludotecas municipales y colegios, no sin polémica: el Ayuntamiento de Logroño suspendió en 2018 su colaboración con Salvador Martí por sus manifestaciones en redes sociales contra la "ideología de género". El ex policía no ha respondido a los intentos de este periódico de ponerse en contacto con él.

Una directiva repleta de miembros de Vox

Educadores contra el Adoctrinamiento (ECA) se presenta como una entidad en lucha contra la "intromisión ideológica en los centros educativos". Su presidente y cuatro de sus siete vocales han figurado en listas de Vox. El primero es Arlindo Antonio dos Santos Farto, número cuatro del partido de extrema derecha en Cabanillas de la Sierra (Madrid) en las elecciones municipales de 2023. José Luis Castellano Rudilla es portavoz del grupo municipal Vox en la junta del distrito madrileño de Arganzuela, además de presidente de la Federación de Ampas de los Colegios Católicos de Madrid Educación y Familias. Leticia Manuela Barcia Dopazo fue la número cinco del partido de Santiago Abascal por Pontevedra en las elecciones gallegas del 18 de febrero de 2024, mientras que Alicia Verónica Rubio ocupó un escaño en la Asamblea de Madrid por Vox de 2019 a 2023. Finalmente, Susana Jiménez Aibar es la concejala de Economía de Colmenar Viejo (Madrid), donde Vox gobierna con el PP.

Además, su tesorero, Pedro González Murillo, pertenece a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). Otro de sus vocales, Arturo Pretel Ruiz, fue coordinador de la Organización Juvenil Española (OJE), una entidad con orígenes franquistas que ahora se declara "independiente de cualquier partido político o confesión religiosa".

Pese a este inequívoco cuadro de mandos, ECA asegura a Público que no tiene "ninguna" relación con Vox y proclama su "absoluta independencia de los partidos políticos". Sus miembros, precisa, "son libres de estar afiliados a quien consideren en el libro ejercicio de su derecho de participación democrática". Lo único que les une es "la defensa de los menores contra el adoctrinamiento y la manipulación educativa y social", añade.

Otra de sus vocales es Irene Losantos Santorromán, que pertenece a la familia de Mario Losantos del Campo, una de las más ricas de España. Con inversiones millonarias en negocios inmobiliarios repartidos por todo el mundo, en España los Losantos fueron los fundadores de Riofisa y Neinver, que poseían parques empresariales y outlets.

Según los datos que facilita a este periódico, ECA tiene sólo 27 socios, pero más de 650 "seguidores" y se financia exclusivamente con sus cuotas y aportaciones voluntarias. Pero no revela cuál es su presupuesto, "un dato reservado para los asociados".

Además de contra Irene Montero, la asociación se querelló en marzo de 2024 contra seis profesores del instituto de secundaria Joan Fuster de Bellreguard de Gandía (Valencia), que habían colocado un mural donde aparecía el cantante vasco Fermín Muguruza. ECA los denunció por "apología del terrorismo de ETA". Pero el juzgado sobreseyó la causa porque Muguruza "no ha sido nunca condenado por ningún delito de terrorismo o enaltecimiento del terrorismo" y porque en el mural tampoco aparecía ningún contenido o imagen relacionado con ETA o con el terrorismo. La asociación explica que se dedica a trasladar a los centros educativos las quejas de las familias ante cualquier intento de adoctrinamiento.

También ha denunciado a Sarah Santaolalla, colaboradora de programas de televisión, por corrupción de menores. En el programa Mañaneros 360 de TVE, Santaolalla respondió a unas declaraciones de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid –"El lobby LGTBI quiere propagar la homosexualidad y la transexualidad en adultos y en niños"– instando a los niños "que están empezando a tener sentimientos a flor de piel, intentando gustarse y gustar, descubriéndose y descubriendo", a no dejarse "amedrentar", porque "esta panda siempre va a por los más débiles". "Sed felices, haced lo que queráis y follad con quien queráis".

La denunciante de Mónica Oltra

A diferencia de los anteriores, Cristina Seguí es uno de los rostros más reconocibles de la extrema derecha. Fundadora de Vox y su breve presidenta en Valencia, en 2014, también es la creadora de una asociación llamada Gobiérna-Te, que se personó como acusadora popular junto a Vox en el caso que condujo a la dimisión de la exvicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat valenciana Mónica Oltra, de Compromís –coligado con Podemos– en 2022. Le imputaban el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017 a una menor tutelada en un centro que dependía de su consejería.

La investigación fue archivada por el juez de instrucción en abril de 2024, pero dos meses después, la Audiencia de Valencia estimó los recursos de Vox y Gobiérna-Te y reabrió el caso. El pasado junio, el juez volvió a archivar la causa, porque no apreciaba que hubiera delito en la actuación de la exvicepresidenta.

Entretanto, quien sí ha sido condenada es la propia Seguí: 15 meses de prisión y a pagar 12.000 euros por difundir el vídeo de unas menores víctimas de una violación grupal en Burjasot y a indemnizar con 6.000 euros al exministro José Luis Ábalos por insultarlo en Twitter. Además, el fiscal pide cuatro años y medio de prisión para ella por revelar datos de una menor acogida por un matrimonio homosexual. Público ha intentado en vano ponerse en contacto con Cristina Seguí para este reportaje.

Según los estatutos que remitió al registro de asociaciones de la Generalitat valenciana, Gobiérna-Te sólo se dedica al "estudio, debate, promoción y práctica sobre temas de sociedad y principalmente lingüísticos, históricos y culturales de la Comunidad Valenciana y del resto de España". Nada dice sobre emprender acciones legales. Como fundadores de la asociación figuran también dos empleados de Banco Mediolanum, uno de ellos, Borja Frigols Garrido, también exmiembro del Comité Ejecutivo de Vox en Valencia.

La deriva ideológica de una plataforma anticorrupción

Entre los acusadores populares que pusieron en el punto de mira a Podemos merece especial atención una asociación gallega llamada Xuntos por Galicia. Fue creada en agosto de 2014 por un perito judicial y criminalista, Carlos González Armada, y otras dos personas, David Fernández Rábade y Aline Souza de Jesús, que se presentaron en 2015 a las elecciones municipales de Vigo en las listas de Movimiento RED (Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana). Se trata de un partido fundado por el juez Elpidio Silva, quien fue inhabilitado por el Supremo por su actuación en el caso Blesa. Según la condena, Elpidio Silva actuó con un "plan preconcebido" para favorecer a los denunciantes, el sindicato Manos Limpias, en perjuicio de Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, condenado en 2017 a seis años de prisión por el caso de las tarjetas black. Los magistrados le reprocharon al juez el "trato preferente" dado a Manos Limpias, con el que decían que había formado "un tándem", lo que produjo una "auténtica quiebra técnica de la imparcialidad".

La evolución política de los creadores de Xuntos es digna de estudio. En un acto en septiembre de 2014, González Armada aseguró que había militado durante dos meses en Ciudadanos y Pedro Larrauri, un traumatólogo vigués también impulsor de Xuntos, condenado por una mala praxis que le costó la amputación de una pierna a una atleta, cuenta que ha sido expulsado de UPyD. Entonces se anunciaron como una plataforma contra la corrupción. Denunciaron dos casos de favoritismo en el Ayuntamiento de Vigo que afectaron a la corporación del PSOE. El primero se cerró con condenas para el gerente de una empresa municipal y el funcionario que amañó la contratación de la cuñada de la teniente de alcalde, Carmela Silva. En el segundo, llevaron a los tribunales la existencia de un supuesto "sistema paralegal" de provisión de puestos de altos funcionarios en el mismo consistorio.

Para entonces, González Armada y otros miembros de la asociación estaban ya en Podemos, pero en un sector "crítico". A preguntas de Público, sostienen que "Elpidio era cercano a Podemos" y que incluso prestaron sus "siglas para una lista de Podemos en Vigo", lo que desmienten fuentes del partido en Galicia. Después se integraron en Máis País, siempre "a título personal", precisan. De hecho, González Armada se presentó como candidato de Máis Porriño, un pueblo de Pontevedra, a las municipales de mayo de 2023. Finalmente, en febrero de este mismo año presentaron una denuncia contra Juan Carlos Monedero por un supuesto delito de agresión sexual y acusaron de encubrimiento y de omisión del deber de socorro a Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez Pam, ex secretaria de Estado de Igualdad.

Monedero tiene abierto un expediente en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases, por la denuncia de una alumna por acoso sexual. Según la denuncia de Xuntos, al menos tres mujeres del entorno del partido también le habían denunciado, pero la dirección de Podemos, pese a conocer los hechos, ni había abierto una investigación interna ni había apartado a Monedero. En mayo, la Fiscalía de Pontevedra archivó el caso.

Simpatizante de Alvise

Xuntos explica que su denuncia es fruto de su "actividad anticorrupción y feminista". Sin embargo, una visita a la cuenta de Twitter de Carlos González Armada da pistas sobre su más reciente viraje ideológico. Se define como "simpatizante de SALF [Se Acabó la Fiesta] en Galicia", el partido de Alvise Pérez, activista ultra y eurodiputado a quien investiga el Supremo por financiación ilegal de su partido. Los últimos tuits del criminalista vigués vinculan inmigración y delincuencia, además de replicar los mensajes racistas de Vito Quiles o Dani Desokupa sobre Torre Pacheco. También retuitea a Javier Negre o Macarena Olona –"La mejor"– y Cristina Seguí, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, o el argentino, Javier Milei.

Sin embargo, Xuntos resalta que sus denuncias van contra "políticos de todas las ideologías" y aseguran que en 2016 demandaron a la Xunta por “utilizar las banderas azules como coacción a los ayuntamientos turísticos para ingresos en negro y por detrás” y más recientemente por el “trato preferente” dado a las empresas de la mujer de Alberto Núñez Feijóo.

Lo cierto es que el paso de los miembros de Xuntos por Podemos fue de todo menos pacífico e incluyó denuncias por amenazas de las que González Armada y otro de sus compañeros de plataforma fueron absueltos. "Eran unos quintacolumnistas que han terminado en la ultraderecha", sentencian en Podemos Galicia.