La Xunta torpedea los intentos de contener los alquileres de ayuntamientos progresistas como A Coruña y Santiago

Estudiar en Santiago se ha convertido en un lujo. En la capital de Galicia, que alberga la mayor –más de 20.000 matriculados– y más antigua universidad de la comunidad, se alquilan miniestudios de apenas veinte metros cuadrados por 500 euros mensuales. Sólo de septiembre a junio, claro, porque en verano el precio se multiplica por culpa del aluvión turístico estival, y pocos arrendadores quieren renunciar a la enorme rentabilidad que proporciona el alquiler vacacional por días o semanas.

A 60 kilómetros al norte de Santiago, en A Coruña, vivir con el sueldo de un trabajador medio también se ha vuelto una odisea para muchas familias que no pueden permitirse una vivienda en propiedad: la gentrificación se ha instalado desde hace un tiempo en muchos barrios de la ciudad, donde los alquileres tampoco paran de crecer y difícilmente bajan ya de los 600 o los 700 euros para un piso viejo de dos habitaciones, incluso en zonas alejadas del centro.

Desde que se aprobó en 2023 la nueva ley estatal de vivienda, los ayuntamientos están facultados para adoptar medidas restrictivas destinadas a contener la subida de los alquileres, siempre que sus respectivas comunidades autónomas, que son las administraciones con competencias en la materia, declaren zonas de mercado residencial tensionado allí donde los precios se han disparado por encima de las posibilidades de la población residente. Los gobiernos locales de Santiago, en manos del BNG, y de A Coruña, donde gobierna el PSOE, se han acogido a la nueva ley y han solicitado esa declaración a la Xunta del PP, pero de momento su acción no ha servido de nada porque, según afirman los responsables municipales, la Administración de Alfonso Rueda estaría torpedeando sus iniciativas.

El pasado mayo, A Coruña se convirtió en la primera ciudad de una comunidad gobernada por el Partido Popular en obtener la preceptiva declaración autonómica de zona tensionada. La alcaldesa, la socialista Inés Rey, celebró entonces la "lealtad institucional" de la Xunta, pero apenas cinco meses después, su Ayuntamiento denuncia que el Gobierno de Rueda le impide hacer efectivas las medidas de  contención de precios, porque se niega a tramitar los expedientes sancionadores y a facilitar los datos de quienes incumplen las medidas que obligan a los grandes tenedores –unos 7.000 en la ciudad, según La Voz de Galicia– a topar los alquileres. "Deberíamos dejar al margen la pelea política y ponernos a trabajar, porque si el único objetivo es que la medida fracase, que lo digan", sostiene la regidora.

Reglamento sancionador

Según Rey, la nueva normativa se quedará "en una mera declaración" si la Xunta no desarrolla "el marco legal a aplicar, el reglamento sancionador y las herramientas jurídicas para ponerlo en marcha". Su concejal de Urbanismo e Vivenda, Francisco Díaz Gallego, abunda en que "el éxito de una declaración de zona tensionada depende en gran medida" de que la Xunta "facilite el acceso a los datos sobre los infractores" de los que dispone el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y donde se registran los contratos de alquiler. 

"La Xunta tiene mucho trabajo por hacer", sostiene el edil coruñés, que recuerda que los gobiernos de otras comunidades, como los de Catalunya, Euskadi y Navarra, sí están tramitando esos expedientes sancionadores contra los propietarios que incumplen las medidas decretadas a nivel local contra la subida de los alquileres. También advierte de que la Administración autonómica de Galicia se ha negado a participar en la mesa de la vivienda que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en A Coruña para vigilar el cumplimiento de esas normas.

Público se ha dirigido a la Consellería de Vivenda, que dirige María Martínez Allegue, para saber si comparte la posición del Gobierno de Rey sobre que es competencia de la Xunta el desarrollo y la aplicación de la ley de vivienda en materia sancionadora. A la hora en la que se terminó de redactar este artículo, la Consellería no había respondido, aunque en días anteriores la prensa local y regional sí recogió una posición en contra de esa tesis. Según esa versión del departamento de Martínez Allegue, a la Xunta sólo le incumbiría tramitar la declaración de zonas tensionadas, pero nada más.

Precisamente, la Consellería anunció en agosto pasado que archivaba la solicitud que en ese sentido había presentado unos meses antes el Ayuntamiento de Santiago, liderado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, del BNG, y que ha sido también uno de los primeros del Estado en suspender la concesión de más permisos de alquiler vacacional y en perseguir a los propietarios que ofertan pisos turísticos sin licencia. La Xunta argumentó que daba "por desistida" la petición alegando que el Concello no había dado respuesta válida al requerimiento para que presentara más documentación que probara que Santiago es una zona de alquileres tensionados al alza.

"Incidencia real"

Además, la Consellería advertía de que, en su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno de Sanmartín "carecían de incidencia real, de una mínima concreción o ya estaban en ejecución", y de que el plan contra el encarecimiento de los alquileres "adolecía de calendario claro de aplicación".

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, ha negado que el Ayuntamiento no respondiera a la petición de la Xunta y asegura que lo hizo en tiempo y forma dando contestación "punto por punto" a todos los requisitos. También ha advertido de que las valoraciones que hizo la Consellería sobre la efectividad de las medidas propuestas sobrepasan lo que debería ser una decisión puramente técnica. "Hay una evidente intencionalidad política" de la Xunta, afirma Lestégas.

La alcaldesa de Santiago ha asegurado que existe de su parte "buena voluntad" para llegar a un acuerdo con el Gobierno de Rueda, pero fuentes de su equipo han indicado que el Ayuntamiento ya ha recurrido ante los tribunales de lo contencioso-administrativo la desestimación de la declaración de zona tensionada. En cuanto a la versión de la Xunta, la Consellería de Martínez Allegue tampoco ha respondido a las preguntas que le hizo este diario sobre las críticas de las regidoras de las dos ciudades, los criterios que le llevaron a negar a Santiago la misma declaración que se aprobó para A Coruña, y sobre si está tramitando en la actualidad más solicitudes de otros municipios de Galicia.