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Violencia machista El 016 se profesionaliza con la incorporación de ocho psicólogas, asesoras legales y trabajadoras sociales

El teléfono de atención a víctimas de violencia de género incorporará a ocho psicólogas y trabajadoras sociales para garantizar la asistencia psicológica a las usuarias, pasará de 14 a 15 operadoras y sumará otras tres asesoras legales. 

El 016 registró 8.414 llamadas en mayo, un 41% más respecto a 2019
Las llamadas al 016 han aumentado un 20% en 2020. (Fuente: Europa Press/ M. Igualdad).

Agencia EFE

El teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género incorporará a ocho profesionales del ámbito de la psicología y el trabajo social para garantizar la asistencia psicológica a las usuarias, pasará de 14 a 15 operadoras y sumará otras tres asesoras legales.

Así lo contemplan los pliegos del concurso público de licitación para la adjudicación del 016 que, tal y como ha explicado este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, contiene mejoras salariales y laborales para las trabajadoras de este servicio, que pasarán a cobrar en función de lo establecido en el convenio colectivo de intervención social y no en el de call center, como hasta ahora.

En una comparecencia institucional, Rosell ha desgranado algunas de las novedades del nuevo contrato del 016, como su ampliación a la atención de todas las formas de violencia contra la mujer excepto la trata de personas con fines de explotación sexual, y que espera que pueda comenzar a funcional en el primer semestre de 2021.

Actualmente el 016 sólo atiende a las víctimas de violencia de género en el marco de la ley orgánica 1/2004 –es decir, la que ejerce el marido, la pareja o la expareja–, pero el Ministerio de Igualdad pretende ahora ampliarlo a todas las formas de violencia contra la mujer contenidas en el Convenio de Estambul.

No atenderá, sin embargo, a las víctimas de trata –ha indicado Rosell– porque esta violencia requiere de otras vías de intervención, que no son la asistencia anónima, sino sociolaboral y de inserción que la Delegación del Gobierno quiere llevar a cabo a través de otros servicios.

Por primera vez, se va a incluir la atención psicosocial inmediata y serán tituladas universitarias en Psicología y Trabajo Social especializadas en violencia de género quienes presten esta primera asistencia a quien lo necesite.

Además, van a aumentarse los canales del servicio y se va a exigir un chat on line, que se ha comprobado que es eficaz sobretodo en el caso de las mujeres más jóvenes.

Para esto, Rosell ha destacado que se van a incrementar los efectivos del servicio. De 14 operadoras se va a pasar a 15, las asesoras legales serán ocho en lugar de cinco y habrá también otras ocho psicólogas y trabajadoras sociales.

Rosell no ha informado de cuánto aumentará la retribución de estas trabajadoras ni si serán las mismas que prestan actualmente el servicio, pero ha recalcado que las operadoras del 016 contarán con una mayor formación y mejores condiciones laborales y salariales que en la actualidad.

El contrato exige, además, que haya un responsable de calidad y una supervisión psicológica del personal a través de profesionales con una experiencia mínima de tres años.

Se mejorará la accesibilidad del servicio 016 a través del chat y del mail para mujeres con discapacidad visual y baja visión y obligará a que las instalaciones estén ubicadas en territorio nacional para garantizar la mejor atención a las mujeres víctimas y la derivación al 112 y otros teléfonos autonómicos similares al 016.

Además, se incrementará la evaluación de calidad y análisis de satisfacción de las usuarias y el Ministerio de Igualdad podrá realizar auditorías de la calidad del servicio.

La ley de libertad sexual

Por otra parte, preguntada por posibles reticencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al redactado de la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como la ley del "sólo sí es sí", Rosell ha recordado que los informes de este órgano sobre leyes "progresistas" siempre han sido conservadores.

"El CGPJ fue contrario a la ley orgánica de 2004 de violencia de género, se opuso al matrimonio igualitario, incluso lo comparó con la poligamia. Siempre ha sido un poder más conservador que la sociedad a la que debe servir", ha apuntado Rosell.

No obstante, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cree que si la "gran pega" del CGPJ es la definición de consentimiento a continuación de la definición de agresión sexual como todo acto sexual no consentido, "sería una magnífica noticia". 

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