Más de 200 menores viven en condiciones "que vulneran sus derechos más básicos" en los campos de Níjar

En los campos de Níjar, en Almería, una parte de los trabajadores malvive en asentamientos chabolistas, creados al calor del desarrollo de los cultivos hortofrutícolas bajo plásticos. Pero existe también otro fenómeno habitacional "mucho más silenciado: el de los cortijos en ruinas, casetas de invernadero [también garajes, remolques y almacenes y locales no habilitados para uso residencial] y otras construcciones rurales habitadas de forma precaria, muchas de ellas fuera de normativa y en condiciones inadecuadas".

Así lo recoge un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)  titulado La infravivienda invisibilizada: Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del campo de Níjar. El trabajo está financiado por la Junta de Andalucía y en él han colaborado y participado hasta cuatro profesoras de la Universidad de Almería.

No hay datos oficiales ni precisos al respecto de este tipo de infraviviendas, pero según expone este estudio, que busca iluminar una realidad hoy escondida, en ellas malviven centenares de niños y niñas: "Se estima [de manera provisional  puesto que existen grandes dificultades para acceder a esa realidad oculta] que, en la zona estudiada del campo de Níjar, hay alrededor de 470 infraviviendas diseminadas habitadas". 

"Se calcula que entre 1.250 y 1.400 personas residen actualmente en esas condiciones de infravivienda rural dispersa. Entre ellas, habría en torno a 275 niños y niñas menores de 14 años, viviendo en condiciones que vulneran sus derechos más básicos". El estudio habla de un mínimo de 160 y un máximo de 390, lo que, a juicio del SJM, supone "una realidad inadmisible desde el punto de vista social, ético y legal, que exige respuestas urgentes y sostenidas".

"Estos datos confirman que la infravivienda rural dispersa no es una realidad marginal o puntual, sino una forma estructural de exclusión habitacional que requiere atención específica y sostenida por parte de las administraciones públicas, las entidades sociales y el conjunto de la sociedad", agrega el trabajo.

En otro punto del estudio, al respecto de los menores, los técnicos del SJM afirman: "[Estas cifras] deberían hacer saltar las alarmas de las autoridades sociales, educativas y políticas, para asegurar el bienestar de los menores, su adecuada incorporación a la sociedad y su pleno desarrollo saludable".

Un modelo económico

Para la profesora de la Universidad de Almería, Beatriz González Martín, lo que se analiza en este trabajo "es una forma concreta de exclusión residencial que adquiere características propias en un territorio [el municipio de Níjar] que, curiosamente, es uno de los municipios más grandes de España [en tamaño] y cuenta con una densidad de población baja, no llega a los 60 habitantes por kilómetro cuadrado". 

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"Esta extensión territorial —agrega la profesora— también permite que, en algunos casos, la falta de vivienda no se manifieste de forma visible, sino fragmentada, dispersa y difícil de identificar. Fuera de los núcleos principales, la población también se reparte en pequeños núcleos y diseminados: los cortijos a los que hace referencia el informe".

"Esta dispersión provoca que la situación de muchas personas en vulnerabilidad tienda a diluirse, desaparezca en el paisaje, simplemente no se vea. Este informe ha pretendido poner nombre a esa disolución, hacer visible lo que suele pasar desapercibido, porque la dispersión genera barreras para el acceso a derechos básicos. [Se trata…] de una invisibilización estructural que impide dimensionar correctamente el fenómeno y dificulta encontrar respuestas a la precariedad". 

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"Níjar, enclave agrícola de primer orden en el sureste peninsular, es también un escenario de desigualdad estructural donde centenares de personas viven sin acceso a una vivienda digna, en condiciones que desafían no solo los estándares legales, sino los principios básicos de humanidad", considera Ángeles Arjona Garrido, catedrática de Antropología Social y directora del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales. 

"La infravivienda en Níjar no es una disfunción, sino la atroz consecuencia de un modelo económico que necesita personas disponibles, que son imprescindibles al sistema, pero se les quiere silenciados, invisibles. No hablamos solo de construcciones precarias. Hablamos de vidas sostenidas en la inestabilidad: techos de plástico, paredes de madera o cartón, sin acceso regular a agua ni electricidad. Lugares expuestos al fuego, al frío, a la enfermedad", considera Arjona. 

"Pero también —remacha en un texto recogido en el informe— espacios donde se sigue soñando, cocinando, celebrando, educando. Porque incluso en los márgenes más duros, lo humano persiste. Y eso es quizás lo más inquietante: que nos hayamos acostumbrado. Que la política lo haya asumido como un problema crónico, periférico, irresoluble. La inacción no es neutral: es una forma de violencia. Se interviene tarde, mal y casi siempre bajo presión. […] El resultado es una forma de exclusión sostenida, invisibilizada y tolerada".