Más de 330 profesionales piden al Gobierno revocar el programa de gestión de la Biblioteca Nacional por su vínculo con Israel

Más de 330 archiveros, bibliotecarios y profesores de toda España exigen al Ministerio de Cultura y al conjunto de rectores que revoquen la licencia de Alma, el programa informático que gestiona la mayoría de las bibliotecas públicas del país, incluida buena parte de las universitarias. La aplicación tecnológica es propiedad de la empresa Ex Libris, fundada en los años ochenta en el Malha Tecnology Park, ubicado al sur de Jerusalén, justo sobre la antigua aldea de Al Maliha, una de las más de 500 poblaciones palestinas limpiadas étnicamente por las milicias sionistas en 1948 para proclamar el Estado de Israel.

Los firmantes del manifiesto (que se enviará este martes al ministro Ernest Urtasun y los rectores de toda España) focalizan su protesta en la Biblioteca Nacional, que implantó el sistema en julio de 2024, aunque la hacen extensiva a las decenas de centros públicos y universitarios de toda España. "Nos parece inadmisible que la cabecera del sistema bibliotecario español dependa de una empresa del país que está incumpliendo todas las resoluciones de la ONU e ignorando los derechos humanos más elementales", señala el texto entregado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Y agrega, ya en un tono más contundente: "Cuando el Ministerio de Cultura invierte en Ex Libris, apoya materialmente el genocidio y la limpieza étnica en Palestina, algo que nosotras/os rechazamos absolutamente".

El texto está suscrito por bibliotecarios y archiveros de todas las comunidades autónomas, muchos de ellos empleados públicos de la Biblioteca Nacional y de los principales centros documentales del país. La red de bibliotecas públicas del Estado incluye 53 establecimientos, a los que hay que añadir las de titularidad municipal y las universitarias.

Los firmantes del manifiesto son conscientes de la complejidad que entraña modificar el sistema informático de un centro de la dimensión de la Biblioteca Nacional, pero solicitan al ministro que "estudie la forma de terminar con esa dependencia lo más pronto posible". Según argumentan en el documento, la información es un "recurso estratégico", por lo que, en su opinión, sería "hipócrita" no hacer extensible a la empresa Ex Libris el embargo decretado por el Gobierno a la industria armamentística española.

La firma israelí comercializó en los ochenta el programa informático Aleph, que pronto se implantó en todas las universidades del país hebreo. Pero pronto exportó su sistema de gestión a cientos de centros de todo el mundo, especialmente a EEUU, aunque también a numerosos países europeos y sudamericanos. Años después la compañía desarrolló el sistema Alma y su expansión se multiplicó de forma exponencial. Un informe de American Libraries indica que Ex Libris es el "proveedor líder de tecnología para bibliotecas académicas y de investigación", con casi 3.000 instalaciones de sistemas integrados de gestión bibliotecaria, según datos suministrados por un informe de la organización Librarians & Archivists with Palestine, publicado en junio de 2024.

Ex Libris fue adquirida por el grupo ProQuest en el año 2015, que, a su vez, fue absorbido por la multinacional Clarivate en 2021. Sin embargo, la compañía ha mantenido su marca y su sede fundacional del Malha Tecnology Park. Además, su director ejecutivo, Matti Shem Tov, ha conservado su puesto de alta dirección hasta hoy en el nuevo conglomerado empresarial, según informa El Salto en un artículo firmado en mayo pasado. El alto ejecutivo formaría parte del Consejo de Spirit of Israel, ligado a la Agencia Judía, la organización clave de la campaña migratoria masiva durante décadas que acabó por desplazar a cientos de miles de palestinos expulsados de sus tierras.

Esa y otras razones han llevado a Librarians & Archivists with Palestine a incluir a Ex Libris en el listado de empresas israelíes sometidas a boicot internacional por su "complicidad" con el régimen de segregación racial. "Cuando las bibliotecas invierten en estas compañías", señala el informe Exposing Ex Libris, "le estamos dando a Israel luz verde para que siga violando el derecho internacional a través de su ocupación, colonialismo de asentamiento y apartheid".

Además de firmantes de las bibliotecas públicas y universitarias, también hay representantes del Instituto Cervantes y del CSIC, que utiliza el programa informático Alma desde hace bastantes años. "Estamos viendo tales barbaridades cada día en Gaza que va a ser muy difícil frenarlas por muchas acciones que hagamos. Pero algo hay que hacer", afirma Blanca Calvo, ex directora de la biblioteca pública del Estado de Guadalajara, hoy jubilada, y una de las seis personas que pusieron en marcha la campaña de protestas. "No queremos que nuestros nietos nos digan mañana que no hemos hecho nada para frenar el genocidio". Público ha contactado con el gabinete de prensa del Ministerio de Cultura, que al cierre de esta información no había respondido a las cuestiones planteadas.

Calvo confía en que el boicot a empresas israelíes acabe por torcer el brazo del Gobierno israelí, tal como ocurrió con el régimen segregacionista de Sudáfrica en los años noventa del siglo pasado. La bibliotecaria no esperaba una respuesta tan masiva por parte del sector. "Yo creo que hay un malestar tan grande en la sociedad que hay que moverse en el ámbito que a cada uno le resulte más cercano", argumenta.

A su juicio, resulta "incomprensible" la doble vara de medir que utiliza el Gobierno de España con respecto a la invasión rusa de Ucrania. "Cualquier guerra es una salvajada, que conlleva muchas barbaridades, pero lo que está pasando en Gaza es algo terrorífico, con la muerte de niños, el hambre y el abandono total de la población civil".

La operación de castigo sobre Gaza, aparte del elevado número de muertos, se está cebando sobre las infraestructuras culturales y académicas. El 70% de los edificios educativos, incluyendo escuelas y universidades, han sido dañados parcialmente o destruidos, según datos de la ONU. Y un número muy alto de bibliotecas, archivos y museos han sido arrasados o saqueados por las tropas israelíes, lo que representa una pérdida irreparable del patrimonio cultural palestino y su memoria colectiva.

Los doce centros universitarios de Gaza han sido atacados deliberadamente, mientras que la Unesco ha verificado daños sustanciales en 110 sitios culturales, incluyendo tres depósitos de bienes muebles, nueve monumentos, un museo y siete enclaves arqueológicos.

El manifiesto de los bibliotecarios se suma a una ola creciente de iniciativas en el ámbito de la cultura que exigen al Gobierno que adopte medidas concretas y contundentes frente al Gobierno de Netanyahu, objeto de una orden de detención internacional acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad. La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística también han lanzado un escrito de denuncia pública para denunciar el "genocidio" del pueblo palestino y la devastación del ingente patrimonio cultural de Gaza. Veinte entidades de toda España se han adherido al manifiesto y más de 400 técnicos, archiveros y bibliotecarios.

El Ministerio de Ciencia, y singularmente el CSIC, sufren en las últimas semanas fuertes presiones por parte de investigadores y científicos para que suspendan sus acuerdos de colaboración con Israel, en pie de igualdad con la política de sanciones impuesta a Rusia desde hace ya tres años.