España mantiene plena colaboración científica y académica con Israel tres años después de suspenderla con Rusia

Casi 60.000 asesinados y 20 meses después de bombardeos sistemáticos que han reducido Gaza a cenizas, el Ministerio de Ciencia e Innovación mantiene plena vigencia de sus acuerdos de cooperación académica e institucional con el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Su principal instrumento público, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que agrupa a 121 institutos por toda España y cuenta con más de 15.000 empleados, conserva inalterada su agenda de colaboración con Israel y sus instituciones pese al creciente malestar interno por su pasividad ante una operación militar escrutada por la Corte Internacional de Justicia como posible genocidio. 

El mutismo del Ministerio de Ciencia contrasta drásticamente con la inmediata reacción mostrada hace tres años tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. En aquella ocasión, el departamento que dirige Diana Morant tardó exactamente 14 días en suspender indefinidamente todo tipo de relaciones académicas y científicas con la Rusia de Putin. En un firme y contundente comunicado, el Ministerio subrayó que la cooperación científica solo es posible si existen unos "valores comunes mínimos" y calificó de "inaceptable" la "agresión" ordenada por Moscú.

Esa doble vara de medir ante dos casos flagrantes de violación del derecho internacional, Ucrania y Palestina, es lo que ha empujado a un creciente número de científicos e investigadores españoles a exigir al Gobierno la adopción de medidas efectivas contra el Ejecutivo israelí, objeto de una orden de arresto internacional por cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. Una campaña impulsada por CSIC x Palestina en la plataforma Change.org exige el fin de la colaboración científica con Israel en los mismos términos en que se decretó con Rusia.

El manifiesto recuerda que el Ministerio de Ciencia actuó con "extremada rapidez" tras la invasión de Ucrania en la imposición de sanciones y la suspensión de "todas las relaciones de colaboración científica, académica e institucional". Y subraya que Israel ha desatado una ofensiva "aún más brutal", que incluye crímenes documentados, que suponen un "claro y horrible genocidio". En estos veinte meses de ofensiva militar, señala el texto, "el CSIC ha permanecido callado y sin actuar para desesperación de miles de sus trabajadores". La petición superaba días atrás las 1.350 firmas.

No es la primera iniciativa protagonizada por la comunidad científica. En junio de 2024, una declaración firmada por decenas de investigadores y técnicos del CSIC exigía el fin de las operaciones militares, deploraba la destrucción de los centros de investigación palestinos y solicitaba la "revisión" y, en su caso, "suspensión" de los acuerdos de colaboración del CSIC con universidades y entidades israelíes que "no hayan expresado un firme compromiso con el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

Otros organismos integrados en el CSIC también han manifestado públicamente su rechazo a la ofensiva contra Gaza y han demandado la adopción de medidas firmes por parte del Ministerio de Ciencia. Es el caso de la Escuela de Estudios Árabes, el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) y de otros centros de investigación. También la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) se pronunció formalmente contra las operaciones militares y se comprometió también a "revisar" y, en su caso, "suspender" los convenios de cooperación con las universidades de Israel. Un año después, el CSIC sigue sin expresar ningún posicionamiento oficial. Público ha planteado varias preguntas por correo electrónico al Ministerio de Ciencia y al CSIC y no ha recibido hasta ahora respuesta.

En noviembre de 2023 ya instaron al CSIC a que se pronunciara. Fue un mes y medio después de los atentados terroristas de Hamás que costaron la vida de casi 1.200 israelíes y la devastadora respuesta de Tel Aviv. En el consejo rector de la entidad, la representante de CCOO, Alicia Durán, investigadora del Instituto de Cerámica y Vidrio, presentó un escrito denunciando el "terrible genocidio" de Gaza y reclamando la cancelación de la cooperación científica con Israel "financiada con fondos propios".

El CSIC evitó pronunciarse entonces bajo el argumento de que el Ministerio de Ciencia no había emitido una posición al respecto. "Yo indiqué que en el caso de Ucrania la respuesta fue inmediata y se rompieron todas las relaciones con Rusia", asegura la investigadora en conversación telefónica. La presidenta del organismo estatal, Eloísa del Pino, siempre según la representante de CCOO, aludió a una reunión del conocido como G6, que agrupa a los grandes centros de investigación europea. En aquel encuentro no solo no se estudió ninguna medida de sanción contra Israel sino que hubo que frenar a Alemania, que propuso reforzar la colaboración científica con el Gobierno de Tel Aviv.

Un año después, en noviembre de 2024, Durán volvió a presentar una propuesta ante el consejo rector del CSIC, con decenas de miles de muertos más sobre la mesa y la orden de detención internacional de Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Tampoco hubo reacción entonces por parte del máximo órgano científico de España.

"Es una vergüenza total que estemos asistiendo todos los días por televisión a la matanza de niños y civiles y no esté pasando nada", lamenta. En el caso de Ucrania se produjo una "unidad monolítica" del espacio europeo frente a Moscú, recuerda la investigadora y representante sindical.

Ella propuso, al menos, que las convocatorias internas financiadas directamente por el CSIC, en relación a i-LINK y i-COOP, excluyeran a las instituciones israelíes. En la última convocatoria, sin embargo, Israel fue consignado como "socio preferente". "Escribí inmediatamente a la Presidencia del CSIC y se excusaron diciendo que se trataba de un error", indica. 

El movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) también plantea la necesidad de activar un bloqueo académico de las instituciones israelíes. A su juicio, las universidades del país hebreo son "cómplices importantes, intencionales y persistentes" de la ocupación militar de los territorios palestinos, así como del "colonialismo de asentamiento" que practica Israel desde su fundación y el "régimen de apartheid". Además, están involucradas en el desarrollo de sistemas de armamento y doctrinas militares desplegadas en los "crímenes de guerra cometidos en Líbano y Gaza". BDS, sin embargo, es partidario de aplicar el boicot a las instituciones israelíes pero no a los individuos.

"Hay una doble moral y una doble vara de medir evidente si se compara con Rusia y Bielorrusia, con las que el Ministerio vetó cualquier colaboración científica tras la invasión de Ucrania", asegura Miguel Camblor, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, vinculado al CSIC. "No tiene el más mínimo sentido seguir manteniendo la colaboración con Israel, sobre todo, después de que Pedro Sánchez haya reconocido que se trata de un genocidio", señala Camblor, activo en la defensa del derecho internacional conculcado en los territorios ocupados.

El químico cree que la disparidad de criterios usados por el Gobierno responde al hecho de que Rusia ha sido siempre un "potencial enemigo" mientras que Israel tiene una "gran influencia en el mundo occidental" y su industria armamentística goza de una enorme penetración comercial en España. Sobre la utilidad de este tipo de acciones de boicot, Camblor duda de que vaya a doblar el brazo de Netanyahu, empeñado en "acabar con Gaza y evitar que los palestinos vuelvan a su tierra", pero al menos logrará "sacar los colores al Gobierno y el CSIC" por seguir colaborando con Israel. "No podemos quedarnos en silencio mientras vemos lo que está pasando", clama el investigador.

No todos los científicos del CSIC comparten esa idea. Lucas Oro Hershtein, filósofo investigador del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC), sostiene que el boicot "no tiene sentido" en tanto y cuanto descansa sobre una serie de "errores conceptuales y metodológicos". El primer equívoco, según su prisma, es "confundir Gobierno con Estado y Estado con país". Y, por tanto, la sociedad no tiene por qué hacerse cargo de las políticas desarrolladas por los diferentes gobiernos.

"Cuando uno boicotea a las universidades, está boicoteando al conjunto de la sociedad. No está boicoteando a un Gobierno ni a un ministro", argumenta el profesor Oro, que con anterioridad ha investigado en las universidades de York (Reino Unido) y Hamburgo (Alemania). El pasado 22 de mayo, Oro inició como coordinador un ciclo de conferencias sobre Resonancias Judeo Islámicas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid. El primer invitado fue Ehud Krinis, profesor de la Universidad Ben Gurion (Israel) y voluntario en proyectos de cooperación con familias palestinas al sur de Hebrón "para mejorar sus condiciones de vida", aclara Oro.

"Como judío me rompe el alma ver muchísimas cosas que pasan y que se hacen en mi nombre", explica por videoconferencia. El filósofo del CSIC está convencido de que el conflicto se puede solucionar. Y cita el modelo de los dos Estados, una confederación o un ente plurinacional como posibles salidas a la sangrienta espiral que martiriza Oriente Medio. "Lo que hay que hacer es invertir tiempo, energía y recursos económicos en apoyar a la gente que trabaja por la paz" y que, a su juicio, es mucho más numerosa de lo que comúnmente se cree. "He dedicado mi vida a estudiar el vínculo entre judíos, árabes y musulmanes", asegura.

El boicot académico y científico a Israel tiene como modelo el que se organizó en los 90 frente al régimen racista de Sudáfrica. Muchos activistas están convencidos de que este tipo de sanciones provocan una erosión significativa en el sistema de apartheid. Es también la opinión de José Cristóbal Carvajal, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), con sede en Santiago de Compostela. "Tenemos que suspender las relaciones institucionales y académicas con Israel hasta que no se produzca un cambio significativo del Estado israelí o de sus entidades científicas", asegura.

Carvajal es partidario de las directrices marcadas por el movimiento BDS, particularmente escrupulosas a la hora de focalizar el boicot en las instituciones y no en los investigadores. "El comité del BDS está controlado por organizaciones palestinas de base y establece unos límites claros al boicot además de un respeto sagrado a la libertad individual de los académicos", razona el experto en arqueología islámica.

Y lamenta el doble rasero utilizado por la UE con Rusia e Israel. "Yo creo que hay un cierto racismo inherente en esta cuestión. Parece que las víctimas palestinas son menos víctimas por el hecho de ser palestinas. La UE no aplica los derechos humanos con el mismo rasero", protesta. Bajo su percepción, en la comunidad científica española hay muchos investigadores "horrorizados" con la masacre de Gaza, aunque otro sector defiende que la ciencia debe mantenerse al margen de la política.