Más de 4.000 personas participan desde Nochevieja en dos 'raves' cercadas por la Policía

Más de 4.000 personas participan desde hace dos días en dos grandes fiestas ilegales de Año Nuevo en España, que discurren por ahora sin incidentes cercadas por las fuerzas de seguridad, y que podrían prolongarse hasta el 6 de enero, cuando terminan en España las fiestas de Navidad, o algún día más.

En una hay entre 3.000 y 3.500 asistentes y se celebra desde el miércoles en un paraje de la provincia de Albacete (centro) y la otra, menos multitudinaria, tiene lugar en Tarragona (noreste).

En la de Albacete, se ha advertido a los asistentes de un cambio meteorológico con la llegada de lluvia, incluso nieve, que podría dificultar la salida. En estos momentos, no se puede acceder al lugar en automóvil. Además, las fuerzas de seguridad mantienen un cerco perimetral, el control y la seguridad de las vías de comunicación próximas debido al estacionamiento de vehículos en los márgenes.   

Los primeros movimientos de esta 'rave' se detectaron la noche del martes pasado, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos procedentes de países como Francia y Dinamarca con la intención de instalarse en el pantano del Cenajo.

La otra fiesta se celebra en una nave abandonada en La Sénia (provincia de Tarragona). "Algunos participantes están dispuestos a hablar pero no nos han dado una información concreta de si se irán el domingo o el día de Reyes", afirma la alcaldesa de esa localidad, Victòria Almuni.

La Policía mantiene desplegado un dispositivo para impedir que accedan al lugar más personas, y efectúan controles de alcoholemia y drogas a quienes van saliendo de la zona, muchos procedentes de Francia e Italia.

Según Almuni, hasta el momento, la 'rave' transcurre "sin incidentes graves" y asegura que los vecinos del pueblo están "inquietos". Por su parte, los agricultores de los terrenos próximos han podido acceder a ellos en compañía de agentes de Policía y han descubierto algunos destrozos en cultivos.

El propietario de la nave ha presentado una denuncia, mientras que el consistorio está recabando asesoramiento jurídico y policial antes de tomar una decisión.