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Más de 40 ciudades se movilizan en defensa de la sanidad pública en el final del estado de alarma

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad ha convocado movilizaciones a lo largo y ancho del país. Buscan abrir un debate sobre la importancia de blindar la sanidad pública y derogar la normativa que permite la entrada de entidades privadas en el sistema sanitario.

Personal sanitario del Hospital del Niño Jesús, de Madrid, protesta contra los planes privatizadores para el centro. REUTERS
Personal sanitario del Hospital del Niño Jesús, de Madrid, protesta contra los planes privatizadores para el centro. REUTERS

La primera manifestación coordinada a nivel estatal en defensa de la sanidad pública y a favor de la derogación de la ley 15/97, que permite la entrada de empresas privadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), tendrá lugar el sábado 20 de junio. Convocada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), más de 40 localidades de todo el territorio español saldrán a las calles el penúltimo día del estado de alarma. "Desde la organización vamos a intentar mantener la distancia de seguridad y que todo el mundo lleve mascarilla. Si esto es así, entendemos que se reduce considerablemente el riesgo de contagio y que prevalece el derecho de manifestación", explica Antonio Liébana, portavoz del CAS.

Esta movilización será el pistoletazo de salida a una serie de movilizaciones que se espera continua una vez superado el verano. “Visto lo ocurrido con la crisis sanitaria, queremos abrir un debate sobre la necesidad de blindar el sistema sanitario, lo que ocurriría si se derogara la ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad”, continúa Liébana. El activista se refiere a las dos normativas en las que se menciona la posibilidad de que entidades privadas puedan introducirse en el SNS, algo que lleva ocurriendo más de 20 años y que, desde su punto de vista, tan solo parasita, entorpece y sustrae recursos del sistema público.

"En 2018 se gastaron cerca de 8.000 millones de euros en conciertos con la privada, el mismo dinero con el que se podrían haber contratado a 13.000 profesionales sanitarios que hubieran reducido la lista de espera que existe. Según las últimas cifras, las personas que esperan cita con el especialista se sitúan en los dos millones, y otras 700.000 están pendientes de operaciones quirúrgicas", desarrolla el portavoz del CAS.

Unos ejemplos que utiliza para ejemplificar el punto de vista del colectivo convocante, que defiende la derogación del ya mencionado artículo, pues "se ha comprobado cómo no sirve para ayudar a la sanidad pública sino para enriquecerse con ella", en sus propios términos, sin olvidarse de mencionar que las estructuras privadas también pueden introducirse en los complejos sociosanitarios, como las residencias.

La privada vuelve a Madrid

La manifestación de la capital, que los interesados podrán seguir en directo desde Público, comenzará en Atocha a las 20.00 horas y terminará frente al Hospital Niño Jesús, un enclave que no han escogido por casualidad y que ya ha presenciado las primeras movilizaciones a sus puertas. El último anuncio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo saltar las alarmas de la mayor parte de colectivos en defensa de la sanidad pública y de calidad. Tal y como explicitó la popular, la ampliación del centro hospitalario se llevará a cabo mediante el modelo público-privado, denominado PCI. "Es una fórmula muy conocida en la Comunidad. Los propietarios de los hospitales son empresas privadas, a las que la Administración paga un canon económico anual, que depende de la envergadura del propio hospital, durante 30 años como mínimo. Además, la empresa se queda con la explotación del parking y cualquier negocio que esté situado en el lugar", en palabras de Liébana.

Cartel de la manifestación de Madrid en defensa de la sanidad pública.

El portavoz incide que este tipo de construcciones llegan a encarecer el coste de la misma multiplicándola por siete: "En el hospital de Vallecas, también PCI, se ha comprobado cómo, aun habiendo encarecido el coste de la edificación, a los cinco años la empresa ya había recuperado lo invertido, así que a partir de ahí todo han sido y son ganancias para ella", agrega.

El integrante de CAS advierte de que este tipo de convenios son una forma más de privatización. "Entendemos que toda la actividad del SNS tiene que estar en manos de la Administración pública, desde el personal sanitario hasta los servicios de limpieza. Es más, en la Comunidad de Madrid llevamos con muchos de estos hospitales más de diez años y se ha comprobado cómo no han aportada nada a lo que se podría haber conseguido mediante recursos públicos", concretiza Liébana.

Las causas del desmantelamiento de la sanidad

El colectivo convocante siempre se ha mantenido firme en sus reivindicaciones: "Intentamos huir de los discursos genéricos de estar a favor de la sanidad pública y demás, porque eso casi te lo puede decir cualquier partido político. A nosotros lo que nos interesa es ir a las causas del desmantelamiento del SNS, y ahí ver realmente cuál es la posición de las diferentes formaciones políticas".

Al igual que en la capital, en Zaragoza también aprovecharán la coyuntura para desplazarse hasta un enclave en el que se está construyendo un hospital PCI al mismo tiempo que hay camas vacías en los centros sanitarios de la localidad aragonesa. El CAS indica que en cada región se van efectuando diferentes estrategias para "desmantelar la sanidad pública", como lo que ocurre en Cádiz: "Allí han robado 15 especialidades médicas que estaban siendo atendidas por hospitales públicos dándoselas a una empresa llamada Pascual S.A. Es decir, prefieren pagar a entidades privadas para que hagan un trabajo que se podría llevar a cabo perfectamente si con ese mismo dinero se refuerza el SNS", concluye Liébana.

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