Crece el temor entre miles de inquilinos cada vez que llega la fecha de la revisión del alquiler. Dependiendo de la configuración de los contratos, algunos se enfrentan a una subida de precio constante cada año, mientras que otros pueden sufrir grandes incrementos de la renta cada cinco años.

Más de 300.000 hogares firmaron contratos de alquiler de larga duración durante la recuperación de la pandemia, en un contexto en el que el mercado de la vivienda estaba mucho menos tensionado. Cinco años después, la ley recoge que los contratos de alquiler realizados con personas físicas se pueden actualizar, lo que podría provocar que muchos de estos inquilinos pueden recibir un aumento de entre un 20% y un 30% en comparación a lo que han estado pagando.

Aunque dicha actualización es legal, el coste de encontrar un piso o una habitación en pleno verano o antes del nuevo curso obliga a muchos inquilinos a aceptar las nuevas cifras.

La Ley de Vivienda ha previsto limitar la actualización anual de la renta a un 2,2% en base al nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) en aquellos contratos firmados a partir de enero de 2025. Una actualización que debe estar recogida en una cláusula y notificarse por escrito al menos un mes antes de la fecha de renovación. Además, debe acompañarse, si se solicita, del justificante oficial del índice.

No obstante, la ley, publicada al final de la anterior legislatura, no está siendo utilizada por los organismos competentes, las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular. A pesar de que Navarra, Asturias, Galicia, Euskadi y Canarias han solicitado o declarado zonas tensionadas, solo Catalunya ha aplicado medidas para limitar las subidas de precios. 

"Nos respondió que o aceptábamos o que nos íbamos"

Diego, un joven de 24 años, comparte piso desde que empezó a vivir en Madrid. En 2023 firmó con otros tres amigos un contrato de alquiler de un año por 2.000 euros con gastos incluidos en el zona de Delicias, es decir, unos 500 euros por inquilino. Al acercarse el final del contrato, no conocían del todo cuánto podía subirles el casero al renovar, pero intuían que había un límite. "Tampoco nos informamos mucho, pero supuestamente sabíamos que al renovar el contrato lo máximo que podían subirlo era un porcentaje pequeño", recuerda. Sin embargo, al comunicar al propietario su intención de seguir en el piso, se encontraron con una respuesta que no esperaban: "Vale, pero subo el alquiler 200 euros".

Intentaron razonar con él, recordándole que 200 euros era una subida muy alta, pero el rentista les amenazó. "Nos respondió que o aceptábamos o que nos íbamos y dijimos 'pues nos vamos'", cuenta Diego. Los inquilinos firmaron una carta para dejar constancia de que rompían el contrato y comenzaron a buscar piso. Pero en pleno verano ya no había muchos pisos asequibles para cuatro personas. Sin opciones y desesperados a finales de agosto, una de las compañeras, decidió llamar al casero para rogarle que les dejara quedarse sin aplicar aquella subida tan brusca.

La conversación fue casi una súplica. Le explicaron que llevaban semanas buscando sin éxito, que no podían afrontar 2.200 euros al mes y que ya les costaba llegar a los 500 que pagaba cada uno. "Le llamamos un poco para darle pena", admite Diego, "diciéndole que habíamos estado buscando piso, que no habíamos encontrado nada, que por favor no nos subiera tanto el alquiler".

Finalmente, el casero rebajó la subida de 200 a 100 euros. "Creo que no podía subirnos tanto tampoco, pero pensamos que de primeras nos dijo 200 para que al bajar la oferta y que solo nos subiera 100, no nos pareciera tanto", reflexiona. Al final, aceptaron la subida. "No fuimos capaces de encontrar otro piso. Y es que es una locura. 100 euros más son 25 cada uno, y dices, bueno, no es tanto… pero ya estábamos pagando 500".

Juan, de 25 años, firmó en octubre de 2024 la renovación anual de su alquiler en un piso compartido del barrio de Arganzuela (Madrid). En base al contrato, dicho trámite se debía haber realizado en septiembre. "Nosotros le avisamos en verano que íbamos a continuar en el piso un año más y en su momento nos dio el visto bueno", relata Juan. No obstante, llegó septiembre y la casera no daba señales de vida respecto a la firma del contrato. "Por tener un papel firmado al final tuvimos que llamarle nosotros a ella para pedirle firmar la renovación", recuerda.  

Apenas unas semanas después, a mediados de octubre, la casera les entregó un nuevo contrato donde reclamaba cobrar un aumento basado en el IPC interanual, aunque había pasado más de un mes desde la fecha de inicio del nuevo contrato anual y no avisó con el mes de antelación recogido en la ley. "En ese momento nos quedamos un poco flipando. Vino a casa y sin decirnos nada nos dio el contrato y el precio no era el mismo, ya que eran 30 euros más. A pesar de que nos pareció una vergüenza lo que nos hizo, ni nos planteamos salir a buscar un nuevo piso", relata Juan. 

Los inquilinos le exigieron una razón de la subida a la rentista, ya que argumentan que no se habían beneficiado de ninguna mejora en todo el año de contrato e incluso había muchos desperfectos sin solucionar. La respuesta de la propietaria se remitió a señalar que esa actualización estaba en el contrato y que no realizó la renovación en septiembre porque estaba fuera de Madrid. "Tampoco le insistimos mucho porque somos conscientes que el piso está por debajo del precio de mercado y tuvimos el miedo de que no nos aceptara de cara a un futuro", se sincera Juan. 

Historias como estas se repiten en otros territorios del país, ya que, según el Sindicat del Habitatge de Palma, cada vez están recibiendo más consultas sobre prácticas ilegales al finalizar los contratos de arrendamiento como el incumplimiento del tiempo de preaviso para informar de que no les renuevan o el cobro del IPC acumulado. Su portavoz, Miquel Durán, asegura que son cada vez más los inquilinos que pueden pagar un alquiler pero no asumir una subida, a pesar de tener trabajo. 

Estos casos reflejan cómo la falta de información legal, la presión del mercado y la necesidad urgente de conseguir una vivienda colocan a los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad extrema. Aunque existen límites legales respecto a la revalorización del alquiler, muchas veces los caseros aprovechan el desconocimiento o la precarización de sus inquilinos para forzar subidas por encima de lo permitido.