Un activista de la PAH se enfrenta a más de cuatro años de prisión por publicar fotos de la comisión judicial que efectuó un desahucio

Aquella mañana del 26 de marzo de 2019, Diego Catriel Herchhoren se encontraba repartiendo folletos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) junto a una compañera a las puertas del ambulatorio que hay a escasos 30 metros de la casa en la que vivía, como tantas otras veces había hecho. Ubicados en el barrio de El Alamín, en Guadalajara capital, empezaron a ver un gran despliegue de Policía Nacional. Se alarmaron. Pensaban que se trataba del caso del propio Herchhoren, sobre el que pesaba una orden de alzamiento de la vivienda en la que residía. Nunca llegó a pensar que debido a lo que ocurrió a continuación se enfrentara a hasta cuatro años y medio de cárcel y una posible petición de prisión preventiva por la gravedad de las condenas que pide la Fiscalía.

"Al final vimos que la Policía se dirigía a otra vivienda ocupada por un matrimonio muy joven. Él tenía 19 años y ella, 17, y un bebé de unos cinco meses. La familia había ocupado la casa, que estaba en ruinas cuando entraron, y no les habían notificado el desahucio, así que les pilló por sorpresa completamente", inicia el relato el propio afectado. Fue en ese momento en el que tanto él como su compañera subieron a sus respectivas viviendas a ver mejor lo que sucedía.

Desde sus balcones profirieron gritos de repulsa a lo que estaba pasando y, además, lo colgaron en el perfil de Twitter de la PAH Guadalajara. "Casi fue un acto de impotencia por nuestra parte, porque no podíamos hacer mucho más para frenar el alzamiento. Con la policía no hubo ningún conflicto. Ni a mí ni a mi compañera nos identificaron porque no les hizo falta; ya nos conocían", continúa explicando lo sucedido Herchhoren.

Una de las imágenes que la PAH de Guadalajara subió a su perfil de Twitter mostraba los rostros de las dos mujeres y el hombre que formaban parte de la comisión judicial de aquél desahucio acompañándola del texto: "Recordad estas caras. Son los miembros de la Comisión Judicial (...). Son quienes han dejado a una familia hoy en la calle". Así pues, unos pocos días después de que ocurriera, el activista vio en su móvil que tenía muchas llamadas de la comisaría. "Me estaban buscando para entregarme en mano una medida cautelar en la que me exigían la retirada de las imágenes del desahucio", explica. Herchhoren, que es abogado profesional, recalca que la medida no solo les exigía borrar esos tuits, sino que les prohibían volver a publicar imágenes de funcionarios pertenecientes a la comisión judicial bajo un apercibimiento de delito de desobediencia si reincidían.

La publicación fue borrada

Mientras tanto, el juzgado instructor del caso también había solicitado a Twitter la identificación de las IP asociadas a esa cuenta y la retirada de las imágenes de la plataforma. La red social se negó a ello amparándose en la primera enmienda de la Constitución de EEUU, ya que se tratan de datos especialmente protegidos en torno a la libertad de expresión. "Parece ser que alguien denunció ese tuit arguyendo que infringía la política de privacidad de Twitter, por lo que nos suspendieron la cuenta. Desde la red social nos dieron dos opciones para recuperarla: o borrar el post o enviar algunas alegaciones que se resolverían en un plazo de 15 días. Como para nosotros esa red social es muy importante y la necesitábamos activa cuanto antes, acabamos borrando la publicación", comenta el activista.

El atestado policial levantado el día del desahucio le señala a él como autor de las imágenes y responsable de su publicación en la cuenta de Twitter. Por ello, le acusan de tres delitos para los que la Fiscalía le pide las siguientes condenas: injurias con publicidad, con una pena económica de 10 euros diarios durante un año, lo que se podría convertir en 6 meses de prisión si se niega a abonarla; delito contra la intimidad, por el que le piden 3 años de prisión; y otro de desobediencia grave, por el que el Ministerio Fiscal pide una condena de un año de cárcel. "La acusación es completamente delirante porque no hay ninguna injuria en los contenidos que subimos, sin perjuicio de que a la comisión les pudiera molestar el tuit que pusimos. Tampoco hay delito de desobediencia porque sí cumplimos la medida cautelar del borrado del post. Ninguna de las acusaciones está bien sostenida y es precisamente eso lo que más me preocupa porque así es mucho más difícil defenderse", agrega Herchhoren.

La comisión, una "parte oscura del órgano judicial"

Los funcionarios que formaban la comisión judicial aquél día y que fueron fotografiados por la PAH de Guadalajara no se han personado en ninguno de los trámites previos a la apertura de juicio oral, la última fase a la que se enfrenta Herchhoren. "La comisión judicial es una parte muy vulnerable de los procesos de desahucio porque, aunque no son policías, sí ostentan una posición muy importante debido a que son ellos los que deciden in situ si el alzamiento continúa. Esto ha sido una reacción del poder judicial, intentado decirnos a mi gente no la toques", comenta al respecto el encausado.

Desde su punto de vista como letrado, el activista afirma que tiene muy claro en qué consiste la desobediencia, las injurias y el delito contra la intimidad: "En este caso no hay ninguna referencia personas a personas específicas. El texto que pusimos junto a la imagen es el mismo que utilizamos cuando un juez toma una decisión que consideramos injusta o un político se equivoca. Al fin y al cabo, la comisión es una parte oscura del órgano judicial pero también la principal ejecutora de los procesos de desahucio". Sin ir más lejos, la comisión judicial es uno de los principales actores en el momento de un alzamiento ya que pueden pararlo. La PAH, cuando considera que existe posibilidad de frenar el desalojo, acude a la comisión judicial para intentar mediar. Tal y como dice el afectado, "en el desahucio en el que se hacen las fotos no había manera de dialogar con ellos, así que solo protestamos desde las ventanas y difundimos las caras de quien estaba haciendo esa burrada".

Entretanto, Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, mostraba su opinión sobre lo sucedido en su cuenta de Twitter. "Esto es censura. Un juez no puede prohibir con carácter general tomar fotos de un tema. (...) A esta jueza la mandaba yo a repetir mi asignatura de Derecho de la Información. A ver si así aprende a respetar los derechos fundamentales", escribió. Pero el antiguo magistrado del TC no fue el único personaje público que se refirió al caso. También en Twitter, el diputado de Podemos Rafa Mayoral, decía lo siguiente: "La libertad de información y el derecho a un procedimiento judicial público permiten documentar las actuaciones de los funcionarios. Impedirlo limita la democracia y la capacidad de denuncia de quienes como la @PAH_Guadalajara defienden los DDHH".

La prisión preventiva para el acusado

Asimismo, dada la gravedad de las penas que le piden por la imputación de esos tres delitos, Herchhoren podría entrar en prisión preventiva si alguna de las partes lo reclama, en este caso el Ministerio Fiscal, y el juez lo estima oportuno. "No tengo criterio para decir si lo solicitarán, pero tampoco contaba con el procedimiento y en cambio ha salido adelante. Me espero cualquier cosa y la entrada en prisión es una cosa para la que me estoy preparando", añade el denunciado. Además, analiza su caso particular como una estrategia por parte del Estado: "No es casualidad que esto pase ahora, cuando crean comisiones para controlar las noticias que se publican. Quieren censurar informaciones incómodas porque su finalidad es conseguir la paz social basada en el desconocimiento. Si la gente está bien informada, podrá saber que a su vecina la están desahuciando, por ejemplo".

Si pone la mirada en el corto plazo, Herchhoren recalca que las muestras de apoyo y cariño que está recibiendo son "totales". Asimismo, desde la PAH plantean una campaña de difusión de su caso a nivel nacional, y apuntilla: "Nos tememos que el juicio oral, aún sin fecha, se celebre en un momento de confinamiento duro para reducir la capacidad de movilización que tenemos. Vamos, contamos con ello".