Un activista por la vivienda de Barcelona evita su desahucio gracias a la cooperativización de su piso

Nueva victoria del movimiento por la vivienda: Juanjo Hernández se queda en el piso donde ha vivido durante 25 años. Después de haber sufrido todas las consecuencias de la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria, el activista y vecino de Ciutat Meridiana —uno de los barrios con la renta más baja de Barcelona, situado en el distrito de Nou Barris— puede por fin respirar tranquilo. La cooperativa Sostre Cívic, en colaboración con el Sindicat de Llogateres, ha comprado el inmueble de 55 m² por 54.200 euros a Cerberus, el fondo buitre que no quería renovar el contrato a Hernández. De este modo, el hombre pasa ahora a ser un socio más de la entidad y pagará un alquiler por debajo del precio de mercado.

Así lo han explicado este jueves en una rueda de prensa telemática la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, y el miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic y técnico de proyectos, Yabel Pérez. La cooperativa ya había adquirido anteriormente otros pisos vacíos para sacarlos del mercado y evitar dinámicas especulativas, aunque esta es la primera vez que lo hace con un inquilino dentro. "Es una prueba piloto, pero es un mecanismo útil para muchos bloques que están en lucha", ha asegurado Pérez. Según ha explicado, todavía queda "mucho camino por recorrer" a la hora de aplicar este método, pero es necesario que la administración actúe para facilitarlo.

Activista por el derecho a la vivienda en Ciutat Meridiana  

Juanjo es un activista por la vivienda muy conocido en Ciutat Meridiana. Llegó al barrio con su mujer en el año 2000, ampliando la familia y firmando una hipoteca con la ya desaparecida Caixa Catalunya. A raíz del estallido de la crisis, de separarse y de perder el trabajo, no pudo hacer frente él solo a las cuotas de la hipoteca. En esa situación, se aplicó el mecanismo de la dación en pago, es decir, el banco se quedó con su piso a cambio de liquidar la deuda. Después de un tiempo de lucha, consiguió un contrato de alquiler social.

El problema llegó cuando Cerberus compró el piso en 2013 y no quiso renovar el contrato a Juanjo una vez finalizado. Según ha explicado el propio Hernández en una llamada con Público, querían echarlo "sin ningún tipo de explicación". El activista consiguió dos prórrogas y se acogió a las moratorias por la Covid-19 y por la guerra de Ucrania y el incremento de los precios de la energía. Sin embargo, sabía que tarde o temprano intentarían expulsarlo.

"Me puse en contacto con las entidades vecinales y de vivienda de Nou Barris. Estaba implicado en las asambleas, no solo hablaba de mi caso. Escuchaba y ayudaba a los demás, participaba en las actividades, cortaba la Meridiana para reclamar unas condiciones de vida justas", ha contado a Público. Juanjo no solo luchaba por sus propios intereses cuando se afilió al Sindicat de Llogateres hace seis años, sino que apoyaba a sus compañeros y a la gente del barrio que también tenía problemas con la vivienda.

El primer intento de desahucio fue en abril pasado, y el segundo, en mayo. La fuerza de la gente y del movimiento por la vivienda consiguió detenerlos y hacer retroceder a la comitiva judicial. "Parecerá una tontería, pero yo solo quería que mi nieta tuviera una habitación en mi casa. Ahora ya tengo la certeza de que será así. Han sido cinco años de angustia y de estar pendiente de la puerta", ha confesado.

Movilizar la vivienda hacia modelos no especulativos  

Gracias al convenio de colaboración entre Sostre Cívic y el Sindicat de Llogateres se ha evitado definitivamente el desahucio de Juanjo y "se ha garantizado que su casa se destine a un uso social y asequible de manera estable". El acuerdo, firmado en 2023, tiene como objetivo "impulsar procesos de cooperativización en contextos de lucha de inquilinos mediante la cesión de uso y la movilización de vivienda hacia modelos no especulativos". Al mismo tiempo, también pretende incidir en las políticas públicas para fortalecer el modelo cooperativo como una vía para ampliar el parque protegido de vivienda.

La operación ha sido posible gracias a un préstamo del Institut Català de Finances, bonificado por la Agència Catalana de l'Habitatge. Este préstamo, de un máximo de 100.000 euros, lleva años en marcha. "Esto se ha podido hacer porque existen unas políticas públicas. Durante 75 años la vivienda estará en manos de la cooperativa, y Juanjo podrá ser socio y quedarse tanto tiempo como quiera, pagando un alquiler por debajo del precio de mercado. Después, el piso pasará a estar en manos de la Agència Catalana de l'Habitatge", ha apuntado el técnico de proyectos.

Reclaman más medidas a la administración  

Arcarazo y Pérez han celebrado el éxito de la acción, pero han reclamado toda una serie de medidas a la administración para poder replicar con más facilidad este modelo. En primer lugar, "ampliar y actualizar los instrumentos financieros públicos para permitir compras conjuntas con la administración". En segundo lugar, extender el derecho de compra preferente. Esto significa que, si todos los inquilinos de un bloque propiedad de un fondo buitre se ponen de acuerdo, puedan obligar al propietario a venderlo. Según Pérez, ahora mismo solo se puede comprar la vivienda "si los propietarios quieren".

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Y, por último, "apostar decididamente por la movilización de la vivienda existente como vía rápida y eficiente para garantizar el derecho a la vivienda y combatir la especulación". "Esta es la primera victoria de muchas. En un momento en que casi la única apuesta del president Illa es construir, la vía prioritaria debería ser movilizar y adquirir el parque existente, para que cada vez haya más vivienda cooperativa, pública y protegida", concluyó Arcarazo.