Admitida a trámite la querella contra el general y el coronel acusados de acosar a una guardia civil en Lanzarote

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife admitió a trámite este viernes 21 de junio la querella de la sargento del Seprona Gloria Moreno contra dos de sus superiores –el coronel Ricardo Arranz y el general Juan Sánchez Medina, ahora en reserva pero jefes del servicio en el momento de los hechos– por supuesto delito de prevaricación administrativa. Los hechos se remontan a 2017 cuando la agente del servicio de la Naturaleza de la Guardia Civil es sancionada por preguntar sobre el estado de las capturas de los gatos silvestres en la protegida isla de La Graciosa. Según los acusados, la sargento procedió de “modo desconsiderado” ante el Director del Consejo Insular Isla de la Graciosa al preguntar sobre los gatos cimarrones, “insistir dos veces” en conocer qué había pasado con estos gatos y al haber “sembrado la sospecha” sobre las actuaciones del responsable de este espacio protegido.

Se trataba de la primera de las siete sanciones (actualmente ninguna en firme) que le abrirían a la sargento Moreno en la elaboración de sus funciones en la isla de Lanzarote. La sanción, considerada leve, fue impugnada en julio del pasado año por el Tribunal Militar Territorial Quinto al entender que no hubo trato desconsiderado, que el tono fue correcto, que no hubo amenaza de investigación -a sentencia recoge que la sancionada se limitó a decir "tengo que ir a mirarlo"- y desmienten que la sargento insistiera dos veces en la misma pregunta. “El Tribunal estima que no hubo ninguna pregunta irrespetuosa y, el contrario, que tenía un interés público al ser sobre unos gatos silvestres y que no usó ninguna expresión incorrecta”, explica Alejandro Montero, abogado que formula la querella y defensor en varios expedientes de sanción de la sargento Moreno. “Si no había lugar para sancionar a alguien, ¿por qué se le sanciona?”, se pregunta Fernando García, responsable jurídico en el momento de los hechos de la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) a la que pertenece Gloria Moreno.

“Si me sancionan indebidamente, lo demuestro y considero que prevalece su mero voluntarismo sobre la ley, tendrá que tener una responsabilidad”, comenta Montero de nuevo, que no descarta más querella en alguno de los otros seis expedientes que fueron impuestos por el coronel Arranz y el general Sánchez a Moreno en poco más de dos años. “Tendremos que analizarlos uno a uno, pero sí que vemos delito en un caso concreto donde creemos que hay omisión de persecución de delitos”. El abogado se refiere a los hechos que detonaron el segundo, tercero y sexto expediente a la agente. Cuando Moreno se incorpora al servicio, recibe la llamada de la protectora de animales Huella a Huella preguntando por varias denuncias que habían puesto por maltrato hacia varios perros. Cuando se revisa se descubre que las denuncias no están registradas. Se investiga y el primer resultado de estas acciones es la imposición de un expediente por falta grave contra Moreno por “haber incentivado a una ciudadana a poner queja” y un tercero un mes después (falta grave en esta ocasión) por tramitar denuncias de maltrato presentadas por las protectoras. “Se dejó de incoar un atestado cuando era conocedor de cuatro delitos de maltrato animal”, defiende el abogado que se muestra partidario de perseguir acciones que pueden constituir delito.

Apoyo social, denuncias de “cazas de brujas”

“Se está haciendo una caza de brujas con la sargento Gloria Moreno. Ella planteó una respetuosa pregunta y, como dice la sentencia, no cabía a sanción y lo hicieron”, retoma Fernando García, de IGC en referencia al primer expediente. También comentan desde la asociación profesional lo relevante que es esta admisión a trámite por el alto grado de los mandos demandados. “La Justicia suele ser muy cautelosa al procesar a altos cargos, pero no nos pilla de sorpresa porque era un secreto a voces y había mucha alarma social”, asegura. “No puede que esto acabe sin responsabilidad”, explica, comparando las otras sanciones de la sargento con casos flagrantes de omisión o dejación de funciones, con el alto coste económico y anímico que ha tenido para la sargento, según García. “Tiene que tener responsabilidad la parte administrativa que lo ha hecho mal”, concluye.

Mientras se espera la resolución en otros expedientes -como el cuarto (falta grave) por solicitar copia de las declaraciones prestadas por testigos en otros expedientes por maltrato animal; el quinto (muy grave) por investigar las denuncias por irregularidades en la perrera de Arrecife y quejarse el veterinario de esta; el sexto (grave) reabierto y cerrado por la misma causa que el tercero y el séptimo (muy grave) por supuesto acoso a tres agentes subordinados que después serían sancionados por no tramitar las cuatro denuncias por maltrato animal (y que está pendiente de confirmación). De todos ellos, el cuarto está recurrido en el Tribunal Militar, mientras que el segundo, tercero y sexto han sido ganados por la sargento, el quinto archivado por caducidad y el séptimo está en instrucción.

Sanciones en lugar de medallas

A esta situación se le une la petición de cuatro años de cárcel y su inhabilitación especial para el Seprona por parte de la Fiscalía de Arrecife que la acusa de “falsedad documental” por unos hechos ocurridos en 2015. Pocos meses después de que Gloria Moreno, natural de Segovia, fuera destinada a Lanzarote en 2014, ella lideró una de las operaciones más importantes contra el furtivismo en las islas. Se realiza una intervención junto al Servicio Marítimo de Fuerteventura que acabaría con 19 hombres denunciados. Las repercusiones fueron grandes puesto que la pardela es un ave con una alta protección en las islas y porque los detenidos son personas poderosas como empresarios, constructores y hasta un policía nacional. Hace a penas un mes llegó la sentencia considerada como histórica en las islas: pena máxima para 10 de los detenidos por un delito contra la fauna. Multa máxima de 24 meses de sanción, a la que aplica una cuota diaria de 12 euros, lo que hace que cada uno de los condenados tenga que pagar 8.640 euros.

La sargento en lugar de recibir premios por su acción, recibe una denuncia. Pese a las denuncias de la población y las organizaciones ecologistas y en defensa de los animales, era la primera vez que se lograba denunciar a tantas personas relacionadas con el furtivismo de esta especie. Por eso, cuando a Gloria Moreno le advierten que los furtivos podrían tener alguien dentro de la Guardia Civil que pudiera estar dando el chivatazo de las operaciones policiales, la agente no duda en informar por escrito al coronel ahora procesado por prevaricación. Este acto es justo el que la fiscal considera “falsedad documental” al asegurar que Gloria Moreno eleva este documento “a sabiendas de que sus manifestaciones no se correspondían con la realidad (...) y en las que le atribuía la comisión de unas irregularidades en el ejercicio de sus funciones al Guardia Civil Miguel Ángel Padial Ortiz destinado en el mismo destacamento del Seprona de Lanzarote, y por lo tanto subordinado de la acusada". Precisamente este agente es uno de los que acusa a Moreno de acoso en su último expediente sancionador pendiente de instrucción.

Desde Público no ha sido posible ponerse en contacto con el departamento de Prensa de la Guardia Civil en Madrid ni con la Comandancia de la Benemérita en Canarias.