Del mismo modo que el acoso fascista a Mónica Oltra en la puerta de su casa no fue un escrache, la concentración contra el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, convocada por Arran en la nueva sede del PP en Sant Cugat tampoco lo ha sido. Pero la mayoría de los medios de comunicación insisten en no llamar a las cosas por su nombre y así poder utilizarlas como arma arrojadiza dentro del juego del "y tú más". No son pocos los medios que han aprovechado este episodio para recordar la campaña de escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a diputados del PP, poniendo al mismo nivel a la extrema derecha violenta y fascista y al colectivo que dio la batalla para impedir que miles de familias se quedaran en la calle y hasta el cuello de deudas tras un desahucio.

Decía el filólogo y profesor alemán Victor Kemplerer que las palabras contienen una dosis ínfima de arsénico. “Uno las consume sin darse cuenta y sólo pasado el tiempo ejercen su efecto letal”, escribió en su libro LTI. La Legua del Tercer Reich. El autor alertaba del mal uso intencionado de las palabras por la propaganda nazi, y de cómo este mal uso acaba por vaciarlas de contenido o, peor aún, otorgándoles un significante distinto. Casi siempre opuesto y, en la práctica, aterrador. El libro fue publicado en 1947, años después del holocausto, y narraba en forma de diario la frustración de este profesor despojado de su título universitario por su condición de judío que acabó trabajando en una fábrica mientras Hitler reeducaba a toda una nación, con ayuda de Goebbels, en el odio más descarnado.

Años después, George Orwell hacía un ejercicio similar inventando la neolengua en su novela 1984 para criticar la imposición del pensamiento único estalinista. Sólo había que eliminar los significados positivos de las palabras para que la gente pudiera utilizarlas sin menoscabar los principios del régimen soviético ni incurrir en un delito de pensamiento. Es decir, llevar la propaganda a cada minuto del día a día.

La vía argentina

Desde que la palabra “escrache” se instaló en nuestro vocabulario en 2013, su significado ha cambiado, tanto en sentido connotativo como en el denotativo. No es un término antiguo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lo tomó prestado de la Argentina posdictadura, donde se acuñó en los años 90 con el objetivo de señalar a los genocidas que llevaron a cabo de forma sistemática y, entonces, con total impunidad, el exterminio de la oposición política: asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y represión a todo disidente del régimen de terror instaurado por Videla.

Tras la caída de la sangrienta dictadura, Videla fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos durante su mandato. Pero en 1990 fue indultado por el Gobierno de Carlos Menem. Previamente, en 1985, el Gobierno de Alfonsín aprobó la ley de obediencia debida en 1985, que, junto con la ley de punto y final, dejaba en libertad a la mayoría de represores de la dictadura porque sólo cumplían órdenes de sus superiores. Pero las víctimas no estaban dispuestas a que en Argentina ocurriera lo mismo que en España.

Hartos de convivir y cruzarse a diario con los represores, asesinos o torturadores de sus familiares más cercanos, la sociedad civil organizada puso en marcha una campaña de señalamiento público de estos criminales. Lo llamaron “escrache”, que en Argentina significa “golpear a una persona fuertemente hasta derribarla” y, también, “decir algo de una persona que la perjudica o la deja mal vista ante otras personas”. Se trataba de ejercer una “condena social” a falta de una condena judicial que hiciera justicia, reparase a las víctimas y asentara la verdad histórica cuando la democracia se impone al totalitarismo.

El primer escrache

Jorge Luis Magnacco junto al dictador argentino Jorge Rafael Videla, durante el juicio por crímenes de lesa humanidad en 2011.

El primer escrachado fue Jorge Luis Magnacco, conocido como El partero. Durante la dictadura se encargó de asistir los partos de las detenidas políticas en la oscura Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), un centro de detenciones clandestino de disidentes políticos. Pocos de los que entraron allí salieron para contarlo. Magnacco estuvo al mando del robo sistemático de bebés de las secuestradas y desaparecidas. Sin embargo, en 1996, la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) le grabó en vídeo paseando y yendo de compras por su barrio de Buenos Aires. “Magnacco tiene las manos manchadas de sangre, la de los bebés nacidos en la ESMA durante el cautiverio de sus madres detenidas-desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, y es uno de los que saben dónde están esos hijos que aún no conocen su identidad, pero sigue fiel a los pactos de silencio”, denunció HIJOS. Su denuncia acabó en condena, pero en 2013 volvieron a grabarle paseando por Buenos Aires pese a su orden de arresto domiciliario.

El de Magnacco es sólo uno de los cientos de escrachados en Argentina. El objetivo era dejar patente a los vecinos de un barrio que entre ellos paseaba con total impunidad un criminal que debía estar en prisión tras ser juzgado por un tribunal democrático. Lo más parecido que se ha hecho en España ocurrió en 2015, cuando un equipo de La Sexta localizó a Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, uno de los mayores torturadores del final del franquismo. “Déjenme en paz”, le dijo a los periodistas antes de refugiarse en su casa al ser preguntado por los periodistas. No hay ninguna condena contra él, España no ha investigado sus crímenes, aunque en Argentina sí que está imputado por delitos de lesa humanidad gracias a la querella argentina por los crímenes del franquismo.

El señalamiento de la PAH

Es difícil extrapolar el caso argentino a la España de 2013, cuando se comenzó a hablar de escraches a políticos en los medios de comunicación. Fue la estrategia de la PAH para presionar a los diputados del PP y conseguir que votaran a favor de la Iniciativa Legislativa Popular de esta plataforma contra los desahucios. Habían recogido más de un millón de firmas y finalmente fue tumbada en el Congreso por la mayoría absoluta de los conservadores.

No había una dictadura política en España ni un régimen de represión y exterminio del disidente político, pero aquella campaña de la PAH colocó el drama de los desahucios en las portadas de los medios internacionales. En todo el mundo occidental aparecían historias de familias trabajadoras que perdían sus casas a diario por impagos de la hipoteca. La crisis económica arrasó con los empleos de las clases medias que, gracias a los préstamos de los bancos, habían adquirido una vivienda en tiempos de bonanza y burbuja del ladrillo regada con crédito fácil en una espiral de crecimiento económica tan perversa que pasará a la historia como la peor depresión económica desde el crack de 1929.

Un manifestante porta un cartel a favor de la ILP de la PAH mientras se dirige a casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en 2013. -JAIRO VARGAS

Años después de la crisis de los desahucios, estos se siguen produciendo, pero la PAH primero y la justicia después han dejado claro que la banca abusó de sus clientes y que nunca evaluaron si éstos podían hacer frente a sus préstamos, en muchos casos, plagados de cláusulas abusivas. La ILP ponía sobre mesa una solución: alquileres sociales, paralización de los desahucios de primera vivienda y la dación en pago como método de liquidar la deuda con la entidad financiera. Los desahuciados, además de perder la casa que llevaban pagando años, se quedaban con gran parte de la deuda contraída porque la casa que entregaban ahora valía incluso menos de la mitad que cuando la compraron. Esas son las reglas del mercado.

En la calle, la sociedad civil organizada ya apuntaba los culpables de la crisis, que empezó a llamarse “estafa”, y protestaba contra “la dictadura de los mercados” que exigía recortes en el gasto social mientras se rescataba con decenas de miles de millones de dinero público a los mismos bancos que provocaron la crisis. La PAH fue uno de los actores fundamentales en el señalamiento de los culpables de este expolio y sus consecuencias: “Hay vidas en juego”, advertía Ada Colau, entonces portavoz de la PAH y hoy alcaldesa de Barcelona, quien no dudó en llamar “criminal” en el Congreso de los Diputados al vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, que asistía a la presentación de la ILP.

Ya se contaban varios casos de suicidios de personas que iban a ser o habían sido desahuciadas, y eran miles las familias que se quedaban en la calle y con una deuda de por vida. A día de hoy, el Banco de España da por perdidos 42.590 millones de los 56.865 que el Estado inyecto a la banca. Los escraches de la PAH ponían sobre la mesa que los diputados del PP eran cómplices de ese atropello y responsables de un drama social. Una vez más, se realizaba una condena social ante decisiones que marcaban de por vida a miles de familias. Se hicieron escraches en la puerta de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría; en la del presidente del Congreso, Jesús Posada; varias veces al propio Mariano Rajoy durante actos oficiales en Barcelona e, incluso, a la presidenta del banco malo, la Sareb, donde se colocaron todos los activos tóxicos inmobiliarios de los bancos. Hoy, esta entidad se anuncia en prime time en la televisión como una empresa líder en el sector inmobiliario con buenos precios para inmuebles sin estrenar.

La estrategia: vincular el escrache con la violencia

Querían dejar patente a los vecinos que esos políticos eran responsables de los desahucios de sus vecinos. Una vez que los diputados votaron en contra de la ILP, la PAH puso punto y final a los escraches. “Ya no tienen sentido”, explicaban los activistas.Entonces llegó la neolengua del PP contra el escrache. Mariano Rajoy los tachó de “profundamente antidemocráticos”. La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en Madrid, los calificó de actos nazis, los relacionó con ETA y les puso la etiqueta de “violentos”, pese a que no se registró ningún incidente durante las decenas de escraches que la PAH llevó a cabo. El argumentario era el mismo para todos los cargos públicos del PP. Interior pidió a los policías borrar la palabra escrache de los informes, el comisario Pino ordenó a sus mandos policiales usar las palabras "acosos, amenazas y coacciones", según denunció el SUP; y el Ministerio de Justicia buscó sin éxito cualquier resquicio legal para que la Fiscalía pudiera emprender acciones legales contra los activistas.

Esas declaraciones unidas a varias querellas que acabaron en nada cambiaron el significado y el significante del escrache. Dejó de señalar a culpables de un agravio y de exigir un derecho o una conquista social para convertirse en lugar común, en un calificativo más con el que etiquetar cualquier protesta, de cualquier signo político y con cualquier fin, al tiempo que e cubría de un halo de violencia.

Escraches que no eran escraches

Incluso acciones que tuvieron lugar antes de que la PAH popularizara esa palabra acabaron por recordarse con el nombre de escrache por determinados medios de comunicación y, por extensión, entre la sociedad. Un claro ejemplo fue el boicot de un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid a una charla de Rosa Díez en 2010, tres años antes de que nadie en España supiera que la palabra escrache existía.

Entre los que sacaron la tarjeta roja a la exlíder de UPyD estaban el líder de Podemos, Pablo iglesias, e Íñigo Errejón, entonces unos sencillos profesores de la universidad. Fueron varios medios conservadores los que rescataron aquel episodio años después, cuando Podemos se convirtió en una amenaza política para el bipartidismo. Lo llamaron escrache con el objetivo de vincular a Podemos con la violencia e, incluso, con ETA, después de que Cifuentes hubiera abonado ese terreno. El propio Iglesias explicaba que aquello no fue un escrache. Era un acto de repulsa, un boicot, una protesta. Así titularon los medios en 2010, cuando los hechos tuvieron lugar. Así titulaban antes, cuando un grupo de estudiantes increpaba a Josep Piqué en 2008 por la relación de España con los vuelos de prisioneros de la CIA a la cárcel de Guantánamo.

Antes de la PAH, los medios hablaban de protesta o de grupos que increpan a un enemigo político. De pitidos, de abucheos, de bronca. De insultos, de acoso, de hostigamiento. Pero desde entonces la palabra escrache ha quedado tan prostituida que los periódicos y los dirigentes políticos la usan indistintamente y sin rubor tanto en casos de hostigamiento fascista, como el sufrido por Oltra, como en concentraciones en las que se simplemente se increpa y se insulta a alguien, como la sufrida el jueves por Albiol. Tanto para las protestas ciudadanas contra las cargas policiales del 1-O como para las protestas frente a las sedes de Ciudadanos durante la huelga general convocada el 3 de octubre en Catalunya. Los han utilizado durante el acoso con intento de agresión al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, José Javier Barbero, por parte de los antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid, que protestaban contra la decisión de eliminar ese cuerpo policial. Lo vimos en 2012, cuando un grupo de personas insultó, increpó y acosó a Cifuentes tras la represión en Madrid de las protestas ciudadanas, hasta el punto de que tuvo que refugiarse en un restaurante. Ninguno de estos episodios era un escrache.

El arsénico del que hablaba Klemperer ya está surtiendo efecto. Todos los medios han aprovechado el acoso a Oltra para recordar que Gonzalez Pons y otros políticos valencianos del PP también sufrieron los escraches de la PAH en sus casas, equiparando un acto de intimidación fascista con un campaña de presión para que se aprobara una ley en beneficio de un colectivo social. Para los medios, los neonazis de España 2000 son hoy tan fascistas como la PAH de Ada Colau.