MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo concluye que Àngels Vivas, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, fue discriminada en el proceso de elección del presidente de la Audiencia Provincial de la ciudad Condal por razón de sexo.

La magistrada, una de las firmantes del manifiesto de jueces catalanes a favor de una consulta, presentó dos recursos -uno por discriminación por razón de sexo (artículo 14 de la Constitución) y otro por discriminación contra la libertad ideológica y de opinión (artículos 16 y 20 de la Constitución)- ante el Supremo contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nombrar presidente de la Audiencia de Barcelona a Antonio Recio, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y quien contaba con menos antigüedad.

La Fiscalía ha apreciado solo la primera primera vulneración relaciconada al derecho fundamental a la igualdad, por razón de sexo, mientras que en la segunda ha alegado que Vivas se había producido por haber sido la firmante del denominado Manifiesto de los 33, que defendía el llamado “derecho a decidir” en Catalunya, según informa Confilegal.

Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo han explicado que “cuando se trata de un proceso de derechos fundamentales, hay que funcionar al revés. En estos casos, entendemos que, a igualdad de méritos entre el hombre y la mujer, la mujer debe ser elegida. Cuando los méritos del hombre sean mayores, el hombre debe ser el elegido”.

Por lo tanto, en base a esto, en la elección de Recio no sólo no se respetó la regla de preferencia de la mujer sino que, además, no existió motivación alguna.

El informe de la Fiscalía sigue la doctrina de un caso similar a este, en el que el Pleno de la Sala Tercera anulaba el primer nombramiento de Miguel Pascual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por incumplir su propia política de igualdad al haber nombrado a un hombre en vez de a una mujer, en ese caso, la magistrada Pilar Alonso, según recuerda Confilegal.

En dicha sentencia se afirma que esta política supone una normativa que está llamada a "tener una funcionalidad real, y esa funcionalidad se hace más acuciante cuanto más tiempo va transcurriendo desde que entró en vigor”.

El grupo de magistrados y magistradas que votaron en contra de del nombramiento de Miguel Pascual de Riquelme recriminó, de forma especial, al ponente que no hubiera empleado ni un minuto de esa defensa en abordar la perspectiva de género, obviándola por completo.