Este año que se va no ha sido el mejor para los migrantes y refugiados ni en España y en Europa. El mar Mediterráneo ha vuelto a tragarse las vidas de más de 3.000 personas que buscaban en el viejo continente un futuro mejor, lejos del hambre y de la guerra. Es el cuarto año consecutivo en el que se supera la escandalosa cifra de los 3.000 fallecidos. Son más de 15.000 desde el 2013. Europa se blinda ante el éxodo humano y deposita en terceros países —algunos sin siquiera Estado, como Libia— las funciones de control migratorio, algo que deja a los migrantes totalmente desprotegidos ente los abusos, la violencia y la trata.

España ha sido pionera y banco de pruebas de la 'Europa fortaleza'. A continuación, repasamos diferentes medidas del Gobierno y las instituciones dirigidas contra la población migrante, ya sea en tránsito o residente en España. 

España, condenada por las devoluciones en caliente

El pasado octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por una de las prácticas más habituales en las vallas de Ceuta y Melilla, las devoluciones en caliente. Consisten en devolver inmediatamente a los migrantes que han logrando superar el vallado fronterizo con Marruecos, sin identificar ni preocuparse por la situación del migrante ni abrir un procedimiento judicial que dicta su expulsión del país. La Corte de Estrasburgo dio la razón a dos migrantes subsaharianos que fueron devuelto en 2014. Consideró que se trataba de "una expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Fueron expulsados "contra su voluntad" y "sin ninguna medida administrativa o judicial previa", vulnerando así su derecho a presentar un recurso.

Pese a las repetidas advertencias de ONGs, abogados, la ONU y el Defensor del Pueblo, España intentó convertir en ley una ilegalidad mediante la figura del rechazo en frontera. Lejos de hacer autocrítica y rectificar ante esta condena, el Gobierno insiste en que respeta los derechos humanos y se niega a derogar el rechazo en frontera de la Ley de Extranjería.

Refugiados, una promesa incumplida

El papel de España ante la mayor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial también ha dejado mucho que desear. Ha incumplido el programa de cuotas de reasentamiento y reubicación de refugiados que puso en marcha Bruselas, una medida impulsada sobre todo por la canciller alemana, Angela Merkel, que se ha convertido en uno de los grandes fracasos europeos de los últimos años. Casi ningún país ha cumplido las cuotas de acogidas que comprometió, pese a que tuvieron dos años para hacerlo después de que compraran a Turquía el bloqueo de la ruta.

En concreto, España se comprometió a acoger desde Grecia e Italia y países como Líbano, Jordania y Turquía a casi 16.000 personas refugiadas. Estaba obligada a reubicar desde Italia y Grecia a 9.320. A cierre de plazo, en septiembre, sólo había cumplido su promesa con 1.257 personas que huían, sobre todo, de la guerra en Siria. Aunque siguen llegando personas a España, esta cifra se ha estancado en 1.328 personas reubicadas, según los últimos datos del la OIM.

Archidona: la confirmación de que los CIE son cárceles de inmigrantes (e incluso de menores)

El pasado noviembre, una oleada de pateras procedente de Argelia inundó las costas de Murcia y Andalucía. Más de 500 personas llegaron en un solo día a Cartagena. Ante el repunte de llegadas de pateras, que este año ha duplicado, como mínimo, a las del año anterior, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el programa de ayuda humanitaria del Gobierno se han visto claramente desbordados. El Minsterio del Interior decidió internar en el centro penitenciario Málaga II, en Archidona, a casi 600 argelinos recién llegados y convirtió esta cárcel, aún sin estrenar, en un "CIE temporal".

Numerosas ONG y la oposición política criticaron esta medida del Gobierno, ya que la propia Ley de Extranjería prohíbe expresamente que se interne a inmigrantes irregulares en centros de carácter penitenciario. Recordemos que son personas que no han cometido ningún delito, sino tan solo una falta adminstrativa: entrada irregular en un país.

La gota que ha colmado el vaso de la indignación política y social llegó el pasado viernes, cuando agentes de policía que custodian a los internos del esta prisión racista hallaron ahorcado a uno de ellos. Un hombre argelino de 36 años que, tras burlar a la muerte en la travesía en patera, al parecer, decidió matarse tras casi dos meses encerrado en Archidona antes que ser deportado de nuevo a Argelia.

También han clamado contra la reclusión de menores —hasta nueve menores han estado encarcelados en esa prisión durante casi dos meses—  en Archidona. Las deportaciones de estos migrantes ya ha comenzado, pero se teme que el Gobierno aproveche la coyuntura para hacer de Archidona un nuevo CIE, ya que Interior contemplaba la construcción de uno de estos centros en Málaga. En cualquier caso, el carácter penitenciario de Archidona confirma lo que muchas organizaciones llevan tiempo denunciando: los CIE son cárceles racistas en el corazón de Europa.

No habrá sanidad para inmigrantes 'sin papales'

En 2012, el Gobierno del PP decidió acabar con el llamado "turismo sanitario" con un decreto que, de paso, dejó sin tarjeta sanitaria (sin poder ir al médico)más de 800.000 personas migrantes que se encontraban en España en situación irregular, es decir, sin papeles. Pese al rechazo social, político e, incluso de los propios profesionales de la salud, que hablaban de un apartheid sanitario, el Gobierno no devolvió la tarjeta sanitaria a los indocumentados, aunque aseguró que podrían volver a utilizar la atención primera, y no sólo las urgencias.

Diferentes autonomías, incluida la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes intentando ser el verso suelto del PP, han elaborado diferentes decretos sanitarios para devolver el derecho a la salud —la sanidad universal—, a los migrantes. Sin embargo, aquel decreto racista de 2012 fue avalado por el Constitucional, el mismo tribunal que hace pocos días ha tumbado el decreto valenciano y, pocos días antes, el decreto de Euskadi. Según el Constitucional, las iniciativas autonómicas vulneran la competencia del Estado para establecer “el ámbito objetivo y subjetivo de la materia Sanidad y Seguridad Social”. Sólo el Estado puede decidir a quién se atiende y a quién no en los centros de salud de toda España.

Helena Maleno, acusada de tráfico de personas

A principio de mes, la activista, periodista, investigadora y experta en migraciones y trata de mujeres Helena Maleno, fue citada a declara en un tribunal marroquí acusada de un delito internacional de tráfico de personas y por fomentar la inmigración clandestina. Una investigación que, al parecer, fue impulsada por España en 2012.

Maleno, según las palabras del personal de Salvamento Marítimo, es la persona que más vidas a ha salvado en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán. Su implicación en la lucha contra las políticas migratorias de España y de la UE le ha llevado a elaborar un sistema de alertas para que cualquier embarcación cargada de personas que se encuentre a la deriva en el mar sea localizada y rescatada por Salvamento Marítimo.

Sin embargo, su activismo ha puesto al descubierto las prácticas de la Guardia Civil y las autoridades españolas y marroquíes. Ha denunciado vulneraciones de derechos humanos y ha documentado, incluso, la responsabilidad de la Guardia Civil en la muerte de inmigrantes en el mar. Según denuncian numerosas ONG, esta causa en una persecución clara contra una de las personas que más ha velado por la vida y el bienestar de quienes no tienen otra alternativa que buscar en España más suerte que en sus propios países.