El 2 de febrero el Congreso aprobó con 187 votos a favor la transferencia de la Autopista del Atlántico a Galicia. La AP-9 articula la franja costera de la comunidad y sus elevados precios son la principal razón que esgrimen PP, BNG y PSdeG-PSOE para iniciar un proceso que se está haciendo largo. De momento, el proyecto de ley continúa la tramitación legal por si hubiese enmiendas totales o parciales. Los grupos más positivos cuentan con que en junio, antes de que finalice el período de sesiones, pueda estar finalizado el traspaso.

El documento que estudiará la Mesa del Congreso y que después tendrá que trasladarse a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta para estudiar en qué condiciones se procede el cambio de dueño fue redactado por los grupos del Parlamento gallego, PP, BNG y PSdeG-PSOE, y fueron a defenderlo a la Cámara en febrero. Es una proposición de Ley Orgánica basada en que la AP-9 "mantiene unos peajes desorbitados, los cuales limitan el acceso a esta vía a las personas con menos recursos y lastran el desarrollo de sectores económicos gallegos". Por ejemplo, viajar de Ferrol (A Coruña) a Tui (Pontevedra), poco más de 200km, cuesta 22,30 euros sólo ida para vehículos ligeros. Ir de A Coruña a la capital gallega, Santiago de Compostela, es un viaje de menos de una hora y cuesta 7 euros.

De esta manera, la propuesta de ley transferiría a la Administración gallega las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, explotada por Audasa. Las funciones que prevén llevar a cabo los grupos políticos gallegos nada más se haya realizado el traspaso serán la puesta en marcha de nuevos tramos, reformas, la inspección del funcionamiento de la autopista, la posibilidad de sancionar por incumplimientos de la concesionaria en la explotación, o, lo más esperado, las modificaciones sobre la actualización y supresión de tarifas y peajes. Asimismo, también estipula que el Gobierno central se haga cargo de las "repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia". La conselleira de Insfraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, pidió además al Ministerio de Transportes que la transferencia tiene que venir "acompañada de la dotación económica y técnica necesaria para realizar todas las mejores previstas, tanto de seguridad como de ampliación".

El acuerdo que firmó el PSOE con el BNG para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez incluía precisamente varios compromisos sobre la infraestructura: aprobar la citada ley elaborada por el parlamento autonómico, abordar la rebaja de peajes como la bonificación del 100% para usuarios recurrentes, particulares y profesionales, la gratuidad del tramo Vigo-Redondela y la eliminación del impacto del incremento extraordinario de tarifas acumulativo durante 20 años. Este coste correría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se aplicaría a partir de la aprobación de los mismos de 2020. Debido a la pandemia, los procesos legislativos fueron al ralentí y el periodo de sesiones empezó más tarde.

En el pacto de investidura radicaba que los descuentos comenzarían a aplicarse en el momento que estuviesen aprobados los presupuestos del año 2020, y a pesar del parón por la covid-19, el BNG sostiene que ya se tendrían que haber puesto en práctica toda vez que se aprobasen los de 2021. Estos PGE incluyen una partida de casi 55 millones para abaratar las tasas y suprimir la subida anual de las mismas, así como 1,5 millones para la gratuidad del tramo Vigo y Redondela (un viaje de 17 minutos) y 3,4 para la supresión de la subida acumulativa anual de los peajes del 1%. Este año la Autopista del Atlántico protagonizó el incremento más alto de todo el Estado con un 0,92%, ya son cuatro años consecutivos de encarecimiento: 2,15% en 2018, un 3,51% en 2019 y un 2,69% en 2020.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, cuenta a Público que el Gobierno justifica la dilación por tener que negociar con Audasa. "Tuvieron un año para negociar. El Gobierno está demorando intencionadamente esa aplicación para reducir el impacto económico que pueda tener en el año 2021. Las medidas ya tenían que haber entrado en vigor, pero inexplicablemente no fue así. El argumento no nos vale".

El departamento dirigido por José Luis Ábalos pretende fijar un número de viajes mínimo a la semana o al mes para convertirse en usuario "recurrente" y acceder a la rebaja de los peajes, y así lo está estudiando con Itínere, la empresa matriz de la concesionaria de la autopista. Hace unas semanas Ábalos mantuvo una reunión con el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, el cual le pidió la "celeridad" y "todos los esfuerzos" para acometer la "rebaja histórica" que tiene previsto hacerse realidad este año. Caballero, en el Parlamento gallego, criticó que "si no fuera por el PP, dentro de dos años ya no habría peajes en la AP-9". El Gobierno de Aznar amplió la concesión hasta 2048 y Rajoy vetó la transferencia durante su mandato.

Durante el bipartito PSdeG-BNG (2005-2009) los partidos de la Xunta ya pidieron las competencias y el PPdeG comenzó a apoyar en 2007 la nacionalización de la autopista que su partido privatizó. El diputado popular en el Parlamento gallego, Diego Calvo, esgrime que un mes después de su admisión en el Congreso no encuentra "razón" para que las bonificaciones de los peajes no se pongan en marcha. Además, sostiene que a la vez que se tramita la ley se puede rebajar las tasas y mantener reuniones en la comisión de la AP-9 creada hace varios años donde está presente Xunta y Ministerio, pero Calvo cuenta que solicitó hasta "cinco reuniones" con el Gobierno y que no han sido posibles. "Es un proceso que va a necesitar su tiempo y podemos ir avanzando, aprobar la propuesta de ley no supone la transferencia inmediata", alega. El miércoles de la semana que viene el ministro de Transportes se reunirá con el presidente de la Xunta para abordar la materia.

A pesar de algunas discrepancias, los partidos gallegos se han puesto de acuerdo y consideran que la autopista ya está más que amortizada. Que esta infraestructura sea tan cara provoca que la población evite sus vías y acuda a carreteras convencionales, lo que incrementa su tiempo de viaje, la sobrecarga en el tráfico y aumenta el riesgo de accidente. El PP y el BNG creen que el Gobierno central no ve esta parte y que la liberación de peajes tendría un efecto positivo en la reducción de los costes sociales y la mejora de la competitividad. De momento, lo único que ve la población que usa la AP-9 (sobre 22.000 vehículos al día) son los tickets del peaje que se acumulan en sus carteras, que al final de mes para algunos usuarios pueden ascender a los 200 euros.