Menores sin escolarizar en melillaEl 'apartheid' educativo de cientos de niños de padres sin papeles en Melilla

En España hay niños en edad escolar que no pueden ir al colegio aunque quieran. Sucede en Melilla, y los afectados son cientos de niños de padres migrantes, sobre todo personas de origen marroquí que llevan viviendo en la ciudad durante décadas pero que no han podido regularizar su situación y que ya sufrieron este apartheid educativo durante su infancia. Ahora, sus hijos son niños que no tienen papeles porque sus padres no tienen papeles, aunque han nacido en la ciudad y han residido en ella desde siempre. Una herencia desafortunada.

Así lo ha denunciado José Palazón, presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), que el pasado año ya dio la batalla para que al menos 160 menores de entre ocho y 14 años pudieran ir a clase. Le costó esfuerzo, recuerda. Llevó a cabo una recogida de firmas y se plantó en Madrid, en la sede del Ministerio de Educación para entregarlas. Eran casi 100.000. Tras meses de denuncia y de manifestaciones diarias de los propios niños, que gritaban en frente a la Delegación del Gobierno en Melilla “queremos ir al colegio” con sus mochilas a la espalda, el Ministerio de Educación de un recién llegado gobierno socialista reconoció la situación. La dirección provincial de Educación se puso en coordinación con los servicios sociales y los centros educativos de Melilla y los niños pudieron recibir sus clases, tal y como contempla la ley. Este año la situación amenaza con repetirse a la vista de los excluidos de las listas provisionales de admitidos en los colegios. Según cálculos de esta asociación, son alrededor de 400 los menores excluidos a priori de una plaza educativa.

La traba, una vez más, es burocrática, relata Palazón. Para poder matricularse, los niños tienen que estar empadronados en la ciudad autónoma, pero esta pescadilla se muerde la cola y nunca puede salir de este círculo excluyente que, para Palazón, tiene serios tintes de racismo institucional, no tanto por parte del Ministerio de Educación —que tiene las competencias educativas en Ceuta y Melilla—, sino por el Gobierno de la ciudad autónoma, que ejerce el PP desde hace dos décadas: "Sin padrón no puedes pedir los papeles (permiso de residencia) y sin papeles no puedes registrarte en el padrón municipal, al menos es así en Melilla, donde es totalmente imposible empadronarse si no se es español de nacimiento", describe el activista. Sin padrón tampoco hay forma de matricularse en ningún colegio de la ciudad, algo que no suele ocurrir en otras ciudades de España, insiste.

Palazón recuerda que Melilla y Ceuta son las únicas ciudades en las que, para solicitar el padrón, debes demostrar una situación regulada mediante algún documento que lo acredite, como el permiso de residencia. Una medida que se introdujo hace tres años tras una reforma del Gobierno del PP. Desde entonces, los menores de padres sin papeles tienen este problema en la ciudad autónoma, lamenta. Aunque según está documentando Palazón, este año se están denegando plazas de niños que sí está registrado en el padrón.

Prodein afirma que son muchos los casos —su organización ha gestionado más de cien solicitudes y tiene constancia de cientos más— de familias que han solicitado este año su plaza en los centros, que son lo que hacen una primera criba, y que les ha sido denegada por este motivo o no aparecen en las listas de admitidos. "Se dan casos en los que un niño pudo escolarizarse el año pasado y su hermano no puede hacerlo este año con la misma documentación", critica Palazón. El pasado año, el Defensor del Pueblo también alertó de esta situación y exigió que no se vulnerara el derecho a la educación de estos menores residentes en España. El Gobierno central tomó cartas en el asunto y logró que se escolarizaran casi 200 excluidos, aunque no faltó la polémica.

Una campaña marcada por la "marroquinización"

La situación de estos niños, "camuflada en un interés falso por la educación", añade Palazón, ha marcado la campaña de las elecciones municipales en la ciudad. Desde que el PSOE llegó al Gobierno y movió ficha por la escolarización de estos niños con algunos cambios en los requisitos, los ataques por parte del PP melillense han sido palpables y han ido subiendo de tono con la campaña electoral. Prueba de ello fue la reciente querella contra director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, a cuenta del proceso de escolarización de este año. Era la segunda, ya lo hicieron en 2018. En ambos casos alegan “prevaricación administrativa” por cambiar los requisitos para matricular a los niños.

"Son extranjeros en su propia ciudad, en la que han nacido"

Según los dirigentes del PP local, esta medida iba a suponer “la marroquinización de la ciudad” e iba a aumentar la ya alta ratio de alumnos por aula en la ciudad. Sin embargo, Palazón recuerda hace más de diez años que no se construye un colegio en la ciudad a pesar de que la población aumenta constantemente. También defiende que estos menores "pueden llamarse Mohamed pero son de Melilla, viven en Melilla y no en Marruecos, y tienen derechos aunque no puedan empadronarse". Según relata, "muchos ven todos los días cómo los niños van al colegio y ellos se quedan en casa sin entender por qué, y es porque son extranjeros en su propia ciudad, en la que han nacido", añade. "Yo llegué con 14 años a Melilla y nunca tuve problemas. Estos niños nacieron aquí, hay madres y padres y abuelos que fueron militares con Franco que tienen este tipo de problemas a diario. Es un apartheid de manual", ilustra. El activista confía en que este año se vuelva a solucionar la situación, aunque teme que las presiones hagan efecto en Madrid.

Público ha preguntado al Ministerio de Educación si está al tanto de esta situación y si, como hizo el pasado año, trabaja en alguna solución, puntual o definitiva, pero a cierre de esta edición no ha recibido respuesta. Mientras tanto, Prodein ha vuelto a recoger firmas para exigir que “no incumplan las legislaciones nacional, europea e internacional” y no se margine a estos niños de la educación pública.