Aragón atrasa la jubilación de médicos para paliar los recortes del PP

ZARAGOZA .- El Gobierno de Aragón ha aprobado retrasar la edad de jubilación de los médicos de seis especialidades para paliar “el crecimiento espectacular de las listas de espera” que provocaron los recortes del ejecutivo PP-PAR en la sanidad pública la pasada legislatura y ante “la situación de urgencia en la que nos encontramos”, según explicó este martes el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya.

La medida, que consiste en prorrogar el servicio de los médicos que cumplan 65 años por periodos prorrogables de un año y a petición de estos, fue aprobada este martes por el Consejo de Gobierno. Afecta a los especialistas en radiodiagnóstico, cirugía ortopédica y traumatología, cardiología, anestesiología y reanimación, anatomía patológica y obstetricia y ginecología, para las que se prevé un déficit de 78 médicos en los dos próximos años.

El consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Vicente Guillén, cifró en 60.000 euros anuales el coste salarial de la medida.

La sanidad pública aragonesa lleva tres años pagando las consecuencias del Plan de Recursos Humanos del ejecutivo PP-PAR, que conllevó la jubilación inmediata de 250 facultativos en 2013 y un goteo posterior de otros 150. La salida de la plantilla de los médicos más veteranos también conllevó que numerosos proyectos de investigación se mudaran a las clínicas privadas que contrataron a muchos de ellos. Y tuvo, además, otro efecto secundario: el desplazamiento de especialistas a los hospitales de la capital y la falta de personal en las plantillas del resto del territorio, lo que ha provocado quejas en las zonas rurales.

No obstante, el problema de la falta de especialistas es generalizado en la sanidad pública aragonesa. “En los hospitales de la comunidad existen 62 plazas de facultativos de las seis espacialidades cuya cobertura resulta extremadamente difícil”, señaló el Gobierno en un comunicado. Diecisiete de esos puestos son de radiólogos, lo que provoca retrasos en las pruebas diagnósticas, y trece de anestesistas, lo que ralentiza las intervenciones.

“Aun teniendo la premisa de que se quedaran todos” los médicos que se jubilan en los próximos meses –unos veinte este año- y los residentes que finalizan su periodo de formación, “el déficit se iba a ver incrementado” en 2017, admitió Celaya, quien señaló que “con esta medida no lo cubrimos todo, pero al menos ponemos un remedio”.

Celaya, que compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se mostró reticente a aludir a la herencia, aunque finalmente anotó que “el crecimiento de las listas de espera ha tenido que ver con esto”, en referencia a los recortes del anterior ejecutivo. “Se aplicaron unos recortes injustificables y sin ninguna racionalidad” y “no se valoraron las consecuencias que iban a tener años después”, dijo, antes de anotar que sus antecesores “tampoco han tenido mucho éxito en el control de déficit” con el que justificaron estos y otros ajustes.

Esa política de recortes disparó las listas de espera hasta prácticamente duplicar entre enero de 2012 y junio de 2015 el tiempo de demora para operaciones de neurocirugía –de 88 a 167 días- y atrasar casi un mes las de traumatología –de 98 a 121-, dos de las especialidades con mayor demanda en una comunidad con la población envejecida como la aragonesa.

El número de pacientes operados tras una espera de más de seis meses en traumatología se duplicó la pasada legislatura -de 669 días a 1.024 en ese periodo- mientras se multiplicaba por siete en neurocirugía –de 30 a 225-.

La potente contratación de personal en el último año de la legislatura PP-Par, durante toda la cual el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, fue el blanco de las críticas de la oposición, alivió la espera en las consultas, pero en las intervenciones.

Y la situación no ha mejorado en los primeros nueve meses del Gobierno PSOE-Cha, en los que la demora para operaciones de traumatología se ha disparado a 141 días, supera el medio año -196 días- en intervenciones de neurología, se ha duplicado en plástica –de 71 a 148-, rebasa los tres meses en digestivo y maxilofacial, alcanza los 50 en ginecología y llega a 68 en urología.

“Se está produciendo una progresiva falta de especialistas en nuestros hospitales, y no es posible cubrir las plazas porque no hay médicos dispuestos a cubrirlas”, indicó Celaya, que espera comenzar a negociar con los sindicatos este verano su nuevo plan de recursos humanos. El anterior fue anulado por el Tribunal Superior, que consideró que “solo atendía a razones de tipo presupuestario” y que, al mismo tiempo, rechazó revocar las órdenes de jubilación.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón se está encontrando con las trabas del central para desarrollar la nueva agenda social de la comunidad y para proseguir con las maniobras de reanimación del Estado de bienestar.

Si hace unas semanas Moncloa amenazaba con llevar al Tribunal Constitucional medidas como la declaración de inembargabilidad de las ayudas sociales y algunos aspectos del decreto de emergencia, ahora el Ministerio de Hacienda anuncia que comenzará a retener fondos a la comunidad para pagar directamente a sus proveedores ante el retraso que acumula.

“Nuestro objetivo es ofrecer unos servicios públicos de calidad, y no nos vamos a obsesionar con el cumplimiento del déficit”, señaló Guillén, el cual, tras admitir que la comunidad está “fuera de cifras”, destacó un dato: el plazo medio de pago a los proveedores era en febrero de 78,79 días frente a los 116,8 de marzo de 2015, en los últimos meses del ejecutivo PP-PAR de Rudi.

“En cuanto el Gobierno pague el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) nos pondremos al día”, añadió, antes de mostrar su rechazo a aplicar recortes en las partidas de áreas como sanidad, educación y servicios sociales.