@e_bayona

ZARAGOZA .- La Sareb ha hecho honor a su nombre artístico de “banco malo”: las 80 viviendas que cedió al Gobierno de Aragón para usos sociales y realojo de familias desahuciadas son inhabitables. Esa conducta sitúa a la sociedad estatal como la nota discordante del sector bancario en la comunidad, que ha comenzado a movilizar su parque de vivienda y a ofrecérselo al Gobierno PSOE-Cha en aplicación del decreto de emergencia aprobado en diciembre.

“No sirve ninguna, están en muy mal estado”, señala la directora general de Vivienda del ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, que anota que “el parque que la Sareb cedió a través del convenio se encuentra en un estado deplorable, las casas necesitan una rehabilitación integral”. Algunas de ellas han sido desvalijadas, y a varias les faltan la grifería o las baldosas.

El Sareb cedió esas 80 viviendas durante cuatro años al Gobierno de Aragón mediante un convenio, suscrito en febrero del año pasado con el ejecutivo PP-Par, por el que la comunidad iba a destinarlas a alquileres sociales con rentas mensuales de entre 75 y 300 euros.

“El acuerdo viene a confirmar nuestro compromiso con la sociedad”, dijo entonces, Jaime Echegoyen, el presidente del banco malo. Acababa de firmar un acuerdo por el que el Gobierno de Aragón se comprometía, además de a asumir el mantenimiento de los inmuebles y las reparaciones, a pagar un canon de 190.000 euros anuales que cubriera el acondicionamiento de las casas, los seguros y los gastos de comunidad.

El Gobierno de Aragón logra que la banca movilice su parque de vivienda vacía

El Gobierno de Aragón, sin embargo, sí está logrando que la banca movilice su parque de viviendas vacías procedentes de desahucios y ejecuciones hipotecarias para destinarlas a realojar a personas sin techo y a familias en situación de vulnerabilidad.

De hecho, una entidad financiera, la Unión de Crédito Hipotecario (UCI), ya ha puesto a disposición del Departamento de Vertebración del Territorio más de cien casas y pisos vacíos en la comunidad para incorporarlas al Fondo Social de Vivienda que contempla ese decreto.

Paralelamente, explicó Andreu, tres bancos han iniciado los convenios para aportar pisos, o recursos para rehabilitar las de otras entidades o solucionar problemas de infravivienda, a ese programa. No obstante, declinó ofrecer cifras sobre el número de inmuebles que ya están sobre la mesa por no estar cerrados los acuerdos.

Las cuatro entidades han movido ficha antes de que, este viernes 18 de marzo, concluya el plazo para presentar el primer listado con las “viviendas desocupadas” procedentes de ejecuciones hipotecarias que la banca posee en la comunidad.

La directora general de Vivienda, Mayte Andreu, y el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (Cha), impulsan las medidas de vivienda del decreto de emergencia de Aragón./Aragonhoy.net

Multas de 1.500 a 3.000 euros por cada casa desocupada que oculte la banca

El decreto, que define como casa vacía la que lleva un mínimo de seis meses sin ser ocupada, habilita a la consejería que dirige José Luis Soro, de Chunta Aragonesista (Cha), para imponer multas de entre 1.500 y 3.000 euros a los bancos por cada inmueble de ese tipo que le oculten, ya sea la matriz financiera o sus filiales inmobiliarias.

Las negociaciones, no obstante, no eximen a las entidades de entregar la información antes de que acabe la semana, aunque el ejecutivo valora ser “flexible” en los casos en que haya voluntad de cerrar convenios.

“El objetivo es que las entidades que fueron parte del problema pasen a ser parte de la solución”, explica Andreu, que señala que, pese a la previsión normativa de las multas, “el afán de esta iniciativa no es recaudatorio, sino que el objetivo es solucionar el problema”.

La iniciativa desata la ira del Gobierno en funciones

El decreto de emergencia, uno de los pilares de la nueva política social aragonesa junto con el proyecto de ley que regulará la Renta Social Básica, las iniciativas para combatir la pobreza energética y la propuesta de establecer un ingreso mínimo vital, ha provocado reacciones contradictorias.

La de la banca ha sido tendente más bien a la colaboración, ya que “bastantes entidades financieras han contactado con el Gobierno para concretar qué información deben facilitar y cómo han de presentarla”, señala Andreu.

Mientras tanto, la iniciativa ha hecho que el Gobierno en funciones desate el enésimo episodio de crispación, en el que ha amenazado con llevar al Constitucional varios puntos de esa norma, entre ellos la creación del Registro de Viviendas Desocupadas y la obligación a la banca de ceder las casas desocupadas para usos sociales.

El decreto contempla que los bancos obtengan contraprestaciones –arriendos, básicamente- por ceder esas casas vacías cuando sean ocupadas a través del registro, mientras que negarse a entregarlas puede conllevar para esas entidades multas progresivas que en nueve meses se dispararían hasta el 25% del valor catastral, lo que supondría más de 20.000 euros para un piso medio en Zaragoza.

Casi un millar de familias en lista de espera y más de 4.000 inscritas

Cuando el decreto cumple sus tres meses de vigencia, y antes de que los registros que creó estén formalmente operativos, la Dirección General de Vivienda tiene ya en lista de espera a cerca de 900 familias con el derecho a acceder a una casa reconocido: 559 en la provincia de Zaragoza, 172 en Huesca y 137 en Teruel. Más de la mitad de ellas se concentran en la capital zaragozana -539-, mientras que en la oscense hay 140 y en la turolense, 91.

“Todavía no existe el fondo social, pero sí hay ya un listado de personas con derecho a vivienda”, explica Andreu

“Todavía no existe el fondo social, pero sí hay ya un listado de personas con derecho a vivienda”, explica Andreu, que anota que alrededor de la cuarta parte de las más de 4.000 solicitudes recibidas han sido desestimadas por no reunir los requisitos.

Su equipo comenzará la semana que viene a depurar la información que entreguen los bancos –ubicaciones, títulos de propiedad, eventual uso-, que, posteriormente, deberá ser cruzada con las necesidades de las familias para comenzar a asignar las casas. Paralelamente, deberán comprobar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles y preparar las normas sobre precios y otros aspectos.

“Nos va a costar depurar toda esa información”, anota Andreu, que, no obstante, muestra su confianza en “que empecemos a ver resultados este mismo año” y en poder cumplir uno de los objetivos: “A los primeros que vamos a realojar es a los afectados por desahucios”.