Aragón lanza su renta social básica para socorrer a 14.000 familias en riesgo de exclusión

ZARAGOZA.— "Pretendemos que todos los aragoneses tengan los mismos recursos para vivir con dignidad", señaló este martes la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, Mariví Broto, al presentar el proyecto de ley de la Renta Social Básica (PDF), uno de los puntos que el PSOE llevaba en su programa electoral y que incluyeron en los acuerdos de investidura de Javier Lambán los tres partidos que le apoyaron: Podemos, Cha e IU.

Las previsiones del ejecutivo PSOE-Cha apuntan a que esta renta, que absorberá otras actuales como el IAI (Ingreso Aragonés de Inserción, que reciben 6.600 personas) y la Ayuda de Integración Familiar, que tiene entre "entre 13.000 y 14.000 beneficiarios". La memoria económica del proyecto prevé que este año sean necesarios 37 millones para su puesta en marcha, mientras que la dotación anual se situará en el entorno de los 85.

"Lo que hacemos es cumplir un compromiso y crear un derecho básico, subjetivo y de ciudadanía", explicó Broto, que señaló los tres objetivos clave de la medida: acabar con la pobreza infantil, evitar la cronificación de la pobreza y dar respuesta a las nuevas desigualdades y los nuevos perfiles de la pobreza.

Uno de ellos es el de los "trabajadores pobres", el de los que no llegan a fin de mes pese a tener un empleo, especialmente significativo en una comunidad en la que, según los datos de la Agencia Tributaria, 144.000 de sus 644.000 asalariados ingresan menos de 500 euros brutos mensuales por su trabajo y otros 126.000 no llegan a mil. "Nuestro objetivo es evitar que aragoneses se queden por el camino por falta de recursos", anotó Broto

"La renta de inclusión y protección social será una prestación económica dirigida a las unidades de convivencia en situación de riesgo y exclusión social que no dispongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo y no puedan hacer frente a sus necesidades básicas", especificó el Gobierno en un comunicado.

El proyecto de ley establece tres tipos de ayuda: una ayuda complementaria para elevar hasta una horquilla de entre 622 y 753 euros los ingresos de una familia de dos miembros en casos de empleo precario, otra de inclusión con acciones formativas que generaría una renta de entre 556 y 753 y una más, de 217 y que llegaría a 270 con la ayuda a la vivienda, para personas que no sigan los itinerarios formativos.

"Hay familias pobres que no requieren procesos de integración", explicó Broto, que diferenció ese perfil de otros necesitados de preparación para reintegrarse en el mercado laboral. "Hay gente con una vida laboral larga que se ha quedado en el camino y que necesita una segunda oportunidad", añadió.

Las acciones formativas, cuyo seguimiento permitirá aumentar la renta, serán desarrolladas por entidades sociales, mientras que los ayuntamientos y las comarcas también deberán intervenir en la gestión de la renta social. El proyecto de ley prevé un periodo de seis meses entre su aprobación en las Cortes y su aplicación para poner en marcha el sistema, similar al de Asturias y también, aunque menos ambicioso por la diferente potencia económica de las haciendas autonómicas, a los de Navarra y Euskadi.

Broto, que mostró su confianza en que entre en vigor antes de que acabe este año, dijo: "Estamos hablando de la renta social básica que podemos presentar con las competencias que tenemos. Se trata de la ley más importante que podemos tramitar en el área de servicios sociales".

En cuanto a los requisitos para acceder a ella, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno contempla los de llevar un año empadronado en un municipio aragonés, acreditar ingresos inferiores a la cuantía de la ayuda, no poseer más inmuebles que la vivienda habitual y no disponer de fondos por más del cuádruple de la modalidad que le pudiera corresponder. También podrán solicitarla discapacitados y dependientes.

El periodo de concesión de las ayudas será de dos años, renovables mientras se den los requisitos para acceder a ella, aunque en la modalidad que no incluye acciones de inclusión los periodos de renovación podrán ser menores.

Este proyecto de ley cierra la batería de iniciativas legislativas del primer año de la legislatura, especialmente intensa en este campo con el decreto de emergencia que veta los desahucios con alternativa habitacional y dos iniciativas de Podemos: una referente a pobreza energética que contempla destinar los CTC (Costes de Transición a la Competencia) al bono social y otra para blindar el "mínimo vital" en el sistema de protección social.

Esa intensidad legislativa en materia social hizo que hace unos días se comenzara a hablar en las Cortes de refundir esas normas en una sola. "La Ley de Renta Social no se debería debatir con las otras iniciativas" por su entidad, señaló Broto, aunque dejó esa decisión en manos de la cámara.

La aprobación del proyecto de ley, por otro lado, templa las relaciones entre PSOE y Podemos, cuyo Consejo Ciudadano le afeó este lunes al ejecutivo, entre otros puntos, su retraso en registrarlo para su tramitación.