ZARAGOZA .- ¿En qué circunstancias sufre un hogar riesgo de vulnerabilidad social? En Aragón, desde el punto de vista económico, cuando ingresa menos de 14.910 euros al año, o 18.637 cuando en él habitan al menos un menor de edad no emancipado, una víctima de violencia doméstica, un dependiente o una persona con una discapacidad superior al 33% o, también, si la familia se ha visto envuelta en un proceso de ejecución hipotecaria.

Dentro de unas semanas, ninguna familia que resida en la comunidad y que cumpla esos requisitos podrá ser desalojada de una vivienda sin que antes esté previsto su realojo en otra, ni tampoco podrá verse privada de suministros básicos como la luz y el agua.

Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), los ingresos de 116.000 de los 538.555 hogares aragoneses –el 21,72%- no llegaron a los 14.000 euros el año pasado, mientras que en otros 69.772 –el 12,96%- no alcanzaron los 19.000. Es decir, que la medida protegerá a más de un tercio de las unidades de convivencia de la comunidad.

Los grupos políticos de las Cortes de Aragón han cerrado este jueves un consenso histórico en la ponencia que tramita el decreto de emergencia y la proposición de ley de Garantías Sociales, en la que han pactado, por unanimidad, una definición económica del concepto de “vulnerabilidad social” y han acordado incluirla en la norma con rango de ley que regulará la intervención de la comunidad en materia de vivienda y de pobreza energética.

El acuerdo, tomado sobre un texto propuesto por la Consejería de Vertebración del Territorio que dirige José Luis Soro (Cha), declara en situación de vulnerabilidad social a las unidades de convivencia cuyos ingresos totales se sitúen entre una y dos veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 7.455 euros en cómputo anual), lo que supone 14.910 euros al año o una media mensual de 1.242,5.

Esa cobertura alcanzará también a las familias que ganen hasta dos veces y media esa cifra –18.637 euros anuales, 1.553 al mes- siempre que el hogar tenga a su cargo menores de edad, dependientes o discapacitados, forme parte de él alguna víctima de violencia doméstica o su casa esté siendo objeto de ejecución hipotecaria.

El acuerdo alcanzado en la ponencia incluye considerar en situación de “especial vulnerabilidad” a las familias que atraviesen una situación económica severa y, por último, contempla grupos de personas en riesgo de exclusión social a las víctimas de terrorismo y de violencia doméstica. Los ponentes han optado por este concepto al ser el más amplio en cuanto a las agresiones en el hogar.

El decreto de emergencia, aprobado en diciembre por las consejerías de Vertebración del Territorio y de Ciudadanía, contempla medidas para evitar el corte de los suministros básicos –agua, luz y gas- a “las personas y unidades familiares en situación de emergencia, mientras dure dicha situación”, y proscribe los desahucios sin alternativa habitacional para “toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad”.

Fuentes parlamentarias destacaron que incluir el concepto de “vulnerabilidad social” en una norma con rango de ley y referenciarlo a un indicador oficial como el Iprem supone una garantía para su aplicación y dificulta que, por su efecto social y su coste político, pueda ser modificada en un cambio de Gobierno.

“El baremo queda fijado, y lo normal sería que fuera una referencia para todas las consejerías en materia social, que no quedara circunscrito a los temas de vivienda y de pobreza energética”, indicaron, aunque otras fuentes cuestionan esa posibilidad.

La ponencia celebrará al menos dos sesiones más en las próximas semanas para acabar de ajustar el texto de la nueva ley de emergencia, que incluirá, tras reclamarlo PP y Par, una memoria económica sobre los efectos presupuestarios de su aplicación.

Los ponentes acordaron incluir esa estimación pese a que no era necesaria, ya que no se trata de una ley impulsada por el Gobierno autonómico sino de un decreto de este que las Cortes acordaron tramitar como ley y, al mismo tiempo, fusionarlo con una proposición de ley de Podemos sobre el “mínimo vital” y las prioridades presupuestarias en caso de emergencia social.

El hecho de que vaya a convertirse en ley el decreto, que contempla medidas como la inembargabilidad de las ayudas sociales, el uso social de las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias que la banca y el Sareb mantengan desocupadas o la creación de una bolsa pública de casas, frustrará las ansias impugnatorias que el Gobierno central ha mostrado contra esa iniciativa del ejecutivo PSOE-Cha.

El recurso ante el Constitucional que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes afecta a su redacción como decreto, pero no a su forma definitiva como ley ni a su fusión con la otra iniciativa legal, explicaron fuentes parlamentarias.