Piso tutelado de BadajozEl asesinato de Belén evidencia la precariedad de los educadores sociales por la privatización del sector

"Quiero reivindicar lo solas y desprotegidas que estamos las trabajadoras de los pisos tutelados: ni nuestras coordinadoras, ni las empresas, ni la Junta de Extremadura velan por nosotras". Estas son las últimas líneas de la carta que ha compartido –desde el anonimato– una excompañera de Belén, la educadora social asesinada por tres menores en un piso tutelado de Badajoz. Los profesionales del sector han convocado este jueves una concentración estatal "frente a las consejerías competentes de cada comunidad", para denunciar la precariedad con la que trabajan y exigir una serie de mejoras en el sistema de servicios sociales, actualmente "controlado por empresas privadas".

El Juzgado ha decretado la medida de internamiento en régimen cerrado para los tres jóvenes detenidos, dos hombres y una mujer de entre 14 y 17 años. Belén era una de las cinco profesionales que diariamente rotaban para tutelar a los menores que residen en el centro por orden judicial. "Es triste que haya tenido que suceder esto para que todo el mundo se entere de las condiciones en las que trabajamos, con salarios que rozan el SMI, sin ningún tipo de plus de peligrosidad y disponibles todos los días del año", continúa la misiva, a la que ha tenido acceso Público. El piso está gestionado por Cerujovi, una entidad que suma una veintena de adjudicaciones en la comunidad desde 2018.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura ha reconocido que existían incidencias previas contra todos los detenidos por episodios ocurridos "durante su estancia en el recurso". Las quejas habían llegado por parte de otros educadores del centro. "Somos conscientes de la importancia de garantizar entornos seguros para los profesionales que dedican su vida a la atención y educación de menores en situación de vulnerabilidad –en este caso, menores que cumplen medidas judiciales–", ha insistido la consejera, Sara García Espada.

Los trabajadores del centro han sugerido que se puedan adoptar "medidas cautelares urgentes" cuando se detecten comportamientos conflictivos; además, piden "reconocer la labor esencial" que realizan "cada día" y fortalecer las condiciones laborales en el ámbito de los cuidados y la intervención social. "Lo que ocurrió en Extremadura se puede extrapolar al resto del país. El sector está en manos privadas; nadie se mete de manera altruista en un negocio, las empresas buscan ampliar beneficios y reducen al máximo los costes laborales. Esto se veía venir, la precariedad laboral mata", expone Raúl, educador en un centro de Madrid.

Los centros, en manos de fondos buitre

Belén trabajaba para Cerujovi como auxiliar técnico educativa (ATE), con una nómina –fijada por convenio– de 1.200 euros. El centro cuenta con otras cuatro profesionales en las mismas condiciones, además de un coordinador y un séptimo empleado, todos ellos con turnos rotatorios. "Los trabajadores normalmente están solos en el puesto, salvo algunas horas que se solapan con los horarios de otros compañeros. El que hace el turno de noche sí está solo toda la jornada", relata una de sus excompañeras en la citada carta. Los educadores llevaban "15 días con algunos robos y fugas", en una situación "muy difícil", según ha publicado Efe.

El pliego actual de la administración autonómica con la empresa concesionaria fijaba como obligatoria la presencia de "un trabajador por turno", no obstante, permitía que pudieran ser más. "La compañía no ha incumplido ninguna parte del acuerdo, pero esta tragedia ha evidenciado que necesitamos más protección y mejores herramientas. El sector de la intervención social es el sector de las contradicciones: las empresas que se dedican a cuidar a la gente no pueden descuidar así a sus propios empleados", insiste Raúl. La Consejería ha adelantado que las futuras condiciones, en fase de preparación, contemplan un refuerzo de personal para las viviendas tuteladas.

El problema se agudiza en los centros controlados por empresas privadas; "en su mayoría fondos buitre y grandes fortunas" que tienen "vía libre" para "hacer todo lo que consideran oportuno", según las voces que han hablado con este diario –algunas prefieren no desvelar su identidad por "miedo a represalias"–. Los sindicatos mayoritarios han lamentado públicamente lo sucedido y aseguran que este incidente "pone de manifiesto la situación peligrosa y los riesgos para la salud y la vida" de los trabajadores en este tipo de puestos, por eso piden "comprobar" si se habían tomado las medidas oportunas de acuerdo con la legislación vigente. 

"No puede ser que cada dos por tres, las compañeras estemos de baja por culpa de las condiciones laborales. Las personas que trabajamos con y para otras personas –vulnerables– necesitamos también sentirnos cuidadas y protegidas por parte de las entidades y las administraciones públicas; ahora mismo, sentimos que nadie nos escucha, nos sentimos violentadas", lamenta Enara, trabajadora social en un centro de emergencia para víctimas de violencia machista. Los profesionales del sector han convocado la concentración de este jueves "en solidaridad con nuestra compañera Belén" y esperan, además, transformar el sistema de protección y reforma, atendiendo a la intervención comunitaria y "no punitivista".

El racismo, de nuevo en la palestra

Los tres detenidos como presuntos autores del crimen son dos chicos y una chica de nacionalidad española; sin embargo, circulan por las redes sociales mensajes que hablan de "menas" y personas de origen extranjero. "Esta es una dinámica habitual desde hace algunos años. No es la primera vez que la derecha mediática y política aprovecha una noticia trágica, un momento de consternación social, para emitir respuestas absolutamente racistas, para polarizar y abrir el cauce de la islamofobia", reivindican fuentes de la plataforma SOS Racismo. 

La Policía Nacional de Badajoz ha desmentido estas publicaciones, que como bien apuntan desde el activismo, son una tónica habitual cuando transcienden casos de este tipo. Desde SOS Racismo, acostumbrados a ver titulares "criminalizadores" y sensacionalistas en este sentido, recuerdan: "No debemos olvidar que hablamos de menores. Los menas, como dicen la derecha y la extrema derecha, son niños y niñas que migran solos, muchas veces abandonados por el sistema, completamente vulnerabilizados. Es lamentable ver cómo los utilizan para generar odio".