Blanca Serra: "Con la infiltración policial quieren lo mismo que con la tortura, extender el miedo"

Acompañada por el escritor Julià de Jódar y el abogado Pep Cruanyes, entre otros muchos activistas, la filóloga e histórica activista independentista Blanca Serra se convirtió este lunes en la primera persona que comparece en sede judicial como víctima de torturas en la Jefatura de Via Laietana de Barcelona. Serra pudo explicar su historia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Hasta ahora, las querellas que el colectivo Irídia presentó por otras personas torturadas, como Carles Vallejo o los hermanos Maribel y Josep Ferrándiz, habían sido archivadas por la Audiencia de Barcelona con el argumento que se tratan de episodios amparados por la Ley de amnistía de 1977. "Mi caso, en cambio, parece que no entró en la amnistía, de forma que he podido explicar mi vivencia", indica a Público.

La comparecencia de Serra ha abierto la puerta a tratar las decenas de abusos y maltratos que se han practicado en los sótanos de Via Laietana, centro de operaciones de la Policía Nacional en Catalunya, lo cual ha generado una gran expectativa. Así lo demuestra la presencia este lunes ante la sede de la Ciutat de la Justícia, de representantes de ERC, Junts y la CUP, además de Òmnium Cultural, la ANC y las entidades que cada 15 días se concentran para reclamar que el inmueble se resignifique como un espacio de memoria democrática.

Una militancia en el punto de mira

Blanca Serra forma parte de la generación de activistas que, a finales del franquismo, luchaba por el logro de un régimen de derechos y libertades. Esto hizo que, junto con su hermana, la historiadora Eva Serra –muerta en 2018–, quedara pronto bajo el punto de mira del Estado. La primera de las detenciones la sufrieron en febrero de 1977.

Años antes se enteró que la habían borrado de las listas para trabajar en la escuela pública. Recibió un aviso y, a raíz de esto, se exilió en la Catalunya Nord –en el estado francés– con su hermana, donde permanecieron hasta que, con la muerte del dictador, decidieron volver. "Fue entonces cuando nos arrestaron bajo la acusación de propaganda y organización ilegal", puesto que participaban activamente en la Asamblea de Catalunya –el paraguas que aglutinaba a la oposición antifranquista–, explica.

Las siguientes detenciones llegaron en 1980 y 1981 (por las que fueron trasladadas a Madrid en aplicación de la Ley antiterrorista), después de los Pactos de la Moncloa y las primeras elecciones democráticas, mientras que la última se produjo en 1982 por exhibir una pancarta con el lema "Independencia" durante la manifestación que el 14 de marzo de aquel año se celebró en Barcelona contra la Ley Orgánica de armonización del proceso autonómico, la LOAPA.

Las autoridades calificaron aquel acto de "ultraje a la unidad de la nación española" y enviaron a las hermanas Serra a la prisión de mujeres de la Trinitat, en Barcelona, de donde salieron al cabo de dos meses. En total, cuatro detenciones y siempre con el nexo común de pasar por Via Laietana.

"A las mujeres buscaban humillarnos"

Hasta ahora, Blanca Serra no había hablado de su periplo, pero asistir a las concentraciones que se celebran en Via Laietana la ha empujado a dar el paso. "También otros activistas que sufrieron torturas han empezado a narrar su vivencia a raíz de esta iniciativa", detalla. En su caso, recuerda los maltratos físicos de que fue objeto.

"Nos golpeaban con listines telefónicos y nos pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, con la terrible sensación de ahogo que provoca. Y, en otra detención, me golpearon en la planta del pie con una porra hasta romperme varios dedos".

Más allá de las palizas, a Serra le impactó los mecanismos que los agentes empleaban para que se sintiera vulnerable, "una sensación de la cual es difícil deshacerte para tomar conciencia que fuera hay colectivos, compañeros y una familia que te apoya".

La veterana activista menciona el el apoyo que supusieron los Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), constituidos en 1978, y que posiblemente explica por qué en Via Laietana el ensañamiento a los detenidos no fuera tan feroz como en Madrid. "Allá sabían que en la calle no nos esperaba nadie y que, en virtud de la legislación antiterrorista, podían tenerte diez días incomunicada para hacer de nosotros lo que quisieran", comenta.

El otro tormento que nunca olvidará son las vejaciones a que se veía sometida como mujer. "En Via Laietana, todos los agentes eran hombres y cada vez que íbamos al baño teníamos a uno de ellos observándonos con la puerta abierta", explica Serra, para quien "con aquella actitud buscaban humillarnos y utilizarnos como objetos sexuales".

Todavía hoy, confiesa que le cuesta pasear por los alrededores de Via Laietana; y más después de saber que algunos chicos que en otoño de 2019 protestaron contra la sentencia de los líderes del procés también fueron recluidos y golpeados en el sótano.

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EFE

Un aliento de esperanza

Exmilitante del independentista Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) y la Assemblea de Catalunya, Serra cree que su caso difícilmente tendrá recorrido penal. Y todavía menos cuando, en unas recientes declaraciones, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que la presencia de la policía en Via Laeitana es necesaria por su "contribución a fortalecer la democracia". España ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo por no investigar casos de tortura cuando Marlaska era juez.

Según ella, las declaraciones de Marlaska constituyen una auténtica provocación, igual que la propuesta del Ministerio de que la actividad policial conviva con un espacio de memoria. "La única reparación admisible es que la comisaría se convierta íntegramente un centro de interpretación del pasado y dignificación de las víctimas, como así ha ocurrido en Chile con Vila Grimaldi, el antiguo centro de detención y tortura que existió durante la dictadura de Pinochet", afirma.

Viendo la escasa predisposición del Estado, a Blanca Serra solo le queda la esperanza que la juez tome la iniciativa y abra las carpetas que se mantienen cerradas por la Ley franquista de Secretos Oficiales. Más allá de esto, la veterana independentista, que continúa enrolada en el Consell de la República, la Intersindical-CSC o la Assemblea Nacional Catalana (ANC), confía que su declaración abra los ojos a las nuevas generaciones. "Espero que, a partir de mi testigo, la gente joven conozca lo que ocurrió en los calabozos de Via Laietana y otros centros de detención del Estado", dice.

También, en esta línea, ha querido remarcar la continuidad de las estructuras provenientes de la dictadura y que, lejos del discurso oficial, la tortura persiste dentro de los calabozos o fuera a través de formas más sutiles. "Y aquí incluyo tanto el espionaje como las infiltraciones policiales, con las cuales pretenden conseguir lo mismo: extender el miedo a la víctima y a su entorno más próximo".