El Gobierno ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados con el que se busca poner fin al consumo de plásticos de un sólo uso. De esta forma, se pretende reducir el 50% de los residuos plásticos para 2026 y se espera que en 2023 quede prohibida la distribución gratuita de envases plásticos en las tiendas. Es decir, para entonces, todos los establecimientos de comida deberán cobrar a los consumidores por las bolsas, vasos y tapas de plástico.

Así, según el texto del anteproyecto, los establecimientos deberán diferenciar en el ticket de venta el precio del producto del precio del recipiente de plástico, de modo que los fabricantes y consumidores opten de manera progresiva por otros materiales. En cualquier caso, el desarrollo de un sistema de consumo retorno queda pendiente, ya que no se incluye dentro de esta norma.

El anteproyecto de ley, por otro lado, prohibirá a partir de 2021 la comercialización de los siguientes objetos compuestos de plásticos de un solo uso: bastoncillos de algodón –excepto si entran en el ámbito de los productos sanitarios–; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos; pajitas y agitadores de bebidas; palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos; los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones; y aquellos cosméticos que contengan microplásticos.

Asimismo, se plantean requisitos de diseño para los envases, de modo que las tapas y tapones tengan que permanecer unidos a las botellas, las cuales deberán estar compuestas por un 25-30% de plástico reciclado.

El anteproyecto recoge también medidas contra la denominada obsolescencia programada de los objetos tecnológicos, de modo que se permita alargar el tiempo de vida útil de teléfonos, televisores y otros productos. En ese sentido se obligará a que estos utensilios estén fabricados con diseños eficientes y duraderos, pero también reutilizables, actualizables y reparables en la medida de lo posible.

Por otro lado, el anteproyecto prevé incrementar la separación de residuos de cara a su reutilización y reciclado. Así, en 2023, todos los municipios deberán contar con servicios de recogida para bioresiduos y en 2024 para textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos.

Por último, el anteproyecto contempla fomentar el agua del grifo para reducir el consumo de envases. Para ello, instará a las administraciones al fomento de fuentes de agua potable en la vía pública. Además, en los establecimientos de hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumir agua gratuita del grifo.

Además, el Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) con la que se pretende reducir el 30% de consumo de recursos materiales y recortar un 15% la generación de recursos para 2030.  Además este plan a largo plazo se marca como objetivo la reducción del 50% de los residuos alimentarios generados en los hogares y del 20% en las cadenas de producción.