Bruselas quiere meter la guadaña a los derechos digitales de los ciudadanos por orden de Trump
Quiere retrasar más de un año la aplicación de una parte de la Ley de Inteligencia Artificial, en concreto, las obligaciones que deberán cumplir los sistemas de alto riesgo para garantizar que su introducción en el mercado no vulnere los derechos fundamentales o ponga en riesgo vidas humanas.

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Desde hace tiempo, EEUU mantiene un importante pulso contra la UE por sus normativas digitales. El propio presidente Donald Trump vela por mantener y fomentar su hegemonía mundial en inteligencia artificial y, en general, en todo el mundo digital. Parece que las presiones tanto de Washington como del sector tecnológico europeo van consiguiendo poco a poco su objetivo: reducir la legislación y aumentar la flexibilidad para las empresas en pos de una supuesta innovación.
La Comisión quiere introducir la posibilidad de entrenar, probar y validar modelos de IA con conjuntos de datos personales, anonimizados y seudonimizados, bajo la base jurídica del interés legítimo, siempre que se apliquen medidas de minimización, transparencia y derecho de oposición. Es decir, de salir adelante habría que modificar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, por sus siglas en inglés) para permitir a las empresas de IA utilizar legalmente datos personales para entrenar modelos de IA, siempre que dicho entrenamiento cumpla con los demás requisitos del RGPD.
Además, el Ejecutivo comunitario propone retrasar más de un año la aplicación de una parte de la ley de Inteligencia Artificial, en concreto, las obligaciones que deberán cumplir los sistemas de alto riesgo para garantizar que su introducción en el mercado no vulnere los derechos fundamentales o ponga en riesgo vidas humanas. Estas obligaciones, según apunta la agencia EFE, deberían empezarse a aplicar en agosto de 2026, pero Bruselas todavía no los ha diseñado, por lo que ahora propone retrasarlos, como máximo, hasta diciembre de 2027.
Aparte de las presiones por parte de la Administración Trump y los gigantes tecnológicos de EEUUU, a principios de este año los directores ejecutivos de más de 40 empresas europeas, entre ellas ASML, Philips, Siemens y Mistral AI, pidieron un "parón de dos años" en la Ley de IA antes de que entrasen en vigor obligaciones clave.
A diferencia de lo que se planteaba en borradores previos de la propuesta, la Comisión no ha pospuesto finalmente un año la imposición de posibles multas a los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT (de OpenAI) o Gemini (de Google) que incumplan los requisitos de transparencia, como el de advertir a los usuarios si un contenido lo ha generado una máquina.
Contra la "burocracia excesiva"
Por otro lado, también plantea crear una "cartera digital para empresas" que permita a las compañías de la Unión Europea identificarse, compartir credenciales y llevar a cabo trámites administrativos de manera digital y unificada en todo el bloque comunitario.
"En la UE tenemos todos los ingredientes para el éxito. Tenemos talento, infraestructuras, un amplio mercado interior. Pero nuestras empresas, especialmente las empresas emergentes y pequeños comercios a menudo se ven frenadas por una burocracia excesiva", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.
Asimismo, se plantea la desaparición de los prestadores de servicios digitales de pedir permiso previo para instalar en el ordenador de tu casa determinadas 'cookies' y tecnologías de seguimiento basadas en intereses legítimos o en un listado de fines de "bajo riesgo". Ello sustituye el actual modelo de consentimiento expreso por un sistema de oposición posterior. Y busca que los navegadores gestionen automáticamente las preferencias de consentimiento, lo que podría eliminar las actuales ventanas emergentes.
Para que la revisión de las normas que propone el Ejecutivo comunitario salga adelante, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben dar su visto bueno y la izquierda ya ha anunciado su rechazo porque considera que Bruselas ha cedido a las presiones de la administración estadounidense de Donald Trump contra los intentos de la UE de regular a las tecnológicas.
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