La Comisión Europea (CE) ha emitido este miércoles tres resoluciones que ponen en cuestión la gestión ambiental de España. Las advertencias y exigencias de mejora en el campo llegan precisamente a menos de una semana de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019, que tendrá lugar en Madrid a partir del 2 de diciembre. 

Concretamente, las reclamas de la Comisión llegan en lo referente a tres campos en concreto: las aguas residuales, la protección de radiaciones ionizantes y la gestión de los residuos nucleares. En lo referente al primero, la institución ha amenazado en un dictamen con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales en 145 ciudades o urbanizaciones de todo el territorio nacional. Por esta cuestión, el país ya ha sido previamente condenado a pagar multas por el TUE e incluso el Gobierno ha admitido tener varias causas abiertas al respecto. 

En cuanto a las radiaciones ionizantes, la CE ha abierto un expediente a España por no transponer a la legislación española la directiva europea al respecto, que obliga, entre otras cosas, a tener un plan nacional sobre los efectos nocivos del gas radón. En este caso no se trata de una advertencia de tanta urgencia, pues una apertura de expediente es solo el primer paso de los procedimientos de infracción, cuya última etapa es una denuncia al TUE, como amenaza con hacer en el caso anterior.

Por último, la CE también ha lanzado un ultimátum al Gobierno instándole a tomar las medidas necesarias en el plazo de dos meses para cumplir las reglas de la UE que obligan a los Estados miembros a notificar a Bruselas un plan de gestión de residuos radioactivos que cumpla los requisitos comunitarios.

Se trata de un dictamen de la segunda fase del procedimiento de infracción, dando un plazo de dos meses para evitar la intermediación del TUE. Los países de la UE tenían que haber presentado ante Bruselas sus programas nacionales a más tardar el 23 de agosto de 2015, un plazo que han incumplido tanto España como Bélgica.