Grúas, camiones de obra y un batallón de operarios salen y entran del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Las Palmas de Gran Canaria, una especie de cárcel de corta estancia para migrantes. Este lugar fue construido a finales de 2020. El CATE instalado en el campamento militar de Barranco Seco iba a ser temporal, pero las autoridades españolas han decidido ampliar su capacidad y mantener las instalaciones de forma indefinida. Un manto de opacidad se extiende sobre estas obras. Apenas hay datos. Es difícil localizar los contratos públicos. El acceso a periodistas y organizaciones independientes está vetado. En el ambiente predomina el olor de las cercanas depuradoras de aguas urbanas de la capital canaria.

Desde una colina cercana, un grupo de especialistas observa las obras con preocupación. Ven cómo entran y salen los coches de la Policía Nacional y los vehículos alquilados de alta gama que usan los agentes de Frontex, la agencia europea de fronteras y costas. Estos días tienen poco trabajo. Aparecen tranquilos, con los brazos cruzados y sus uniformes azul celeste. "Nos preocupa que esta situación se cronifique, que las islas se conviertan en un tapón que impida el libre tránsito hacia la Península y Europa", explica Xabier Gómez, director del departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal, mientras observa las obras del CATE.

"Se les encarcela sin haber cometido ningún delito", apunta Loli López, del secretariado diocesano de la Pastoral de Migraciones, mientras divisa las obras en el CATE de Barranco Seco. "No queremos ser Lampedusa ni Moria", explica. Las autoridades tampoco les facilitan información sobre cuál será la capacidad de este nuevo macro campamento. Tienen constancia de que la cifra podría superar las 7.000 plazas en todo el archipiélago canario. Al otro lado de este campamento militar reconvertido en cárcel express de migrantes se divisan dos grandes cruceros.

Ciudadanos, empresarios, trabajadores de ONG y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que acceden a hablar con Público comparten esta preocupación. Gran Canaria fue junto con Tenerife la isla que más migrantes recibió en 2020. Ese año el archipiélago se convirtió en la principal puerta de entrada de migrantes en situación irregular de toda la Unión Europea. La calma tensa que se respira aquí permite entender el paisaje de sensaciones que se dibuja estos días en las islas.

Entre julio y septiembre se esperan nuevos repuntes en el flujo migratorio. El fin del ramadán, la llegada del buen tiempo, la guerra en Mali, el cierre de las rutas del Mediterráneo, los estragos de la pandemia en África y, sobre todo, el enfado de las autoridades de Marruecos con España –por permitir que el líder del Frente Polisario reciba tratamiento médico en un hospital de Logroño– auguran un verano caliente. El escenario que se dibuja en el horizonte podría parecerse al que vivieron las islas entre noviembre y diciembre del año pasado. En 2020 llegaron a las islas unos 22.000 migrantes, la mayoría procedentes de las costas del Sáhara Occidental. "Esto solo es una cuestión de dinero con Marruecos", opina un agente de la Policía que trabaja en el Centro de Internamiento de Extranjeros, a media hora a pie del CATE.

Es miércoles 12 de mayo. El director de Frontex, Fabrice Leggeri, llega al Centro de Coordinación Regional de Canarias a media mañana. Está de visita rápida en Las Palmas. No quiere medios de comunicación. Desde Varsovia, su equipo de prensa cancela la cita programada con este periodista. Alega razones de agenda. El agente de Frontex que custodia el todoterreno BMW de la comitiva tampoco habla. "Fui instruido para no hablar con la prensa", explica en inglés. Ese mismo día, el Ministerio de Migraciones concluye el desalojo de los últimos migrantes que dormían entre aguas fecales en la Nave del Queso de Fuerteventura.

Leggeri se reúne por separado con Guardia Civil y Policía Nacional. Los roces entre ambos cuerpos armados estuvieron a punto de causar un problema mayor en los meses tensos de finales de 2020. El Gobierno español insiste en que Canarias no es un hotspot como Lampedusa o Moira. Un ex alto cargo de Frontex apunta que lo único que falta en las islas para que se las considere hotspot es una delegación permanente de Europol, Eurojust y EASO, la oficina de asilo europea. Los documentos a los que tiene acceso Fundación por Causa señalan que estas tres agencias ya están elaborando planes operativos para las islas.

La Policía Nacional tiene las competencias en materia de extranjería. Sus agentes se sienten "quemados" a nivel psicológico. Llevan meses recibiendo órdenes contradictorias y realizando tareas que van más allá de sus atribuciones –y que rara vez trascienden en los medios–, como conseguir alimentos o cuidar a niños pequeños que llegan en cayuco. También cargan con las responsabilidades cuando hay algún problema. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se limpia las manos. En más de una ocasión responsabilizó a la Policía Nacional de Canarias por errores que, a ojos de varios agentes que hablan con Público bajo anonimato, son fruto de la improvisación de Madrid, la falta de medios y la orden de impedir que cualquier migrante llegue a la Península.

A mediados de abril, una resolución judicial puso fin al bloqueo de migrantes en Canarias dictado por Interior, y que dio lugar a imágenes que pasarán a la historia, como la de las más de 2.600 personas retenidas y hacinadas en el muelle de Arguineguín, durmiendo a la intemperie sobre cartones y sin poder ducharse siquiera durante 24 días. Estos días ese muelle está completamente vacío. Ahora mismo hay unos 3.200 migrantes en situación irregular en todo el archipiélago, según fuentes del Gobierno canario. Los centros de migrantes ya no registran los niveles de hacinamiento que se alcanzaron a finales de 2020. Tres jóvenes marroquíes del campamento del colegio León, en Las Palmas, explican que ahora están "mucho mejor". Uno de ellos dice estar muy feliz porque ha encontrado trabajo en una peluquería del centro de la capital canaria. La Policía ya permite que los migrantes se muevan por el territorio nacional. Incluso autoriza que salgan de Canarias cuando solo tienen su carnet de identidad y no un pasaporte en vigor. La mayoría de estas personas asegura tener contactos o familia que puede ayudarles en la Península y en países cercanos, como Francia.

La crisis de gestión migratoria en Canarias va acompañada de una importante inyección de dinero público. Madrid sigue destinando recursos a las islas pero la opacidad en torno a estos contratos es ya una tradición. Buena parte de ese dinero es gestionado por organizaciones como Cruz Roja, que tampoco destacan por su compromiso en materia de transparencia. Moncloa no quiere que se repita el ambiente de emergencia extrema, que situó a las islas en el centro de la atención mediática mundial. Sin embargo, los empresarios locales no están contentos. El responsable de una de las compañías canarias que trabajan en el CATE denuncia que los ministerios de Interior, Migraciones y Defensa presuntamente han dado prioridad a compañías de la Península, con contratos opacos, a pesar de que en la isla hay tejido empresarial capaz de acometer las obras y servicios necesarios, con más celeridad, con mano de obra local (Canarias es la comunidad con más paro) y con un coste menor. Esta misma semana, el Consejo de Ministros otorgó 51 millones a Tragsa para las labores de acogida de migrantes en las islas.

La opacidad y la apuesta del Gobierno central por reprimir las migraciones, en lugar de gobernarlas y gestionarlas, también genera movimientos de dinero ilícito en las islas. Un ejemplo para entender esto se encuentra en el muelle de Arinaga, a pocos kilómetros de Arguineguín, al sur de la isla. En el muelle de esta localidad está el mayor cementerio de cayucos. Allí van a parar las embarcaciones en las que algunos migrantes llegaron a pasar hasta tres semanas, sentados, sin poder moverse, para alcanzar suelo europeo. El Gobierno prepara un concurso público para que alguna empresa se ocupe de reciclar o destruir los cayucos. Sin embargo, no hay rastro de los motores. Su valor no es desdeñable, pero han desaparecido. Un operario del puerto explica que desde enero no se sabe nada. Él se cura en salud: cuando recibe una embarcación (hubo días en que llegaron una veintena de golpe), él elabora el inventario en presencia de un agente de la policía portuaria y se desentiende. Al igual que varios empresarios de la isla, este trabajador sospecha que alguien está haciendo un sueldo extra con estos aparatos.

El ámbito de la Justicia desempeñó un rol fundamental en la última crisis de gestión migratoria que vivió Canarias. El magistrado Arcadio Díaz, juez de control del CIE de Gran Canaria y referencia por su compromiso con la realidad migratoria, se muestra preocupado. Teme que la sociedad se insensibilice ante las imágenes de cadáveres y personas a punto de morir, cada vez más frecuentes. También le preocupa que se repitan los errores de los últimos 30 años y que la xenofobia gane peso, una inquietud que también ha expresado el Defensor del Pueblo. Precisamente esta semana trascendió la noticia de que un alto cargo de Vox Las Palmas dirige un centro de menores de la isla. Daniel Arencibia, abogado experto en materia migratoria, aplaude los avances del Gobierno a la hora de condenar el discurso de odio. Arencibia es uno de los letrados que luchó en los tribunales para romper el bloqueo que impedía a los migrantes transitar por el territorio español. Él y otros abogados de Canarias y otras regiones siguen luchando. A ojos de Arencibia, uno de los puntos más urgentes es la creación de una oficina de desaparecidos en la ruta canaria para dar apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos.

Empresarios, agentes de policía, personal de ONG y de instituciones como el Servicio Canario de Salud consultados por Público coinciden al opinar que el Gobierno central prefiere limitar "el problema migratorio" a Canarias. Entienden que la pandemia dificultó la toma de decisiones y dio demasiado margen a la improvisación, pero son pesimistas de cara al repunte migratorio que se espera para los próximos meses de verano. Las fuentes de diversos sectores consultadas coinciden en que los cálculos electorales de Moncloa se inclinan por perder votos en las islas antes que hacerlo en el resto del país. Quedan en segundo plano los derechos de las personas migrantes o el malestar de quienes temen volver a lidiar con un sistema colapsado y situaciones inhumanas como las que se vivieron a finales de 2020.

En paralelo a esa disfunción del Estado, brotan casos de empatía social. Como la hierba que brota en medio del asfalto, miles de personas de Canarias y otros puntos de España están tejiendo redes para apoyar a quienes tratan de mejorar su vida y la de las familias que dejan atrás. Actúan de forma altruista para asesorar a los migrantes, darles cobijo en sus casas o ayudarles a la hora de hacer trámites. Un ejemplo destacado es el de las personas que integran el colectivo Somos Red. Entienden que esta situación no se arreglará desde Madrid, que sigue apostando por taponar a los migrantes y transferir grandes sumas de dinero a los gobiernos autoritarios de los países de origen, con un escaso interés por los derechos humanos de sus conciudadanos. Este simbólico 15M, el colectivo Somos Red cumple tres meses de vida.