Se llamaba Fatmate Zara, aunque sus padres solían llamarla Yamila, que significa "algo hermoso". Tenía solo cinco años cuando perdió la vida el pasado 30 de junio. Había sobrevivido a lo más duro. A más de dos semas a la deriva en el Atlántico, al frío de la noche, al sol inclemente de los días, a la falta de agua y comida, a la confusión y al miedo. Fueron 17 días a bordo de una patera que salió de Dalja, en el Sáhara Occidental, con rumbo a Canarias. Una barcaza que nunca llegó y que fue auxiliada in extremis por el buque mercante Cape Taweelah cuando ya habían muerto 20 de sus ocupantes. Solo 32 sobrevivieron. Yamila estaba tan débil que ni siquiera pudo llegar al hospital Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Se apagó en el helicóptero del Ejército del Aire que acudió al rescate de los más graves. "En mis rodillas era como una muñeca", relató a EFE el enfermero que la asistía durante el vuelo.

Casi siete meses después, Yamila sigue sin descansar en paz. Su pequeño cuerpo espera en la morgue del Instituto Anatómico Forense de Las Palmas una prueba de ADN que sustituya la fría referencia del expediente ("cadáver 10. Patera 30/30/2021") por el nombre y apellidos que le dieron sus padres cuando nació en Costa de Marfil.

El lunes estuvo a punto de ser enterrada sin que su lápida dejara testimonio de su paso por la espiral de muerte en que se ha convertido la ruta migratoria hacia Canarias. El sepelio estaba previsto para las 12.00 horas, pero en el último momento, según informó EFE, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas aceptó un aplazamiento para seguir intentando que su tumba no sea otro túmulo anónimo en los camposantos de las islas.

"Cuando le dijeron a su madre que la niña iba a ser enterrada sin identificar sufrió un ataque de pánico"

"Cuando le dijeron a su madre que la niña iba a ser enterrada sin identificar perdió el conocimiento, sufrió un ataque de pánico", comenta a Público Teodoro Bondyale, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, que apoya en las gestiones. Porque los padres de Yamila están localizados, al corriente de la desgracia y esperando en Francia para cerrar, al menos burocráticamente, este episodio.

Miedo a ser detenidos o deportados

Sabían cuando la niña zarpó en compañía de una prima, pero nunca tuvieron noticias de su llegada. "Nos llamaba [su madre] día y noche muy preocupada", dijo a la prensa días después de la tragedia Helena Maleno, portavoz de la organización Caminando Fronteras, que recibe alertas de migrantes a la deriva y avisa a los servicios de rescate con las coordenadas. Cuando Maleno supo que el buque Cape Taweelah había dado con la patera, ataron cabos. Días después, la prima de Yamila, una de las supervivientes, pudo llamar a los padres y contarles lo sucedido.

Podría parecer sencillo en este caso que la niña fuera identificada. Pero a lo cruel de las fronteras se suma lo inhumano de ciertas leyes. Los padres, que viven en Francia desde hace tiempo, llevan desde entonces intentando venir a identificar y enterrar a su hija. Pero están en situación irregular y cualquier movimiento podría provocar su detención, impedir su regreso a París o una posible deportación en Francia, explican a Público diferentes fuentes conocedoras del caso.

El aplazamiento del entierro de Yamila parece indicar que aún es posible que la madre de Yamila consiga un visado por razones humanitarias para llegar hasta Canarias, aunque nadie quiere lanzar las campanas al vuelo. Caminando Fronteras puso el caso en conocimiento del Gobierno español el pasado verano y se volcó en las gestiones para que alguno de los padres pudiera llegar a España. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, afirmó en el Congreso que se había puesto en contacto con la familia y con las autoridades francesas para para "permitir que la madre de esta niña pueda venir a España al entierro de su hija".

"Drama humano" frente a "complejidades jurídicas"

"Hay un drama humano y complejidades jurídicas, y no puedo resolver la complejidad jurídica a través de la emoción", aseguró en julio el ministro de Exteriores francés, Yves Le Drian, cuando se le preguntó por el caso de Yamila en una rueda de prensa en Madrid, junto a su entonces homóloga española, Arancha González Laya. Desde entonces, la familia de la niña vive en vilo.

Fuentes forenses con amplia experiencia dedicadas a la investigación e identificación de las víctimas de esta ruta migratoria aseguran que los obstáculos burocráticos y legales para realizar este trabajo son enormes. Bajo condición de anonimato, explican que el plano humanitario queda enterrado por el celo migratorio de los países europeos, lo que hace imposible la identificación de cientos de víctimas cuyos familiares están localizados en Europa, pero en situación irregular. Morir con nombre y apellidos y que tus seres queridos sepan de esa muerte no solo es un derecho, sino una obligación de los Estados, recordaba en una reciente entrevista el antropólogo forense José Pablo Baraybar.

La Organización Internacional para las Migraciones ya advirtió de este problema en toda Europa en un informe del año pasado. "Los marcos institucionales existentes aún no se han adaptado para hacer frente a las dinámicas particulares de las muertes y desapariciones en trayectos migratorios irregulares", aseguraba el documento, que recogía decenas de testimonios de familiares que buscan sin éxito a sus muertos.

La familia teme ser detenida si acude a la Gendarmería francesa a tomarse las muestras de ADN

En el caso de Yamila se podrían haber tomado muestras de ADN a los padres en Francia para al menos hacer oficial su identidad y su muerte. Pero los cotejos a distancia necesitan una concienzuda cadena de custodia de las pruebas para que los tribunales las acepten. El recorrido natural implicaría la actuación de la policía científica, pero según explican desde la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, la familia tiene miedo de acabar detenida y deportada si acude a la Gendarmería francesa a tomarse las muestras de ADN. Tampoco ha sido posible, al parecer, que esta gestión se realizara en un consulado, sin la implicación de las fuerzas de seguridad gala.

El año pasado, según la Organización Internacional para las Migraciones, murieron o desaparecieron casi mil personas (entre ellas, más de 80 niños) rumbo a las islas, la ruta más mortífera de las que tiene España como destino. La organización Caminando Fronteras eleva el número de víctimas mortales y desaparecidos a más de 4.000, según su propio observatorio. De ellos, el número de identificados, el número de familias que pueden iniciar el duelo por su pérdida, es ínfimo. En Canarias todavía hay más de 1.600 tumbas sin nombre que los que perecieron en la llamada crisis de los cayucos de 2005 y 2006. Casi dos décadas después, los nichos se siguen llenando de migrantes a los que nadie pondrá nombre.