El servicio catalán de salud (CatSalut) ha demandado al cártel de los pañales al que reclama 526 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, por el sobreprecio pagado por los absorbentes para adultos durante los 18 años que estas empresas actuaron de forma ilícita. Se trata de la primera reclamación económica que hace un organismo público en España, a partir de una sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ratificada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

En caso de que prospere se abre la puerta para que el resto de autonomías que también se han visto afectadas por la forma ilícita de operar de este grupo de empresas hagan lo mismo. El abogado Albert Poch, defensor de CatSalut, ha explicado que las ocho empresas implicadas en el fraude manipulaban las licitaciones públicas por las que las autoridades sanitarias adquirían pañales para distribuirlos entre pacientes no hospitalizados.

"Las empresas del cártel interponían recursos de forma reiterada para dificultar esas licitaciones y conseguir que se vendiesen en farmacias. Todo ello bajo el único objetivo de aumentar la rentabilidad. Una vez orientada la distribución, los fabricantes falseaban la competencia e inflaban los precios de venta a mayores márgenes. Consistía en dos actitudes fraudulentas combinadas", detalla.

Fraude a costa del dinero público

El embrollo se remonta a 2016, cuando dos de las empresas que maniobraban fraudulentamente delataron al resto del cártel. Esto dio lugar a una investigación de la CNMC que concluyó confirmando que Arbora & Ausonia, Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), eran las entidades implicadas en los 18 años de engaños.

La Comisión estima que las conductas anticompetitivas se produjeron desde diciembre de 1996 y hasta enero de 2014. Como consecuencia, la CNMC les impuso una multa que ascendió a los 128,8 millones, de los cuales quedaron eximidos Arbora & Ausonia por dar el chivatazo, que incluyó a varios directivos. 

CatSalut ha criticado que con esta conducta ilícita perjudicaron tanto al consumidor  como al Servicio Nacional de Salud: "Se trata de un problema de salud que afecta a 2,5 millones de personas en España y de la partida presupuestaría más grande de los productos sanitarios. Unos bienes que se pagan con el dinero de todos". Y ha tomado la determinación de reclamar el dinero que "pagó de más" al ser el principal perjudicado de esta operación.

"A este tipo de demandas de reclamación se les llaman consecutivas: por un lado, hay una infracción del derecho a la competencia y, por otro, los perjudicados deben reclamar. Solo si se les reclama por parte de los afectados y el juzgado falla a su favor, los cartelistas tienen la obligación de pagarles por daños. Lo que ocurre es que mucha gente desconoce que puede reclamar. En este caso es especialmente importante que se haya tomado la decisión de continuar el proceso, ya que se trata de dinero público", explica Poch.

Por el momento, tal y como asegura el letrado, no hay más administraciones que hayan demandando, "pero eso no quita que en un futuro puedan reclamar el dinero que pagaron de más injustamente". Esta segunda sanción, como mínimo, igualaría los beneficios que han obtenido los cartelistas. De la otra forma, "hasta cartelizarse sale rentable", lamenta.

Poch pone de ejemplo el cártel de la leche, a los que se les sancionó con una multa de 80 millones, mientras que los beneficios ilícitos conseguidos pactando precios fue superior a los 800 millones. Lo mismo sucedió con el cártel del automóvil al que sancionaron con tan solo 171 millones. "A lo mejor si las administraciones empiezan a presentar demandas por daños y perjuicios por parte de las administraciones afectadas, les deja de salir a cuenta", concluye.