Castanesa: cuando el fiasco del esquí acelera la despoblación en el Pirineo

En Montanuy cada vez vive menos gente. Y nadie sube a esquiar allí. El municipio del Pirineo oscense, que iba a albergar el mayor dominio esquiable de Europa cuando la fallida estación de esquí de Castanesa se conectara con la de Cerler, en un proyecto cuyo coste superaba los 380 millones de euros, ha perdido casi un centenar de sus poco más de 300 habitantes en una década, de los 307 de 2008 a los 215 de 2018.

El maná que iba a llegar en forma de pistas de esquí ha dejado paso a una realidad de despoblación para sus 17 núcleos mientras Castanesa Nieve, una empresa controlada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, veía como la inversión de casi 36 millones de euros quedaba reducida a apenas medio: los terrenos de pasto comprados a precios de solar de ciudad (240.000 euros la hectárea) vuelven a ser eso, eriales donde sigue paciendo el ganado aunque la promotora los haya puesto a su nombre para recibir, al menos, las subvenciones de la UE.

Y no parece que la tendencia vaya a cambiar, ya que en diciembre de 2020 caduca el estudio de impacto ambiental de la estación, cuyo proyecto incluía la construcción de algo más de 4.000 viviendas en un municipio que apenas tiene 300, si no comienzan antes las obras.

La historia de la estación arranca oficialmente en 2005, cuando el ayuntamiento firma con Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés que gestionan Ibercaja y la comunidad autónoma, un acuerdo por el que se comprometía a ejecutar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que diseñaría la empresa para construir la estación, ‘vendida’ unas veces como autónoma y otras como una ampliación de la de Cerler, y que incluía el desarrollo inmobiliario que financiaría esas obras. Resultaba llamativo, por su ubicación, incluso en tiempos de la burbuja.

Aramón, de la que Castanesa Nieve es filial, se hizo con 60 hectáreas de terreno (50 de ellas reservadas para construir 2.500 viviendas) mientras encargaba el diseño de la estación al arquitecto Norman Foster, que se llevó más de tres millones libres de impuestos por diseñar varios edificios y “elementos asociados” del complejo.

Una iniciativa "arbitraria y carente de motivación"

Sin embargo, el proyecto, que incluía un helipuerto, varios hoteles y un aparcamiento con capacidad para un millar de coches a 2.000 metros de altitud, quedó cortocircuitado al anular los tribunales, primero el Superior de Justicia de Aragón y después el Supremo, el PGOU de Montanuy.

Se trataba de una iniciativa "arbitraria y carente de motivación", sentenciaron, que además carecía de una previa evaluación ambiental estratégica pese a “la alta calidad ambiental del municipio en cuestión, dada la gran cantidad de superficie incluida como espacio protegido o dentro de la Red Natura 2000, y el gran impacto (que la estación y el desarrollo inmobiliario iban a tener) sobre el territorio en atención a las actuaciones proyectadas”.

Los reveses judiciales no impidieron, en cualquier caso, que una lluvia de millones regara las cuentas de una parte de los vecinos, que veían cómo la empresa compraba 60 hectáreas de pastos, valoradas en no más de 6.000 euros a precio de mercado, a 240.000 euros cada una.

Hoy, aunque Castanesa Nieve las ha registrado a su nombre para recibir, al menos, las subvenciones de la Política Agraria Comunitaria, siguen siendo pastos que los antiguos propietarios explotan para su ganado (hay más de 24.000 cabezas en el valle) a cambio de un arriendo de cien euros anuales.

“¿Cuándo va a declararse fallido el proyecto?” se pregunta Luis Lainfanta, vecino de Montanuy, que se ve viviendo en un municipio de población cada vez más escasa y envejecida: la edad media supera los 50 años y uno de cada cuatro vecinos supera los 65. “Los que más dinero recibieron eran las casas que mejor estaban”, anota.

La vecina más joven tiene doce años, y los doce alumnos de la escuela rural incluyen a dos que viajan cada día dese una cercana población de Lleida, lo que permite mantener el cupo de dos maestros para la etapa de Primaria. Servicios municipales como el taxi que facilita la asistencia a la misa semanal no acaban de cuajar como herramientas para fijar a la población, y mucho menos para atraerla.

Unos terrenos en devaluación constante

Mientras tanto, Aramón y el Gobierno de Aragón han reactivado el plan para ampliar la estación de Cerler por el oeste al eximir de la evaluación ambiental estratégica, el proyecto que contempla la construcción de hasta 3.113 viviendas unifamiliares en Benasque.

Este municipio, situado en el extremo nororiental de Aragón, tiene hoy 2.121 habitantes y, con dos tercios de sus viviendas catalogadas como secundarias (2.271 de 3.349), cuenta ya con 1.782 plazas hoteleras en 25 establecimientos, 97 en once casas rurales, tres cámpings con otras 1.128 y 1.151 más en apartamentos (458) y casas turísticas (693).

Un negocio frustrado de 120 millones de euros

El grueso de los terrenos en los que se ubicarán esas nuevas viviendas son propiedad de Aramón, que hace unos años vio cómo la reclamación de un grupo de vecinos frustraba su venta por 120 millones de euros. El pleito, que acabó ganando el hólding, dejó en el aire el saneamiento del grupo del esquí, ya que ese dinero estaba destinado a equilibrar sus cuentas, modernizar la estación de Formigal y ejecutar la de Castanesa.

Sería, sobre el papel, y a la espera de que el Gobierno de Aragón responda a la batería de preguntas formulada por IU para aclarar sus planes, el penúltimo pelotazo urbanístico público-privado vinculado al esquí en el Pirineo tras haber quedado en stand-by en esta legislatura autonómica la unión de las estaciones de Formigal, Candanchú y Astún para sumar 220 kilómetros de pistas en la zona por la que discurren los ríos salvajes de la Canal Roya y la Canal de Izas.

Todo, cuando el cambio climático está cambiando los patrones de la lluvia y la nieve. También en el Pirineo, donde la temporada de esquí, que hace unas décadas llegaba a prolongarse de diciembre a abril, ya no empieza antes de finales de enero.