La negociación de los presupuestos generales parecía haber quedado aislada del fiasco respecto al aeropuerto del Prat-Barcelona, a pesar del importante desencuentro que supone este tema entre el Govern y el Gobierno español. O al menos así lo plantearon los presidentes de ambos ejecutivos, Pere Aragonès y Pedro Sánchez, durante las dos horas de reunión que mantuvieron hace una semana con motivo de la mesa de diálogo. Las cuentas estatales también superaron las turbulencias respecto a este órgano para la resolución del conflicto político después de que Sánchez aceptara viajar a Barcelona y sentarse en la mesa de diálogo.

Pero este martes la negociación se dio de bruces con un muro insalvable: la filtración del borrador del anteproyecto de la ley general de comunicación audiovisual que prepara el Gobierno español. El texto no incluye cuotas concretas para la obligación en el sector audiovisual de producir en las lenguas cooficiales del Estado, catalán, gallego y euskera, al margen de la del castellano.

Así se lo hizo saber el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián a su interlocutor en la mesa de negociación presupuestaria, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Pero también hubo contactos entre Madrid y Barcelona al más alto nivel con la intervención por parte catalana tanto de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, como del propio president de la Generalitat, Pere Aragonès.

La cosa iba en serio y el resultado inmediato fue la retirada y frenazo de la ley audiovisual por parte de la vicepresidenta de Economia, Nadia Calviño, aunque fuentes socialistas reconocen que el anteproyecto estaba a punto para la entrada en el Consejo de Ministros. 

La directiva para proteger las lenguas europeas y la letra ‘o’

El origen de la controversia nace de la directiva europea aprobada para garantizar una mínima protección e impulso de las culturas y lenguas europeas en el marco audiovisual, cada vez más copado por las producciones anglosajonas. Concretamente, se aprobó obligar a las productoras y plataformas a garantizar un 30% de producción europea.

La nueva ley española es la que debe concretar mediante la transposición de la directiva cual es la parte de ese 30% europeo que corresponde a las lenguas y culturas estatales. Pero todo el mundo sabe que en un texto jurídico importa hasta la última palabra, incluso los puntos y las comas. En este caso hablamos de una letra. La letra 'o' es la que ha puesto en jaque el inicio de la negociación presupuestaria estatal. El texto del anteproyecto establecía que "al menos el cincuenta por ciento de la cuota prevista para obras europeas" —ese 30% del total— se reservará a "obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas".

En el texto, en cuanto a los servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales, se reserva el 51% del tiempo de emisión a obras europeas y dentro de este porcentaje al menos un 50% a obras en castellano o una lengua cooficial, sin especificarse el reparto entre ellas. Y es esa 'o' que genera opcionalidad –la opción de destinar la cuota al castellano sin obligación de hacerlo en las otras tres lenguas cooficiales- es la que ha generado el terremoto político en Catalunya. 

El pleno del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) reclama que ese 50% de la cuota en lenguas del Estado se destine íntegramente a obras en catalán, vasco o gallego "dada la situación de precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual".

Pero que en caso contrario, por lo menos se destine un porcentaje que corresponda al peso poblacional de cada lengua. En el caso de Catalunya alrededor de un 18% pero que podría ser superior si tenemos en cuenta que el catalán también es oficial en las Illes Balears y en el País Valencià en su variante del valenciano.

Esas cifras son las que ahora habrá que negociar para especificarlas en la nueva ley con un porcentaje en cada una de las cuatro lenguas cooficiales: castellano, catalán, euskera y gallego. La percepción de los partidos independentistas -y también del sector audiovisual catalán- es que se ha intentado colar un gol que marginaba las lenguas llamadas "periféricas". "Es evidente que si se permite elegir entre castellano u otra lengua del Estado se escogerá siempre la primera por un simple hecho de mercado mucho más amplio", aseguran desde la organización que aglutina las productoras audiovisuales catalanas PROA. 

Preocupación por la situación del catalán

En Catalunya existe una fuerte preocupación por la dificultad de incorporar el catalán al mercado audiovisual. Desde Òmnium alertan del impacto que esto supone para la preservación de la lengua catalana. "A nadie se les escapa que hoy en día una lengua que no está presente en el mundo audiovisual acaba por debilitarse en la sociedad y puede perder hablantes de forma pronunciada", aseguran los lingüistas. Y existe la percepción y convencimiento que desde el Gobierno español y otras instancias estatales no hay voluntad política de fomentar y proteger el uso de lenguas que no sean el castellano incumpliendo así el precepto constitucional.

En el caso del borrador de la nueva ley audiovisual los responsables del CAC alertan además que se podría estar incumpliendo la directiva europea, al menos en el espíritu del texto, que obliga al fomento de todas las lenguas europeas. Òmnium y otras entidades como la Plataforma per la Llengua ya han anunciado movilizaciones para presionar al Gobierno español y buscaran la alianza con otras entidades culturales del resto del Estado. 

La situación del catalán en el mercado audiovisual es precaria desde siempre. A pesar del liderazgo de TV3 cerca del 80% de la televisión consumida en Catalunya es en catalán después de que se eliminaran las cuotas lingüísticas que inicialmente se implantaron a las televisiones privadas que desde hace años operan íntegramente en castellano. El catalán queda reducido a los canales televisivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la limitada programación de la desconexión de TVE en Catalunya y algunas televisiones privadas y locales de muy poca audiencia. También en el cine la desproporción es evidente. Solo se proyectan el el 2% de películas en catalán en los cines de Catalunya, y la cifra va a la baja.

Pero ahora la situación ha empeorado exponencialmente a medida que la oferta audiovisual se ha desbordado a través de plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Movistar + entre otras, sin que el catalán haya podido acceder a esa ingente producción audiovisual más que en casos puntuales. De hecho, "la implantación de las nuevas plataformas ha generado que algunos de los proyectos previstos en la ya de por sí limitada producción cinematográfica y audiovisual en catalán se haya acabado realizando en castellano en el momento que interviene una de estas plataforma", aseguran desde la Acadèmia del Cinema Català. El motivo seria el ahorro de costos que supone evitarse el doblaje del catalán al castellano. 

Atraer a las grandes plataformas al hub audiovisual del sur de Europa

Por otra parte, el Gobierno español ha hecho una previsión a la baja del impulso audiovisual local incluso en el ámbito estatal, hecho que también ha generado controversia en el conjunto del sector de la producción audiovisual. Así, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez elevar del 5% al 10% la contribución de las plataformas para producción propia en el Estado español y recuerdan que Francia exige una cuota del 20%, mientras en Italia se ha fijado una cuota del 12,5% para proteger las industria audiovisuales estatales.

Fuentes del sector atribuyen este minoritario porcentaje en España, así como la intención inicial de marginar las lenguas "periféricas" del Estado, al hecho de intentar poner las menos trabas posibles a las grandes empresas audiovisuales para atraer al Estado la producción de las grandes plataformas internacionales. Especialmente con la creación en Madrid del gran hub de producción audiovisual internacional del sur de Europa. Limitar las exigencias lingüísticas y de producción local favorecería el atractivo para estas multinacionales como Netflix o HBO. Pero a costa de marginar el fomento de las culturas y lenguas europeas, lo cual iría en contra de la directiva de la UE.

Así pues, el Gobierno español se debate entre la presión de los grupos catalanes, vascos y gallegos para especificar cuotas de las tres lenguas cooficiales, al margen de la del castellano, y la voluntad de minimizar las exigencias lingüísticas para atraer la producción de las grandes plataformas audiovisuales. Otro punto de discrepancia del anteproyecto de ley estriba en la siempre conflictiva financiación de las televisiones públicas. ERC rechaza también que el canon que se pretende establecer a las plataformas y redes sociales como YouTube, del 1,5% de los ingresos por reproducción, sea exclusivamente en favor de RTVE. Los republicanos reclaman que no se excluya a las cadenas autonómicas, y concretamente a TV3 y el resto de canales de la CCMA, del cobro de ese canon.

Consenso mayoritario en Catalunya en defensa del catalán

En Catalunya la defensa del catalán y la incorporación de cuotas en la ley es absolutamente mayoritaria. El independentismo salió en tromba al darse a conocer el borrador. Para la portavoz de ERC, Marta Vilalta, "proteger la lengua catalana no es negociable. Van por mal camino si quieren contar con algún apoyo en lo que queda de la legislatura", advierte. En Junts se considera que "esta es una nefasta muestra más de la voluntad de diálogo del Gobierno español", aseguran fuentes del partido. Y la CUP instó al resto de fuerzas políticas independentistas a un frente común en contra de "la clara voluntad de exterminar la lengua catalana de la propuesta de ley".

Pero no solo el independentismo está por retocar el anteproyecto e incorporar cuotas para el catalán. Los propios partidos del Gobierno español lo demandan. En Comú Podem abiertamente: "defendemos el plurilingüismo, para nosotros es un tema central", declara el primer secretario de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. El PSC se muestra más cauto pero el propio líder del partido, Salvador Illa, asegura tener "toda la confianza" que el Gobierno español protegerá las lenguas cooficiales en la nueva ley audiovisual. Sin olvidar el papel que juega en esta materia el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que a pesar de que la ley no es de su competencia también está siguiendo atentamente la evolución. Solo las tres derechas de Ciudadanos, Vox y el PP no apuestan claramente por las cuotas del catalán pero en el Parlament aglutinan solo 20 de los 135 diputados.

La ley del audiovisual estatal tendrá pues que esperar y se retocará con la inclusión de cuotas específicas para el castellano, el catalán el gallego y el euskera. Desde ERC aseguran que esta es una línea roja que el Gobierno español no puede traspasar. La consellera de la Presidència, la republicana Laura Vilagrà, es rotunda: "Defenderemos el catalán donde haga falta porque nos jugamos el futuro de la lengua en los próximos años".

Vilagrà asegura que para ello es "decisiva su presencia en el mercado audiovisual" aprovechando que debe ajustarse la norma europea. "La normativa debe prever cuotas para el catalán de una forma clara y una firme protección de la producción audiovisual en catalán. Hoy por hoy, el borrador que se ha hecho público es una amenaza porque no incluye estos conceptos y por eso estamos desplegando todos los mecanismos para cambiarlo". También el conseller de Economia de la Generalitat, Jaume Giró, afín a Junts, alertaba este miércoles en Catalunya Ràdio que "ninguna mesa de negociación puede avanzar si no se garantiza la protección del catalán".

Esquerra recuerda que no son solo sus 13 imprescindibles votos en el Congreso los que están en juego. Si no también los de sus aliados de EH Bildu y del BNG e incluso los del PNV. Todas ellas formaciones que defenderán las pertinentes cuotas en euskera y gallego y el canon para sus respectivas televisiones públicas. Lo cual comporta la práctica totalidad de la mayoría que sostuvo la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español.