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Los ciclistas demandan mejorar las vías, cumplir las penas y formar a los conductores para garantizar su seguridad

El atropello mortal de un grupo de ciclistas en Castellbisbal (Barcelona), junto a otra muerte en San Fernando de Henares (Madrid), ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de un colectivo cada vez más numeroso.

Grupo de escapados del pelotón ciclista durante la tercera etapa de la Vuelta a España 2022 este domingo, con 193,2 kms de recorrido y salida y llegada en Breda.
Grupo de escapados del pelotón ciclista durante la tercera etapa de la Vuelta a España 2022 este domingo, con 193,2 kms de recorrido y salida y llegada en Breda. Javier Lizón / EFE

Dos muertos y dos heridos, uno de ellos en estado crítico. Éste es el trágico balance del atropello de un grupo de ocho ciclistas protagonizado por un conductor el domingo por la mañana en Castellbisbal (Barcelona). El autor del siniestro, un hombre que se dio a la fuga, fue detenido horas después por los Mossos d'Esquadra en Martorell, municipio donde se había localizado el coche con el que se había cometido el atropello. A este accidente mortal hay que sumar la muerte de otro ciclista en San Fernando de Henares (Madrid) tras ser atropellado.

Los hechos han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad del cada vez más numeroso colectivo ciclista cuando sale a la carretera y ha hecho reaparecer la demanda de aplicación de medidas diversas para reducir situaciones de este tipo, que desgraciadamente se repiten. En lo que va de año, solo en Catalunya ya han muerto seis ciclistas víctimas de atropellos de coches.

"Que los coches tengan que dejar un metro y medio de distancia [cuando adelantan a ciclistas] ya es una medida válida, pero también habría que arreglar los arcenes [de las carreteras]", apunta Salvador Bigas, vocal de seguridad vial de la Federació Catalana de Ciclisme. "Lo que vemos difícil, sin embargo, es cómo se erradica a la gente que coge el coche bebida o drogada, que es la responsable del 99% de los atropellos. ¿Cómo lo controlas y cómo lo evitas?", añade. El dirigente federativo reclama también que se aplique "con mayor contundencia la ley", que desde febrero del 2019 castiga con hasta nueve años de cárcel a los conductores imprudentes responsables de accidentes con peatones o ciclistas muertos o heridos, y que fija una pena de hasta cuatro años si abandonan el sitio del siniestro.

Tras conocer el atropello, el mismo domingo la Federació Catalana de Ciclisme emitió un duro comunicado en el que denunciaba que "como cada fin de semana, grupos de ciclistas hemos salido a la carretera para disfrutar de buena compañía y de la bicicleta, pero como ya va siendo demasiado habitual los ciclistas debemos compartir espacio con asesinos que, con un arma en mano en forma de coche, se disponen a matar de forma indiscriminada". Y se cuestionaba "¿cuántas manifestaciones multitudinarias más de ciclistas tendrán que hacerse para pedir una reacción contundente de los colectivos que pueden evitar este tipo de actos?".

Bigas admite que en los "últimos años se ha mejorado la conducta de los conductores, pero también notamos cómo hay algunos que van como locos y circulan de cualquier manera", con el peligro que esto implica para los usuarios más vulnerables de la red viaria.

La importancia de la prevención

El presidente del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Carles Benito, considera que "se pueden hacer muchas cosas" para mejorar la situación, porque "en este país se ha hecho muy poquito, más allá de obligar a los ciclistas a llevar a casco y poner la señalización del metro y medio [para los adelantamientos]". Nacido en 2001, el BACC es una asociación de ciclistas urbanos dedicada a impulsar la bici como medio de transporte y a defender los derechos y deberes de los ciclistas.

Benito expone que los aspectos a trabajar pueden resumirse en tres ámbitos: "la prevención, que sería lo más importante porque es lo que garantiza que no habrá el siniestro; el mantenimiento [de la vía], que es lo que mejora la situación en el momento de los hechos, y la reparación de las víctimas, para hacer imposible "que atropellar a ciclistas sea gratis".

En cuanto a la prevención, el presidente del BACC reclama que haya avances "en cursos de conducción en protección de los colectivos más vulnerables, como los ciclistas". "No hay un espíritu de formación continua y te encuentras que la mayoría de conductores no tiene el conocimiento técnico para adelantar a un ciclista de forma segura". Además, también pone el foco en el alcohol y las drogas, puesto que están presentes en "la práctica totalidad de atropellos mortales", y apuesta por mecanismos que bloqueen el uso del vehículo si el conductor va bebido o drogado.

A nivel de infraestructura, reivindica que se mejore de forma notable "el mantenimiento de los arcenes", porque a menudo están "impracticables" y esto comporta que los ciclistas se vean obligados a circular por medio de la calzada. Otra cuestión es avanzar en "desdobles" para "garantizar la seguridad" en carreteras en las que hay mucho tráfico tanto de grupos de ciclistas como de coches y cita como ejemplo paradigmático la carretera de las curvas del Garraf, en la provincia de Barcelona. En cualquier caso, también destaca que el incremento de personas que salen en bici contribuye a aumentar la "percepción de seguridad" del propio colectivo.

Endurecimiento del Código Penal

En cuanto a la reparación, la situación cambió en febrero del 2019, cuando finalmente se aprobó la reforma del Código Penal que aumentaba las condenas por los atropellos a ciclistas o peatones consecuencia de una conducción imprudente. La modificación tuvo como impulsora a Anna González, una vecina de la Seu d'Urgell (Lleida) que se quedó viuda después de que un camionero atropellara a su marido cuando éste circulaba en bici. Tras el siniestro, el camionero huyó.

González recogió más de 320.000 firmas a través de Change.org en la campaña para conseguir la modificación del Código Penal, que endureció las penas hasta un máximo de nueve años de cárcel, además de otros cuatro años si el autor de los hechos huye.

Ahora mismo está en tramitación en el Senado una nueva modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor para aumentar la protección de las víctimas, concretamente para imposibilitar que un juez o tribunal dictamine que no existe delito penal cuando hay "indicios de imprudencia grave" por parte del conductor.

Señalización inteligente que detecta a ciclistas

Por otra parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha anunciado que impulsará un nuevo sistema de señales de velocidad variable para mejorar la seguridad de los ciclistas. Según ha detallado su director, Ramon Lamiel, en una entrevista en RAC1, los dispositivos se activarán cuando detecten que hay ciclistas para indicar al resto de vehículos la obligación de reducir la velocidad. "El paso de la persona o grupo que vaya en bicicleta disparará el aviso contra las señales instaladas para avisar a los conductores de la situación", ha añadido.

Las primeras pruebas de este sistema arrancarán durante septiembre en "uno o dos túneles" de la red de carreteras catalanas, con el objetivo posterior de que se instale en las vías en las que existe "una mezcla de tráfico" y que puedan generar "inseguridad" en los colectivos más vulnerables. "No se puede hacer en todas las carreteras ni es la intención, pero servirá para reforzar la señalización fija ya existente", ha remachado Lamiel. Paralelamente también se pondrán en marcha las llamadas "cruces inteligentes", en las que se avisará a los vehículos de las entradas de ciclistas desde una urbanización, empezando por la C-17 de Centelles hacia Vic (Barcelona).

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