Desahucio Carmen AlcorcónCientos de personas paralizan en la puerta el desahucio de Carmen

La presión de cerca de 200 personas ha conseguido este jueves paralizar sin fecha el desahucio de Carmen Arnedo, una jubilada de 69 años de Alcorcón y conocida activista por el derecho a la vivienda. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había hecho un gran llamamiento durante toda la semana para no dejar sola a la mujer el día del desalojo y tratar de ganar tiempo hasta que encuentre una alternativa. Y la gente, activistas antidesahucios y vecinos del barrio, ha respondido con una gran presencia en el portal y en calle desde antes de las 8.00 horas.

Carmen no daba crédito cuando decidió salir de su casa y bajar a agradecer a los concentrados el esfuerzo y el apoyo antes de que llegara la comisión judicial para ejecutar el lanzamiento hipotecario. Había pasado la noche en vela esperando el desenlace, acompañada en su casa por algunos compañeros del movimiento por la vivienda, pero su puerta se fue llenando desde muy temprano de personas decididas a resistir, si fuera necesario, la actuación policial.

"No estás sola", coreaba la gente en la puerta, enfundados en chalecos verdes, rojos y azules con el lema "STOP Desahucios", y Carmen agradecía, repartía besos, abrazos y caricias y dejaba caer alguna lágrima. "No esperaba a tanta a gente aquí", reconocía a Público la afectada, aunque a nadie le ha extrañado el éxito de la convocatoria. "Cómo no íbamos a venir", le decían todos, porque ella nunca ha faltado a una cita desde hace más de siete años. "Es una luchadora incansable, una defensora del derecho a la vivienda que ha ayudado a parar los desahucios de muchos de los que hoy están aquí", destacaba Mercedes Revuelta, activista de la PAH que ha pasado la noche con Carmen.

En la calle estaban todos, los que han logrado una solución, los que han sido desalojados de sus casas, los que tienen una cita pendiente con el desahucio y los que pelean por evitarlos. Estaba Pepi, una de las desalojadas del edificio de Argumosa, 11, en Lavapiés, cuyo desahucio se logró paralizar hasta en cinco ocasiones. Estaba Richard, que vivía con su mujer y sus hijas en una vivienda ocupada propiedad de un banco en Villaverde. Estaba Jorge, otro activista antidesahucios condenado por resistir los golpes de la Policía durante un desalojo en Usera; y un sinfín de caras conocidas de otros desahucios y otras protestas. La mayoría mujeres, jóvenes y mayores, latinas, gitanas, españolas, activistas por las pensiones, compañeras del movimiento feminista, todos gritan a coro "este desahucio lo vamos a parar" y mostrando que el drama del acceso a la vivienda es tan transversal como cotidiano en España.

Pero no estaban allí sólo por el apoyo que Carmen les ha prestado en tantas ocasiones. También protestaban contra un desahucio "sangrante", porque Carmen no le debía nada a nadie. Su piso de 80 metros, en la calle Referéndum Viña Grande de Alcorcón, está más que pagado. Lo compró cuando tenía 21 años y ahí han crecido sus hijos. La razón por la que Carmen está a punto de perderlo fue su decisión de avalar a uno de sus hijos cuando tuvo que comprarse una casa. Una hipoteca de 110.000 euros con Cajamar, la pérdida del empleo durante la crisis económica y la cláusula abusiva de vencimiento anticipado hicieron que el banco se queda con la vivienda del hijo y también con la de la madre. Ambas fueron subastadas hace tiempo y, aunque ha frenado este desahucio varias veces en los tribunales, el comprador de su casa la reclama. Este jueves han vuelto a intentar negociar con el comprador, pero no han tenido éxito.

Sin embargo, la decena de policías antidisturbios que había acudido para ejecutar el desalojo no se ha acercado a la puerta de Carmen en toda la mañana. Eran demasiadas personas como para sacarlas una a una de la puerta, y cuando ha llegado la comisión judicial había poco que pudiera hacerse sin refuerzos policiales. Nadie estaba tranquilo, porque el pasado septiembre, otro desahucio en Alcorcón se saldó con cargas policiales y varios detenidos y heridos, aunque en esta ocasión, la comisión judicial ha decidido aplazar sin fecha el desahucio, aunque ha recordado a Carmen que es sólo cuestión de tiempo.

"Esto es una estafa. Que nos quiten dos casas por 110.000 euros de hipoteca y que mi piso los hayan comprado en una subasta por 58.000 euros para venderla ahora por 200.000 es una estafa. Lo que estáis haciendo es criminal y no tenéis vergüenza", ha gritado la afectada cuando la secretaria judicial le explicaba la situación, rodeados todos de policía.

Le habían dicho que hoy no tenía que irse de casa, pero Carmen no lo ha encajado bien porque sabe que tarde o temprano tendrá que irse de su piso de toda la vida." Ahora estoy más tranquila porque tengo un poco más de tiempo", afirmaba Carmen a Público tras conocer el aplazamiento, aunque tan emocionada que apenas podía articular palabra.

Esta vez, ellos han sido más, pero sabe que la próxima cita con el desahucio puede ser muy diferente. "Me han dicho que el próximo día habrá más policías en el desahucio. Da miedo, pero vamos a intentar recurrir judicialmente", apuntaba la afectaba, aunque sin demasiada fe en la justicia. "Nos han advertido hasta en siete ocasiones que la próxima vez se iba a ejecutar sí o sí. Que hoy se paraba porque había pocos efectivos policiales", confesaba a Público Alejandra Jacinto, la abogada de la PAH que ha acompañado a Carmen a hablar con la comisión judicial.

Jacinto recuerda que este procedimiento de ejecución hipotecaria es de 2010, y que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre casos de desahucios con cláusulas abusivas deja claro que todos los procedimientos anteriores a 2013 debería ser archivados. "Hace un mes pedimos al juzgado que revisara estos términos, pero el juez consideró que su sentencia ya era firme desde hacía tiempo y mantuvo la fecha de desahucio. Lo único que nos queda ahora es interponer una nulidad de actuaciones y recorrer con ella todas las instancias judiciales, llegando al Tribunal Constitucional si es necesario", ha explicado Jacinto, que considera "ilegal", el desalojo "al menos a la vista de la última decisión del Supremo y la normativa comunitaria de la Unión Europea".

Pero saben que a Carmen ya no la desahucia una entidad bancaria, sino un particular que ha comprado la casa al banco en una subasta hace ya demasiado tiempo. "Es un caso muy complejo, con efectos dramáticos, pero difícil de recurrir", reconocía la abogada, que recuerda que casos como este se siguen produciendo muchos años después del estallido de la crisis hipotecaria.

Mientras tanto, Carmen podrá seguir en casa robándole días al calendario y tratando de buscar una solución, aunque sea temporal, otra vivienda en la que sobrevivir con su pensión de apenas 600 euros. Hoy ha ganado la batalla, pero parece que tiene la guerra perdida.