Hace exactamente dos meses y un día que salió en libertad la última persona recluida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tampoco se estaban realizando nuevos ingresos desde que la pandemia llevó al cierre de fronteras y estos espacios perdieron su razón de ser: la detención durante un máximo de 60 días de personas extranjeras en situación irregular para tramitar y ejecutar una orden de devolución o expulsión, aunque también tuvo mucho que ver la facilidad de propagación del coronavirus en estos entornos masificados y con poco espacio, como que probado con los brotes en centros de Canarias.

En 2019, 6.476 personas pasaron por alguno de los ocho CIE que había en activo en España, un 18% menos que el año anterior, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior al Servicio Jesuita al Migrante (SJM), que ha presentado este lunes su décimo informe anual sobre estos centros de detención considerados por muchos "cárceles racistas".

Según esta organización, 3.871 personas fueron expulsadas de España o devueltas a su país —menos del 60%—, alrededor de mil menos que en 2018, mientras que 2.513 internados quedaron en libertad. Los datos de expulsados y liberados no coinciden con el total de internados, lo que da una idea de la escasa transparencia al respecto, también denunciada por esta organización. Ni siquiera el Defensor del Pueblo ha podido contrastar el número de personas internadas en 2019, ya que, en su último informe sobre centros de privación de libertad, hablaba tan solo de 3.758 personas "internadas y repatriadas" desde un CIE el año pasado.

La baja tasa de repatriaciones (el único fin de los CIE) sobre el total de internados ha sido uno de los argumentos de las numerosas organizaciones que llevan años pidiendo el cierre de estos opacos centros que acumulan además numerosas denuncias y casos de vulneraciones de derechos fundamentales, agresiones policiales, tratos degradantes y al menos 11 muertes de internos —el último, Marouane Abouobaida, que se suicidó el año pasado en el CIE de Valènia en una celda de aislamiento—.

Aunque, según este informe, la "eficacia" en 2019 aumentó casi un 2% respecto a 2018. Es cierto que la efectividad de las expulsiones lleva dos años en aumento después de que Interior priorizara los internamientos de personas provenientes de países con los que España tiene acuerdos bilaterales de repatriación, sobre todo, Marruecos y Argelia, frente a subsaharianos o asiáticos. En 2017, por ejemplo, solo un 37% de los internados en un CIE fue expulsado o devuelto a su país. Aun así, a casi un 40% de las personas internadas "nadie les quita el sufrimiento inútil experimentado en el CIE", sostiene el SJM.

Hay alternativas al internamiento

"Mirando de frente el internamiento de personas extranjeras es difícil pensar en otra cosa que no sea en el cierre de los CIE. Con la ley en la mano, el internamiento debería ser residual, una medida aplicable solo como último recurso", asegura la organización.

"En España estamos viendo que podemos vivir con los CIE vacíos", ha asegurado durante la presentación Josep Buades Director de Asociación Claver y miembro del equipo del SJM, que considera que este cierre circunstancial "ha sido una buena decisión que ha diferenciado a España", y recuerda que hay medidas cautelares alternativas al internamiento contempladas en la ley para asegurar la ejecución de las órdenes de expulsión.

"Ahora están vacíos y no se ha destruido España. Si la crisis económica de la covid se alarga, sucederá igual que en la crisis de 2008: hasta 2015, las tendencia migratoria será la emigración y no la inmigración. Me extrañaría que hubiera ansias irrefrenables por migrar a España en esta situación", ha argumentado Buades.

Este planteamiento también ha sido reivindicado durante las ultimas semanas por diferentes colectivos y organizaciones de apoyo a migrantes, incluso por 13 eurodiputados de los verdes y la izquierda europea, que este lunes pedían en una carta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que los CIE no volvieran a funcionar.

Sin embargo, Interior ya advirtió de que reabrirían en cuanto se desbloquearan los cierres fronterizos y pudieran realizarse expulsiones, aunque la SJM llama a la reflexión y a que no se reanuden los internamientos. "Volver a abrir estos lugares es una temeridad" ante el riesgo de contagios, exponen, y recuerdan que "requieren mucha inversión económica que podría destinarse a salvar vidas en lugar de a un sistema fallido de internamiento".

Al mismo tiempo, el informe de este año detalla el acompañamiento del SJM a casi 800 personas internadas en los CIE y gracias a las que han podido ilustrar habituales vulneraciones de derechos que configuran el argumento principal por el que piden su cierre. En esta ocasión han denunciado el internamiento de 59 probables menores de edad, además de personas vulnerables, con problemas de salud física o mental, posibles víctimas de trata y personas con gran arraigo social, domicilio y familia en el país.

También han detectado casos de "tratos policiales degradantes", deficiencias estructurales graves en las instalaciones o falta de asistencia sanitaria, jurídica, letrada y sociocultural. Critican el reiterado incumplimiento del reglamento de los CIE, aprobado hace cinco años de forma "insuficiente y desequilibrada" y que "perpetúa un modelo carcelario y policial que no garantiza los derechos que plasma en su contenido."

Y al mismo tiempo, conscientes de que será "difícil y costoso" lograr que los CIE no vuelvan a operar, piden cambios en el funcionamiento y en el modelo de estos centros que llevan tres décadas de historia en casi total opacidad e impunidad policial, como denunciada el exjuez Ramiro García de Dios, extitular del control del CIE de Aluche, en Madrid.

PP y PSOE, mismo discurso

En el informe, la organización hace hincapié en la "falta de voluntad política de cerrar los CIE" y la timidez con la que se mira a una posible reforma del modelo de internamiento, que no ha variado a pesar de la alternancia en el Gobierno.

"Lleva a pensar que, en la práctica, predomina la idea del CIE como una institución deseable en el orden simbólico", aseguran los autores, "para demostrar a la ciudadanía que se controla la situación migratoria dentro del marco normativo y político de la UE", aunque afirman su efecto para disuadir de la migración irregular es prácticamente nulo.

De hecho, comparando los discursos sobre estos centros del actual ministro del Interior y del anterior, Juan Ignacio Zoido (PP), "no parecen reflejar posturas antagónicas o alejadas, sino continuidad en lo sustancial". Ambos hablan de un nuevo modelo que quedará inaugurado junto al nuevo CIE que está proyectado en Algeciras y que tendrá capacidad para unas 500 personas.

Según el SJM, este modelo supondría "un pequeño avance", al ser notablemente más grande que cualquiera de los ocho que funcionan en la actualidad y contemplar espacios diferenciados y actividades socioculturales. Aunque temen que este aforo pueda aumentar el riesgo de conflictividad y vulneración de derechos. Consideran que la labor policial debería reducirse a la vigilancia del perímetro y que la dirección y organización de estos centros recaida en la administración general de Estado, con personal funcionario y que en efecto, sólo se restrinja el derecho de libertad deambulatoria.

"Apostamos por el cierre de los CIE, pero sabemos que no se va a producir en un tiempo corto y hay muchas cosas que mejorar", explican los autores. "Hay una tensión ética entre pedir el cierre y querer mejorar las condiciones de internamiento. No merecemos mejores CIE, sino algo mejor que los CIE. Aunque pedir ese avance desde quienes apostamos por su cierre es ya un ejercicio de renuncia", han comentado.

Por último, recuerda el informe, los sucesivos presupuestos generales del Estado han previsto partidas presupuestarias para la apertura de tres nuevos CIE en Algeciras, Madrid y Málaga, y se han comenzado obras de reforma parcial "con resultados más que mediocres". Una razón más, la económica, por la que piden el cierre.