El cierre de tiendas históricas en Barcelona lleva al Ayuntamiento a intentar bajar los alquileres comerciales

En pocas semanas, el comercio local de proximidad de la ciudad de Barcelona ha recibido nuevos golpes a través del anuncio de cierre de tres establecimientos históricos, sobre todo afectados por el incremento de los precios de los alquileres. El primero de ellos, el Forn Santa Clara, en el barrio de Gràcia, que abrió hace 80 años, vio cómo debía pagar 3.000 euros mensuales por el arrendamiento, el doble que antes.

En el caso de la Ferretería Camps, también en Gràcia, que inició su actividad en 1934, se ha visto obligada a cerrar a consecuencia de un arrendamiento de 15.000 euros al mes, que estaba pagando desde 2023. Un ejemplo similar es el de la Pastelería Rovira, en el barrio de Horta, tras más de siete décadas de trayectoria.

Este fenómeno se conoce pocos días después de que Barcelona haya sido elegida Capital Europea del Comerç de Proximitat 2026, un reconocimiento que pretende dar valor al papel estratégico del comercio urbano como motor económico y social y como elemento clave de cohesión en los barrios.

Estas situaciones ejemplifican el contraste del tejido urbano de la capital catalana: por un lado, la expulsión del comercio local, el de toda la vida, y su sustitución por un modelo basado en franquicias desplegadas globalmente y que colonizan el centro de las grandes ciudades. Por otro, los intentos de las administraciones y las asociaciones de comerciantes de articular un esquema que consolide a Barcelona como un referente en el apoyo al pequeño comercio y en la promoción de un sistema arraigado, sostenible y vinculado a la vida cotidiana de las calles.

La avalancha de cierres ha provocado que la problemática retorne a la esfera política. Hace dos años, el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ya impulsó una propuesta al consistorio para regular el precio de los alquileres comerciales. Ahora, en la Comisión de Economía y Hacienda del pasado 18 de febrero se aprobó un ruego de los republicanos, en el que el gobierno municipal se compromete a analizar e impulsar, en colaboración con la Generalitat y dentro del marco competencial, las vías legales para regular los alquileres de los establecimientos comerciales en áreas tensionadas.

El acuerdo fija un plazo de seis meses para definir cuáles son estas zonas en la ciudad. El portavoz adjunto de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Coronas, alerta de que la ciudad vive una situación "muy preocupante", con el cierre de comercios históricos y actividades consolidadas que, según añade, no responden a la falta de viabilidad sino a incrementos "desmesurados" del precio de los alquileres.

Competencia y franquicias

Los datos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) revelan que el precio de los alquileres comerciales de la capital ha aumentado un 10% en el último año en el global de la ciudad. En el caso de la Ferretería Camps, además de la subida del precio del alquiler, se suman otros factores, como la competencia del comercio online.

La situación abre la puerta a que barrios como los de Gràcia o Horta se llenen de franquicias de marcas internacionales. Asimismo, la falta de relevo generacional es otro de los frenos para muchos de los comercios de Barcelona. En este caso, las nuevas generaciones optan por otras opciones laborales, lo que aleja la transmisión de los negocios entre padres e hijos.

De momento, a falta de saber cuál es el encaje jurídico de la medida, la iniciativa ha generado cierta división entre las asociaciones de comerciantes. Simplificando, los tenderos de los barrios la defienden, mientras que los del centro, más orientados al turismo, la rechazan. Desde la entidad Barcelona Comerç, que agrupa 23 ejes comerciales de los barrios, denuncian "la expulsión del comercio local ante la inviabilidad de muchos negocios por la subida de los precios del alquiler". Por ello, pide limitar los incrementos, aunque recela de la viabilidad de la propuesta por la posibilidad de que acabe anulada por la vía judicial.

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Desertización comercial

Por su parte, la asociación Barcelona Oberta, que engloba los establecimientos de 22 ejes céntricos de la capital catalana, rechaza el planteamiento, argumentando que "no tiene ninguna aplicación real ni práctica". Aunque la medida ha funcionado en el caso de los alquileres residenciales, la entidad considera que los cierres de las tiendas no son atribuibles al encarecimiento de los precios, sino a una falta de competitividad de determinados modelos de negocio. Por ello, cree que limitar el valor de los arrendamientos "penalizaría a algunos sectores económicos".

El fenómeno recibe el nombre de desertización comercial y conlleva la pérdida del sentimiento de comunidad vecinal, además de calles más vacías y gentrificadas

Desde el punto de vista social, el fenómeno recibe el nombre de desertización comercial. Entre sus implicaciones, se encuentran la pérdida de relaciones y del sentimiento de comunidad vecinal, además de calles más vacías y gentrificadas, y unas consecuencias negativas en el ámbito ambiental, como el incremento de la contaminación, los residuos o la dependencia de las cadenas global de suministro.

En Catalunya se han perdido casi 11.000 comercios en la última década, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra que evidencia hasta qué punto el modelo comercial se ha desplazado hacia las grandes superficies y, sobre todo, hacia el comercio electrónico.

Aparte de los comercios emblemáticos, el escenario también impacta en la voluntad de crear nuevos proyectos emprendedores, lo que acaba derivando en la pérdida de diversidad comercial en los barrios. Mientras el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya negocian el marco competencial para hacer posible la limitación del precio de los alquileres comerciales, se extiende un sentimiento entre los tenderos de pérdida de la identidad y del arraigo a una ciudad, que de forma progresiva va perdiendo los símbolos que la convierten en una comunidad.