Ciudadanos ha planteado al Gobierno la depuración de responsabilidades por parte del Ministerio de Fomento tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas que detecta un sobrecoste de 7.637 millones de euros en proyectos de integración del AVE en las ciudades.

Así se lo han hecho saber su portavoz adjunta en el Congreso Melisa Rodríguez, así como su portavoz de Fomento, Fernando Navarro, que han registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas para conocer la valoración del Ejecutivo sobre este informe.

En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta a que las sociedades públicas de integración del ferrocarril (SIF), constituidas entre 2002 y 2010 por las administraciones central, autonómica y local para llevar el AVE a 13 capitales españolas acumulaban un sobrecoste del 186,21%.

Sobrecoste pese a una ejecución media del 29% 

Estas ciudades son Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Los convenios con un mayor incremento de costes respecto al cuantificado inicialmente fueron los de Barcelona-La Sagrera (546,89%), Alicante (395,87%) y Cartagena (281,65%).

Por otra parte, el tribunal destaca que, de media, el grado de ejecución que presentaban el conjunto de las actuaciones era del 29,39%, con convenios que ni siquiera alcanzaban, a 31 de diciembre de 2016, una realización del 2% del total, como es el caso de los de Almería, Cartagena, Murcia y Vitoria.

Criterios realistas sin atender a plusvalías urbanísticas 

En su iniciativa, los diputados de la formación naranja quieren saber si contempla medidas para evitar que situaciones como las descritas en el informe no vuelvan a repetirse y también si baraja la disolución de las sociedades o la modificación de los convenios "a fin de ajustar el coste de los proyectos inicialmente previstos a las disponibilidades financieras de las sociedades".

Por otro lado, pregunta a Fomento si piensa elaborar planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril "atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no sólo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta", y si contempla alternativas al soterramiento en futuras proyecciones ante "el elevado coste" que supone la integración a través de esta fórmula.