Una comarca de Segovia se levanta contra una mina a cielo abierto del tamaño de más de 2.000 campos de fútbol
Los vecinos de seis pueblos del nordeste segoviano se unen para tratar de frenar un proyecto que, según denuncian, podría causar grandes problemas ambientales en la zona y dejar el terreno inutilizable para usos agropecuarios.
Alejandro Tena
Madrid-Actualizado a
El pasado 1 de marzo, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba la propuesta de un proyecto minero afincado en la zona norte de Segovia. Un plan, aún en revisión, impulsado por una empresa gallega, Emrisa, con el que se pretende extraer cuarzo del subsuelo durante los próximos años. Todo ello en un proceso de extracción a cielo abierto que, de ver la luz por parte de la Junta, abarcaría 97 cuadrículas mineras, una superficie equivalente a 2.785 hectáreas de las que al menos, 1.692 hectáreas serán explotables, el equivalente a más de 2.000 campos de fútbol.
La planificación minera, según consta en los documentos publicados por el Gobierno castellano y leonés, se asienta en un enclave territorial que afecta a una comarca de seis municipios: Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo. Esta circunstancia ha hecho desatar los temores entre vecinos y políticos locales, en tanto que llevan cerca de un mes recogiendo firmas para presentar alegaciones al proyecto.
Marisa Moro, que ejerce de portavoz de la Plataforma contra la mina a cielo abierto en el nordeste segoviano, conformada para luchar contra el complejo minero, expone su malestar y el de los vecinos: "Nos quedamos sin agricultura, sin ganadería y sin turismo. Esto nos va a cambiar la vida para siempre". La mina, dice, afectará de lleno en las masas de agua subterránea y en los arroyos de la zona, lo que podría generar problemas para la fauna, pero también para parte del ganado extensivo que pasta por las explanadas segovianas.
"Los biólogos con los que hablamos nos dicen que puede haber problemas importantes para la tierra, porque esta se va a compactar y va a perder sus propiedades cuando se clausure la mina. El terreno va a perder la capacidad de hacer drenaje, porque se van a llevar prácticamente todas las rocas grandes de más de 4 centímetros, lo que va a impedir que el agua llegue a los acuíferos y se quede todo encharcado", advierte esta vecina que, junto a otras, ha contactado con expertos para poder dar consistencia a las alegaciones que presenten ante la Junta.
Quien ha presentado ya sus propias alegaciones al proyecto es Ecologistas en Acción. Cristóbal López, portavoz de la organización conservacionista en Segovia, tilda el proyecto de "barbaridad" y alerta de las consecuencias que tendrá la mina en todos sus ámbitos.
Aunque la zona quedaría bastante homogeneizada y sin capacidad de drenaje, las filtraciones de sustancias tóxicas también son una amenaza presente, según los conservacionistas. "Cuando hablamos de minerales de cuarzo lo normal es que haya más variedad de rocas en la zona, posiblemente metales sulfurosos que podrían filtrar sus compuestos a las aguas subterráneas y dejar peligros en el consumo humano", expone López. "Además se habla de empleo, siempre se hace como contrapartida cuando llega un proyecto, en realidad no generan gran cantidad de puestos de trabajo y la mayoría son puestos cualificados que no puede hacer cualquiera".
30 años prorrogables
El documento del plan extractivo planteado por la empresa, al que ha podido acceder Público, habla del periodo máximo de 30 establecido por la Ley de Minas –vigente desde el franquismo y sin apenas modificaciones–, pero plantea la posibilidad de pedir prorrogas al Estado, dada la magnitud del yacimiento.
La Junta de Castilla y León también ha publicado un plan de restauración de la zona que prevé un coste por hectárea de 3.590 euros. La empresa defiende que las obras extractivistas se irán realizando por fases y que, al término de cada una de ellas, se reacondicionará la zona que haya terminado de ser explotada.
A pesar de que la empresa detalla cómo se pretende realizar la recuperación del entorno, los vecinos no confían en que el territorio pueda volver a ser cómo antes y temen que las tierras queden abandonadas al finalizar la concesión. "Es una intervención muy agresiva, no es un plan sostenible", dicen desde la plataforma que ha convocado este jueves una manifestación para tratar de visibilizar el problema y recabar más apoyos en la comarca, incluidos pueblos colindantes.
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