A unos 30 minutos en coche de la Puerta del Sol, en el barrio madrileño de San Blas, hay una laguna atípica. Un surco de agua que, en unos años, se ha convertido en uno de los mayores refugios de aves acuáticas de la capital. Es extraño observar cómo entre las carreteras M-40 y la R-3 los pájaros han encontrado cobijo. Pero es más sorprendente saber que este humedal es fruto del descuido. En el pasado, no había ningún charco. Sólo camiones y maquina pesada. Entre 1977 y 2007 el emplazamiento estaba marcado por la extracción minera de sepiolita, un material utilizado para fabricar morteros, aislantes y, sobre todo, arena higiénica de gatos. Cuando la mina cerró, la excavación quedó a cielo abierto y poco a poco fue llenándose de aguas subterráneas que brotaban a la superficie por la incidencia de las perforadoras en la capa freática.

Lo que antes era un entorno industrializado comenzó a tornarse en una suerte de paraje natural, un oasis entre dos autopistas y a pleno disfrute de los vecinos de la zona. "La zona se ha ido renaturalizando, ha crecido vegetación y han aparecido multitud de aves. La gente viene aquí a observarlas, a pasear o a hacer deporte con la bicicleta. Se ha convertido en un humedal muy interesante", expone a Público Miguel Ángel García, vecino de la zona y miembro de la asociación vecinal Mesa de San Blas-Canillejas. La biodiversidad es tal que allí habita una de las pocas colonias de parejas de avión zapador (riparia riparia), un animal incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial que parece haber encontrado en San Blas un refugio.

Sin embargo, este resquicio de naturaleza está en peligro. La mina podría volver a abrirse, amenazando con secar la laguna y volver a hacer de la zona un lugar marcado por el ruido de las perforaciones y el deambular de los camiones. La misma empresa que operaba en la zona solicitó una prórroga para volver a sacar sepiolita y la actividad podría reanudarse casi diez años después de forma inminente. "Esto va a afectar a las lagunas directamente, no se plantea abrir otra mina en una zona aledaña, sino en el mismo entorno. Si eso ocurre, el humedal va a desaparecer y se va a poner en riesgo algunas de las especies de aves", manifiesta Yago Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción.

La empresa tiene la Declaración de Impacto Ambiental aprobada a falta del último visto bueno por parte de la Comunidad de Madrid, cuya Consejería de Medio Ambiente indica a este medio que ha sido otorgada siguiendo "a raja tabla" todos los pasos indicados por ley y sacando a información pública el proyecto en 2016. "Si se ha concedido es porque se ha cumplido con todos los requisitos ambientales", manifiestan fuentes de la Administración, para señalar que ni ecologistas ni vecinos presentaron alegaciones al proyecto en su momento.

Desde Ecologistas en Acción y la Mesa San Blas-Canillejas señalan que la Declaración de Impacto Ambiental no se ajusta a las condiciones que ahora tiene el entorno, ya que "se da a entender que la laguna es un simple erial con agua procedente de precipitaciones", en lugar de un humedal nutrido de aguas subterráneas. "Si realmente fuese lluvia, allí no habría ni peces ni aves, el agua estaría eutrofizada y estancada, no habría corrientes y sería inaudito que hubiera vida", indica García, que señala que, a nivel de protección, "tiene mucha importancia" de dónde proceda el agua que llena las charcas.

El hecho de que sea un humedal nutrido de las masas de los acuíferos significa que son de dominio público. Cabe destacar la importancia de conservar y mantener estos recursos a salvo, ya que España es uno de los países situados en el punto de mira de Bruselas por la sobreexplotación de sus aguas y por no cuidar la calidad de las mismas. En ese sentido, vecinos y ecologistas reclaman que la Confederación Hidrográfica del Tajo tome cartas en el asunto e inste a la Comunidad de Madrid a frenar la reapertura de la mina. Así, la entidad que gestiona la cuenca asegura a Público que "no tiene capacidad de reclamar la protección de esos terrenos", los cuales son privados y no de dominio público. Además, señalan a la Comunidad de Madrid como organismo competente para salvaguardar la zona desde el punto de vista ambiental.

Alejandro Sánchez, diputado en la Asamblea de Madrid por Equo-Más Madrid, explica que las lagunas de Ambroz ni siquiera están reconocidas dentro del catálogo de humedales de la Comunidad, lo que dificulta aún más elevar su protección y frenar la reapertura de la mina. A su juicio, el Ejecutivo de Díaz Ayuso "se lava las manos" justificando que, al no ser una zona incluida dentro de la Red Natura 2000 no se puede elevar la protección. Precisamente, el pasado 20 de agosto, el político preguntaba en la comisión de Medio Ambiente por el grado de resguardo que debería tener el paraje. La respuesta del Gobierno señalaba que se estaba estudiando su inclusión dentro del inventario de embalses y humedales, algo que a día de hoy no ha ocurrido. Al ser considerado un hueco lleno de agua de lluvia, no sólo se permitirá la reapertura de la mina, sino que "la empresa está obligada a restaurar el terreno una vez que termine la concesión, devolviéndolo a su condición original agraria", cuenta Sánchez. "Es absurdo porque nadie espera que ahí se vaya a hacer nada de agricultura, su vocación final terminará siendo inmobiliaria", lamenta.

No en vano, el Ayuntamiento de Madrid podría tener un papel clave para renaturalizar Ambroz. Tanto es así, que las lagunas se encuentran dentro del Bosque Metropolitano, uno de los proyectos más ambiciosos del Consistorio dirigido por Martínez-Almeida, que consiste en desplegar un cinturón verde de cerca de 75 kilómetros alrededor de la capital. No obstante, la protección del entorno no parece que pueda llegar a tiempo. Fuentes del área de Desarrollo Urbano indican que el Gobierno municipal tiene "previsto" que el humedal entre dentro de este corredor ecológico, pero "en una segunda fase" que llegará "más a medio plazo". Sin especificar cuándo, exponen que "la protección de los suelos quedará garantizada".

Todo parece indicar que la maquinaria pesada volverá a operar en Ambroz, lo que inquieta a vecinos que, desde hace años, han elevado peticiones para la protección a través del portal oficial Madrid Decide o Change.org. No sólo señalan la necesidad de conservar un espacio valioso en términos ambientales y de biodiversidad; también muestran preocupación por el impacto en la salud que pueda tener la mina, ya que a cerca de 500 metros de la zona hay viviendas. La explotación del yacimiento podría elevar el nivel de contaminación acústica además de empeorar la calidad del aire por el trasiego de los camiones.